Industria estrena nuevo responsable con prisas: ejecutar más de 4.000 millones de los fondos europeos en un año

A finales de año, y para sorpresa de patronales y sindicatos, la ministra de Industria, Reyes Maroto, decidió destituir al secretario general de Industria, Raúl Blanco. El exsenador socialista por Asturias, Francisco Blanco, lo sustituye en este último año de legislatura, en el que se ha marcado dos objetivos básicos: gastar los 4.214 millones de euros de fondos europeos con los que cuenta para lanzar la industria, básicamente a partir de los denominados PERTE, y aprobar en Las Cortes antes de final de año la Ley de Industria, otro compromiso previo ante la Comisión Europea para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A esos compromisos se sumará la gestión de las crisis empresariales que vayan surgiendo. La primera del año ha sido que la división de renovables de General Electric amenaza con el despido de 200 trabajadores.

El último ejercicio de mandato no será sencillo en un gabinete que vivirá otros cambios en pocos meses, cuando la propia Maroto abandone el Consejo de Ministros para convertirse en candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid en las municipales de mayo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha dado a conocer cómo pretende cubrir esa baja, aunque nadie descarta que el ministerio (que también incluye Turismo y Comercio) se funda en otro ya existente, como sucedió en tiempos del PP, cuando en una remodelación similar lo asumió Economía.

La salida de la ministra no será la primera modificación en el gabinete. Según diversas fuentes, el Gobierno baraja el nombramiento de un comisionado (con categoría de subsecretario de Estado) para cada uno de los cuatro PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) que está desarrollando el ministerio: descarbonización, actividad agroalimentaria, sector naval y vehículo eléctrico y conectado. Los dos primeros previsiblemente se aprobarán en el Consejo de Ministros de este martes, según fuentes del Gobierno.

Tras dos años de trabajos, el reparto de los fondos europeos para la reconversión de la automoción, para iniciar la fabricación de vehículos eléctricos, ha acabado convirtiéndose en una piedra en el zapato del ministerio. De los 2.975 millones de euros previstos, solo se han acabado asignando 834 millones de euros, un 28% del total. De los 10 proyectos que han logrado subvenciones a fondo perdido y créditos blandos, la más polémica ha sido la adjudicación a Grupo Volkswagen, que demandaba más apoyo para su plan de 10.000 millones que incluye la construcción de una fábrica de celdas de baterías y la electrificación de su gama de vehículos elaborados en España a partir de 2025.

Dado el bajo reparto, el Gobierno se comprometió a crear una segunda convocatoria para la primera mitad de este año, para que participen empresas cuyos proyectos se han quedado fuera, como la reconversión de la fábrica de Almussafes (Valencia) o la nueva factoría de celdas de baterías en Extremadura que proyecta la china Envision. La necesidad de gestionar sobre recursos económicos provoca que algunas patronales, como la automovilística Anfac, vean con buenos ojos que el Ministerio de Economía absorba Industria.

El nuevo secretario de Industria asume la relevancia del PERTE del coche eléctrico, por el volumen de ayudas que representa, pero es cauto a la hora de ponerse objetivos después de las dificultades acumuladas en su desarrollo: “No sé si vamos a poder gastar la totalidad de los recursos, pero ese debería ser el objetivo. Hay que culminarlo implicando a las empresas del sector que todavía no están”, dice, asumiendo la complejidad de ponerlo en marcha sin referentes anteriores: “Ha habido un proceso de aprendizaje y ahora estamos haciendo algunos cambios”. El reto, ahora, es convencer a Bruselas de que las inversiones se puedan efectuar en un calendario más abierto de tiempo, de forma que las empresas tengan tiempo de llevar a cabo sus planes.

Del resto de PERTE que dependen de Industria, solo el naval ha entrado en la fase de convocatoria para repartir los 1.460 millones de euros previstos. Las empresas tienen tiempo de entregar sus propuestas hasta febrero, el mismo camino que seguirán los programas de ayudas para la descarbonización y el sector agroalimentario. El gran problema de este tipo de convocatorias es la limitada estructura con la que cuenta Industria, por lo que el nombramiento de comisionados (como ya existe en otros PERTE de otros ministerios que aterrizan con su propio equipo) debería ayudar a dar más agilidad a su elaboración.

Aprobación de la Ley de Industria

El segundo eje es la ansiada Ley de Industria, aprobada en su primera versión por el Consejo de Ministros a principios de diciembre. La cuestión es si el Congreso será capaz de aprobarla antes de que concluya la legislatura. El Ejecutivo quiere asegurar el empleo en el sector secundario con esta nueva norma, con la que también quiere anclar mayor compromiso de las empresas que reciban ayudas públicas, ya que deberán mantener su actividad un mínimo de tres años.

“La ley por sí sola no va a servir si no se cierra también el Pacto de Estado para la Industria”, explica Garbiñe Espejo, secretaria general de Industria de CC OO. Ese pacto es un compromiso con el que arrancó el Gobierno, para el que se consensuaron las bases con los agentes sociales, pero que no ha acabado de cuajar. La sindicalista reclama la implicación de otros ministerios en el área, sobre todo Transición Ecológica, el ministerio comandado por Teresa Ribera.

Juan Antonio Labad, director general de Feique, la patronal química, advierte de las dificultades de sacar adelante una ley como la industrial en un último año de mandato como el actual, con batalla política propia de una elecciones municipales y autonómicas casi en su ecuador y con el relevo de toda la cúpula de Industria, incluida la salida prevista de la ministra. “Tiene que haber liderazgo político fuerte, aunque eso no quiere decir que haya un ministro fuerte de Industria”, señala, en referencia a la necesidad de agrupar votos de diferentes partidos del arco parlamentario.

Otro elemento que será relevante para el ministerio es su incidencia en la presidencia española de la Unión Europea, que se prolongará todo el segundo semestre de 2023. Fuentes conocedoras aseguran que ese protagonismo podría suponer marcar el paso en temas como las regulaciones de los nuevos motores de combustión o el futuro de la industria del hidrógeno verde.