Bruselas avala el rescate a Celsa y lo deja a expensas del acuerdo con los acreedores

La industria del acero Celsa Group ya cuenta con todos los apoyos administrativos necesarios para recibir los 550 millones de euros que requiere para que sus finanzas puedan volver a un punto de equilibrio. La Comisión Europea ha dado su beneplácito este viernes, por lo que el Consejo de Ministros podrá aprobar el rescate el lunes, en una reunión avanzada a causa de la Cumbre de la Otan en Madrid. Aunque para que esa ayuda se materialice, queda todavía lo que parece más difícil, un acuerdo entre la compañía y los ocho fondos oportunistas que controlan 2.290 millones de su deuda (sobre un total de 2.800 millones) sobre la forma como se reducirán 1.200 millones de euros de pasivo. Esa es la condición que ha impuesto la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) para atender la petición de la metalúrgica de la familia Rubiralta.

El paso por Bruselas era imprescindible para que el mayor rescate previsto por la SEPI para empresas consideradas estratégicas y afectadas por la covid se convirtiera en una realidad. El motivo es que uno de los dos créditos a través de los que se inyectarán esos recursos públicos es un crédito participativo que supera el umbral de los 250 millones, en concreto de 280,5 millones de euros. El otro préstamo se articulará a través de un crédito ordinario de 270 millones.

La ayuda, detrás de la que Celsa llevaba casi dos años, se tramita a través del Fondo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mismo a través del cual la SEPI ha socorrido a 24 empresas con más de 2.000 millones de euros. La caída de la facturación sufrida por la compañía (la matriz española pasó de facturar 1.049 millones a solo 811 entre 2019 y 2020) impidió asumir el pago de la deuda y los intereses a partir de marzo de 2020. Uno de los problemas añadidos es que el próximo año tenía que asumir el pago de 1.200 millones de euros de un crédito convertible.

Celsa llega a este momento en el último suspiro, justo antes de que la Unión Europea cierre la ventana de oportunidad sobre ayudas de Estado para empresas impactadas por la pandemia. La SEPI, no obstante, mantendrá un férreo control sobre la actividad de Celsa, sobre la que tendrá capacidad de veto sobre algunas decisiones de empresa en los próximos siete años, el tiempo previsto para que sean retornadas las ayudas. Un miembro de la SEPI se sentará en su consejo de administración como observador.

Los 550 millones de euros que recibirá la empresa irán a parar, básicamente, a los ocho fondos que controlan esa deuda impagada. Pero el Gobierno no los transferirá si antes Celsa y esas entidades (Deutsche Bank, Goldman Sachs, Golden Tree, Trinity, Cross Ocean, SVP, Sculptor y Anchorage) no alcanzan un acuerdo sobre el esquema para reducir los 1.200 millones de deuda, tal y como exige la SEPI. Las negociaciones entre ambas partes son complejas y parecen enquistadas, con una gran distancia entre ambas partes. El único punto en el que han estado de acuerdo es en el que hace referencia a la petición de la sociedad estatal de limpiar parcialmente el pasivo del balance.

Inicialmente Celsa Group exigía una quita de 1.100 millones a los fondos a cambio de inyectar 50 millones de forma directa, al considerar que teniendo en cuenta los descuentos con los que adquirieron la deuda, asegurarían igualmente la inversión. La oposición de los fondos fue total y como contrapropuesta ofreció cambiar 500 millones de su deuda por el 49% de las acciones del grupo. Arguía que los propietarios también tienen que asumir parte del esfuerzo en la operación que tiene que asegurar el futuro del gigante español del acero, que financió parte de su expansión con los créditos que ahora forman parte de la cartera de los fondos oportunistas, después de que se los vendieran los bancos. La familia Rubiralta ha rechazado de plano la pérdida de parte del capital del grupo catalán.

Lentitud en la negociación

Aunque parecía que ambas partes debían afrontar una negociación a contrarreloj para que la SEPI les ofreciera los dos créditos, han acabado siendo las administraciones más ágiles que los propios interesados. Los créditos están a punto para ser concedidos, pero antes el Gobierno tendrá que recibir el contrato por el cual ambas partes acuerdan la manera como resolverán la rebaja crediticia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a contactar con el consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, para que facilitara el acuerdo. Y Celsa ha logrado el apoyo de gobiernos autonómicos, patronales y sindicatos en la negociación de los fondos, sin que estas hayan surtido todavía efecto.

El auditor de Celsa, EY, sostenía en el informe de auditoría de las cuentas de 2020 que la dependencia de las negociaciones con la SEPI para acogerse al crédito de 500 millones suponía “una incertidumbre material que podría condicionar significativamente la capacidad de la Sociedad para poder continuar operando bajo el principio de empresa en funcionamiento”. Según esas cuentas, el grupo perdió 22 millones hace dos años, frente a las ganancias de 28 millones de un año antes.