Los precedentes fiscales de la operación de Ferrovial

Ferrovial celebra este jueves la junta de accionistas más trascendente de su historia. Lo hace en un ambiente de enfrentamiento con el Gobierno, que ha cuestionado los motivos alegados por la compañía para proponer a los accionistas el traslado de su sede a Países Bajos. Después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, cuestionase el martes la existencia de un motivo económico válido para la operación, este miércoles ha sido el ministro de Inclusión, Seguridad social y Migraciones el que ha advertido que cualquier beneficio fiscal que conlleve la operación tendrá que revisarse “con muchísimo cuidado”. Ambos han hecho sus declaraciones en Washington, donde se encuentran con motivo de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que la carta que el Gobierno ha enviado a Ferrovial no pretendía “surtir presión” para frenar el traslado a Países Bajos, sino poner de manifiesto que el principal argumento de la compañía para marcharse de España “no se corresponde con la legalidad vigente”. En declaraciones a Antena 3, Montero ha defendido que es una “obligación” y una “responsabilidad” del Gobierno dejar claro que no existen obstáculos para que una empresa ubicada en España cotice a la vez aquí y en Estados Unidos. La ministra de Hacienda remarcó el día anterior que “la legislación es clara. Cuando no hay motivos económicos, hay determinados elementos fiscales que no se pueden aplicar a las empresas”, dijo en referencia a la posibilidad de que la Agencia Tributaria impida a la empresa aprovechar los beneficios fiscales del régimen de fusiones si la empresa no demuestre motivos económicos. En este caso, la constructora se arriesga a pagar una factura fiscal millonaria por la decisión de mudarse a Ámsterdam.

La operación de Ferrovial no es un mero traslado, sino que conlleva una fusión con una filial holandesa que se convertirá en cabecera del grupo. Para hacerla efectiva, la compañía que preside Rafael del Pino pretende acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones, que evita someter a tributación las plusvalías latentes en operaciones de consolidación empresarial por la mera actualización de balances y otros ajustes contables. Casi todas las grandes operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones se acogen a ese régimen contemplado en la ley del Impuesto de Sociedades, pero para ello debe haber un motivo económico válido.

En esta ocasión, sin embargo, el Gobierno ha cuestionado abiertamente y por adelantado la aplicación de ese régimen fiscal. En una carta dirigida por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, al consejero delgado de la empresa, Ignacio Madridejos, se cuestionaba la validez de los motivos económicos esgrimidos. Madridejos contestó exigiendo respeto para la decisión que tomen este jueves los accionistas de la compañía y pidiendo también que el Gobierno no prejuzgase el criterio técnico que debe aplicar en su momento Hacienda sobre el régimen fiscal aplicable.

Preguntado sobre ello la tarde de este miércoles en Washington, pasada la medianoche del miércoles al jueves en la España peninsular, Escrivá ha dicho: “Lo que el Gobierno ha hecho es simplemente alertar de que cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado y habrá que revisar si se cumplen las condiciones. Yo creo que todo el mundo que crea en la responsabilidad fiscal tiene que estar de acuerdo en que el Gobierno tiene que evaluar con muchísimo cuidado y con muchísima precisión si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso para una empresa se materializan o no. Yo creo que nadie puede sorprenderse por eso”.

El precedente de Airtel

Escrivá ha cuidado mucho sus palabras y ni siquiera ha cuestionado la existencia de un motivo económico válido, como hizo la víspera Calviño. Hay pocos precedentes de casos similares en que un Gobierno haya advertido previamente sobre la aplicación de un régimen fiscal a una operación de una empresa concreta. Quizá el caso más sonado fue la cruzada que emprendió en el año 2000 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que tributasen las multimillonarias plusvalías de la venta de Airtel a Vodafone.

En plena burbuja tecnológica, los socios de la segunda operadora de telefonía móvil española (Santander, Acciona, Alba, Abelló y varias cajas de ahorros) vendieron sus acciones en la compañía a la multinacional británica, que pagó con acciones propias. Los socios españoles aprovecharon un cambio legal aprobado por el Gobierno del Partido Popular en junio de 2000 que les ponía en bandeja que las multimillonarias plusvalías de la operación quedasen exentas.

Cuando el diario Cinco Días desveló en septiembre de 2000 que las empresas pretendían acogerse a esas exenciones, Montoro reaccionó airado y dijo a la vez que aquella interpretación de la ley no se podía aplicar y que además iba a cambiar la norma (“enriquecerla”) para que no se pudiera aplicar. Añadió que iba a ser “vigilante y beligerante”. Tras el escándalo generado, el Gobierno enmendó a fondo su decreto.

La batalla acabó en los tribunales. El Santander, que era el que más se jugaba en la operación, ganó al Gobierno en la Audiencia Nacional en 2013, como publicó EL PAÍS, y pudo apuntarse deducciones extra de 195 millones de euros. De ellas, 60,4 millones se apuntaban al ejercicio 2001 y otros 134,2 millones. El Gobierno, en el que Montoro volvía a ser ministro de Hacienda 13 años después, recurrió ante el Tribunal Supremo. La que pasó inadvertida fue la sentencia que cerró el caso en 2015 de una forma algo absurdamente salomónica, por decir algo.

Las plusvalías procedían de las declaraciones de los ejercicios 2001 y 2002, pero el abogado del Estado, en su recurso, solo puso “ejercicio 2001″. “Ello comporta que el motivo de casación que se examina ha de circunscribirse al ejercicio 2001, como consecuencia del acto propio de la parte que limitó su impugnación al ejercicio 2001 y silenció el ejercicio 2002″, escribió el Supremo en su sentencia. El Estado ganó el recurso, pero ese olvido tonto del abogado le costó al fisco más de 134 millones de euros.

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