Ferrovial responde por carta al Gobierno para que “respete” la decisión de los accionistas de trasladar la sede a Países Bajos

El toma y daca entre el Gobierno y Ferrovial continúa. La constructora no ha tardado en responder por escrito a la carta enviada este lunes por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en la que aseguraba que no existían “motivaciones económicas” que justificaran el traslado de la sede fiscal de la concesionaria española a Países Bajos. Muy al contrario, la empresa que preside Rafael del Pino ha insistido en que esas razones económicas, como cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York, son “sobradas y conocidas”, y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que respete la decisión que voten los accionistas en la junta general que tendrá lugar este jueves. También ha lanzado un dardo a la ministra de Economía, Nadia Calviño, acerca de la posibilidad de eliminar las exenciones fiscales que conllevaría la operación, y le ha exigido que no “prejuzgue” las decisiones que sobre esos beneficios deba adoptar Hacienda.

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, ha respondido por escrito este martes a la misiva que le envió ayer el secretario de Estado de Economía, Y no solo ha refutado las tesis del Ministerio, sino que le ha advertido de que la decisión final que adopten los accionistas debe ser respetada por las instituciones. “Le trasladamos nuestro inequívoco compromiso con España, nuestra confianza en sus instituciones y que respetarán la decisión que adopten los accionistas de la sociedad en ejercicio de una libertad fundamental conocida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como es la libertad de establecimiento”, señala la carta adelantada por El Mundo y a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Tras indicar que “no comparte en modo alguno” la posición del Gobierno, el directivo refuta la posición del Ministerio de que no hay “motivación económica” en el traslado de sede de Ferrovial, puesto que, según las tesis avaladas tanto por los análisis de Bolsas y Mercados Españoles (BME) como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es factible que una empresa española cotice directamente en la Bolsa de Nueva York. “La doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa expedita y bien conocida, mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación”, niega Madridejos, para asegurar a continuación que esa incertidumbre es la que ha llevado al consejo de administración de Ferrovial a considerar “preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa”.

Y es que desde Ferrovial se insiste que no existe ninguna certeza de que, con la actual normativa, una empresa española pueda cotizar en Estados Unidos, y llama la atención de la contradicción que, a su juicio, comete Economía cuando dice que es factible y al mismo tiempo señala que se está explorando esa posibilidad. “Hoy en día, aquí y ahora, no es factible que se produzca esta cotización dual. En los últimos párrafos de la carta que ayer remitió el secretario de Estado de alguna manera, él mismo se desdice. En uno de los últimos párrafos dice: ‘De hecho, Bolsas y Mercados ya está en contacto con distintas entidades estadounidenses para explorar la vía de un posible Dual Listing de una empresa cotizada española desde nuestro país’. El propio secretario de Estado reconoce que aquí y ahora, hoy en día, esto no es posible”, ha indicado este martes en declaraciones a Onda Cero el portavoz de Ferrovial, Francisco Polo.

Madridejos también avisa a García Andrés que no es el Gobierno el que debe evaluar las razones económicas de una empresa. “Se han consignado las diversas razones e implicaciones económicas de la operación para la sociedad. Serán los accionistas los que hayan de valorarlas”.Y le recuerda que ISS, Glass Lewis o Corporance, los tres principales proxy advisors (sociedades especializadas en asesorar el voto a los accionistas), han recomendado el voto a favor de la propuesta.

Consecuencias fiscales

Ferrovial también ha salido al paso de la advertencia de Economía de que Hacienda podría no aplicar las exenciones fiscales correspondientes a la fusión de la matriz española con la filial neerlandesa —paso previo al traslado de sede— si descubre que la mudanza solo persigue ahorrar impuestos, tal y como ha adelantado EL PAÍS. En este punto, el segundo directivo de la empresa que preside Rafael del Pino se muestra especialmente duro en su carta con las declaraciones de Gonzalo García acerca de esa vigilancia fiscal a priori.

“En vista de sus declaraciones públicas formuladas ayer en medios de comunicación, parece claro que cuando su carta cuestiona la motivación económica del proyecto está aludiendo a que las autoridades competentes objetarán a que la fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal previsto en la ley del impuesto sobre sociedades y en la directiva Europea de 2009. Si fuera el caso, baste señalar que la Secretaría de Estado de Economía no debería prejuzgar ni condicionar el criterio puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos”, en alusión a la Agencia Tributaria. El consejero delegado recalca añade que “la operación no se propone por motivos fiscales los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán muy similares a los que está pagando en la actualidad”.

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Nadia Calviño, ha respondido a la carta de Ferrovial desde Washington, donde participa en la asamblea anual del FMI. “El Gobierno tiene un respeto absoluto de las decisiones que se puedan adoptar en el contexto empresarial. Pero sí creemos importante que esas decisiones se tomen con toda la información relevante disponible sobre las distintas opciones que tiene en este momento la empresa y los posibles riesgos y contingencias que comportan cada una de esas opciones. Y por eso es importante que conozcan el resultado del análisis técnico realizado por BME y la CNMV, que confirman el análisis preliminar que ya habíamos compartido. Y es que no existe una motivación económica de dicha decisión”, ha manifestado Calviño. La vicepresidenta española ha añadido: “La falta de motivación económica es un factor relevante a la hora de identificar las opciones y también los riesgos y contingencias que se corresponden con cada una de ellas y por tanto, nos parece que es un elemento importante para que la toma de decisiones sea plenamente informada”.

Sobre la fiscalidad de la operación, la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, avanzó este martes que el fisco “comprobará cuando corresponda” —y como hace con “cualquier otra” operación de este tipo— el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos para ver si “existe o no existe un motivo económico válido” para justificar su decisión.

Batalla política

El asunto también ha trascendido a la esfera política. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de la decisión de Ferrovial, asegurando que la estrategia del Ejecutivo es “hacer guiños a un sector ideológico” y “ganar votos insultando a las empresas del país con nombre y apellidos”. “La cuestión es qué ha hecho el Gobierno para que una empresa como Ferrovial tenga que tomar la decisión para llevar su sede social fuera de España”, ha asegurado el también director de campaña del PP, en declaraciones a RNE.

Preguntado por qué podría hacer el PP para evitar que Ferrovial se marche de España, el coordinador general del PP ha sostenido que cuando el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, “sea presidente de todos los españoles”, cuidará la inversión, las empresas y los trabajadores. “No se irá ninguna empresa de España. Todo lo contrario, intentaremos captar que más empresas vengan a nuestro país”, ha agregado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se ha sumado a la polémica y, desde Navacerrada, ha acusado al Gobierno de estar provocando “la fuga masiva de empresas” como Ferrovial, porque busca “una sociedad empobrecida, subvencionada y que tenga que estar presa de las gestiones y de las decisiones” del Ejecutivo.

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