La mitad de las familias numerosas más ricas se beneficia del bono social

Los chubascos pueden convertirse en tormentas que lo remueven todo o rebajar su intensidad y terminar siendo una lluvia ligera que se va así como ha llegado. Aún no está claro en cuál de estas dos categorías acabará la polémica que ha explotado en torno al bono social. Este descuento en la factura energética destinado a los más vulnerables provocó la semana pasada un fuerte temporal, cuando varios diputados de la Asamblea madrileña admitieron que se beneficiaban de él pese a tener recursos más que suficientes para pagar los suministros. Ahora, EsadeEcPol ha puesto números que añaden elementos al debate: la mitad de las familias numerosas más ricas se beneficia de esta ayuda, frente a un 30% de los hogares vulnerables.

Esta situación, que parece paradójica, se debe a que las familias numerosas tienen derecho a percibir el bono social con independencia de su renta. En otras palabras, la composición del núcleo familiar prima sobre la situación económica.

El informe A quién llegan los bonos energéticos: un análisis por nivel de renta y tipos de familia, publicado este miércoles, calcula que, mientras que menos de una de cada tres familias numerosas que está entre el 20% de los hogares más pobres recibe el bono, el porcentaje sube hasta el 38% para ingresos medios-bajos y se dispara de ahí para arriba. La tasa de familias numerosas con rentas medias y altas que cobra ayudas energéticas supera el 50%. El análisis emplea el concepto de renta neta equivalente por unidad de consumo, es decir, que divide los ingresos en función del número de miembros.

Estos resultados, según los autores, sugieren que las familias más ricas, con mayor disponibilidad de tiempo e información, consiguen con más facilidad los bonos, que, por otro lado, no llegan a todos aquellos que de verdad los necesitan. “Los bonos energéticos son insuficientes en su cobertura, algo especialmente grave para las familias estructuralmente vulnerables, y en su diseño actual se prestan a problemas de desajuste entre quién los necesita y quién los recibe”, apunta el estudio, firmado por Ángel Martínez, Natalia Collado y Jorge Galindo.

La misma foto se puede mirar desde otra perspectiva, considerando el número de beneficiarios del bono social, independientemente de que sean o no familia numerosa. Este, en general, disminuye a medida que los ingresos del núcleo familiar crecen. Si el 8,3% de los hogares recibe algún tipo de ayuda, este porcentaje se eleva al 17% para el 30% más pobre y se cae por debajo del 10% a partir del tercer decil. Al final de la distribución hay, sin embargo, una sorpresa: la dinámica se rompe y la cifra de perceptores vuelve a subir. En concreto, 1 de cada 50 familias que pertenece al 2% más adinerado del país recibe la ayuda, un resultado distorsionado por el impacto de las familias numerosas. “Hay un incremento no lineal de las ayudas al final de la curva de ingresos”, señala el informe.

De hecho, la presencia de familias numerosas es más consistentes entre las rentas más altas y las más bajas. Según un reciente artículo publicado por EL PAÍS y mencionado por los autores, cerca de un 7,7% de las 750.000 familias numerosas que hay en España —con tres o más hijos dependientes— está entre el 20% más pobre. Es la tasa más alta de los cinco quintiles, a la que sigue el 5% del tramo más rico.

La instantánea es más llamativa aún si se considera que, aunque solo el 8,3% de la población percibe un bono social energético, más de un 14% declara tener problemas para mantener su vivienda a un nivel de temperatura adecuado, un porcentaje que se dispara por encima del 30% en los hogares más humildes. Estos datos son de 2021 y el estudio alerta de que la situación puede haber empeorado en el último ejercicio —el precio de la electricidad se multiplicó por tres con respecto a la época prepandemia, el del gas por seis—.

Combinar criterios

Los autores consideran que es necesario reducir los trámites para garantizar que todo aquel hogar que lo necesita acceda a los bonos energéticos. Por ejemplo, a través de una solicitud ya rellenada por la Administración y enviada de forma masiva, como componente del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a través de algún otro mecanismo que automatice la concesión de la prestación, como la universalización de la declaración de la renta —muchos hogares pobres no reciben siquiera la ayuda por no estar obligados a presentarla—. También consideran “un paso en la buena dirección” la propuesta de introducir un criterio de renta para evitar que los más ricos se beneficien de la ayuda —el Gobierno ha asegurado que cambiará los requisitos y se ha hablado de un límite de 26.000 euros—, pero alertan sobre la dificultad en fijar el umbral.

“En las familias numerosas, un euro cunde menos que en otra, hay que aterrizarlo al contexto”, explica por teléfono Natalia Collado, una de las autoras del informe. Todos los hogares de esta categoría que pertenecen al 20% más pobre mantendrían el bono si se fijara un umbral de 26.000 euros, pero hasta un tercio del segundo quintil que ahora recibe la ayuda la perdería, calcula el estudio. Por ello, recomienda combinar los criterios de renta con los de composición del hogar, algo que ahora no ocurre. “Al final siempre tenemos errores del tipo uno y del tipo dos: que la ayuda llega a quien no debería y a la vez no llega a quien debería. El segundo error nos parece el más grave. Porque el primero es una cuestión de eficiencia, el otro de efectividad. Lo ideal es minimizar ambos”.

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