El Gobierno aprueba un plan para que quienes cobran el ingreso mínimo se incorporen al mercado de trabajo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones continúa avanzando con el despliegue del Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo de alcanzar al mayor número de potenciales beneficiarios, y de que estos puedan integrarse en el mercado laboral. Para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo reglamento con el que pretende incentivar a aquellos receptores que deseen mejorar sus ingresos del trabajo a que lo hagan sin el temor de perder la ayuda que venían recibiendo. Estos incentivos llegarán, en algunos casos, no solo a evitar una mengua en la cuantía de la prestación, sino a incrementarla; por lo que, en ningún momento, el perceptor verá empeorada su situación si encuentra un empleo. Los cálculos del Gobierno determinan que cerca de 45.000 personas podrían beneficiarse de estos estímulos.

A través de este plan se busca evitar que quienes perciben actualmente el ingreso mínimo —1,4 millones de personas y unos 500.000 hogares— se mantengan en esta situación de vulnerabilidad por miedo a perder la prestación si encuentran un trabajo, por modesto que sea, y sus ingresos se ven mejorados por encima de los límites que establece la norma. De hecho, otro de los fines de estos estímulos es, precisamente, ayudar a aquellas familias que tienen más complicado entrar el mercado de trabajo (como las monoparentales) a que lo hagan.

Este complemento, que no tendrá que ser activado por parte del receptor del IMV —será la Administración de manera automática quien observe la variación de los ingresos y realice los ajustes necesarios—, funcionará hasta cierto punto como un plus en las ganancias del receptor. Por ejemplo, en el caso de una familia monoparental con un menor, y que no ha tenido ingresos el año anterior, la renta garantizada por el ingreso mínimo es de 10.737 euros al año. Si en el ejercicio siguiente esta familia obtuviese 1.000 euros al año por trabajar, no se le recortarían de su prestación para mantenerse en los 10.737, sino que se añadirían (cobraría 11.737 al año). Sin embargo, el incentivo solo sumará hasta que los rendimientos del trabajo alcancen el 60% de la renta garantizada (unos 6.442 euros).

Para que este plus se mantenga cuando los ingresos superen el umbral del 60% e incluso lleguen al 100% de la renta garantizada, este variará en función de tres parámetros: la presencia o no de menores (con un incentivo más alto para los hogares con niños), la composición del hogar (con un incentivo más alto para las familias monoparentales y para las personas con discapacidad) y la relación previa con el mercado de trabajo (se incentiva más a las personas que se incorporan a él que a las que ya estaban trabajando). El incentivo se mantendrá, aunque de forma más atenuada, incluso para los aumentos salariales que superen el umbral de la Renta Garantizada para el tipo de hogar al que pertenezca el titular.

El desarrollo de este plan de incentivos estaba contemplado en un primer momento, cuando el IMV fue aprobado por decreto en mayo de 2020 —salió adelante en el Congreso sin ningún voto en contra—, y ratificado en diciembre de 2021. Con su aprobación, el Gobierno cumple con otro de los hitos alcanzado con las autoridades europeas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que debía resolverse en el último trimestre del año. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, celebró durante su participación en un foro celebrado este lunes la implantación de este mecanismo de estímulo, situando el prisma también sobre aquellas empresas que contraten a personas receptoras del IMV para que se las reconozca “reputacionalmente”.

Parches y mejoras

A lo largo de sus más de dos años de existencia, el ingreso mínimo ha vivido continuos procesos de expansión y mejora, tanto en su diseño como en su tramitación. El horizonte inicial contemplaba a 850.000 familias potencialmente beneficiarias (1,5 millones de personas) de una prestación que desde entonces tan solo ha llegado al medio millón. Las dificultades para acreditar los requisitos estimados y la falta de capilaridad por los distintos territorios ha ido complicando su expansión. Sin embargo, en todo este tiempo, desde el Ministerio de Seguridad Social se han ido incorporando nuevas herramientas para no perder de vista el objetivo inicial. Una de las más relevantes —en cuanto a su impacto en la detección de potenciales receptores— es la posibilidad de que Organizaciones No Gubernamentales (ONG) validen la idoneidad de distintos colectivos a los que no les estaba llegando la ayuda.

Al mismo tiempo, también han ido mejorando las cuantías percibidas para luchar contra la pobreza infantil, otra de las finalidades de esta ayudas. Así, se determinó que aquellas familias con bajos ingresos podrán recibir una ayuda de 100 euros por hijo a cargo menor de tres años, e incluso esta podría extenderse hasta la mayoría de edad, con 70 euros para aquellos hogares con hijos de tres a seis años y 50 a partir de los seis.