La SEPI se reserva el poder de veto en las decisiones estratégicas de Celsa
La metalúrgica negocia un rescate de 550 millones con la entidad pública y pide una quita de más de 1.000 millones a sus acreedores para garantizar la ayuda
El gigante metalúrgico Celsa encara un mes decisivo para su viabilidad financiera. La compañía tiene de plazo hasta el 30 de junio para lograr que sus acreedores, una veintena de fondos oportunistas, acepten una quita de cerca del 50% de su deuda para que el grupo siderúrgico español pueda recibir un crédito de 550 millones de euros del Gobierno. La Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), que canalizará ese balón de oxígeno, exige también poder de veto sobre decisiones de la empresa en los próximos siete años para evitar que esta pueda trocearse o perder activos que pongan en riesgo la viabilidad. Por ello, si finalmente sale adelante, el rescate incorporará a un observador externo a su consejo de administración.
La Comisión Europea mantiene abiertas las excepciones para que los Estados puedan otorgar ayudas de Estado a las empresas tocadas por la pandemia. La SEPI ya ha dado luz verde a un préstamo de 550 millones a la compañía en dos tramos, uno de los cuales es un crédito participativo (convertible en acciones) de 280,5 millones hasta 2029. Al superar los 250 millones, las ayudas deben contar con la autorización de Bruselas. Posteriormente, es necesario cumplir los trámites oficiales de los préstamos concedidos por el Gobierno, hasta su aprobación en Consejo de Ministros. Fuentes cercanas a las negociaciones explican que eso les deja apenas un margen de 15 días para cerrar el acuerdo con los acreedores y obtener el visto bueno definitivo del Estado.
La SEPI aprobó de forma preliminar dar el crédito a Celsa, el mayor que se habrá concedido hasta ahora, al considerar que la empresa, propiedad de la familia Rubiralta, es estratégica y no estaba en crisis antes del estallido de la pandemia. Para acceder a los fondos, sin embargo, Celsa pactó varias condiciones. Entre ellas, la reinversión de todos los recursos generados, una ampliación de capital de 50 millones de euros y abstenerse de repartir dividendos. Además, acordaron que la empresa reducirá su deuda en unos 1.000 millones de euros para hacerla sostenible.
Fondos oportunistas
El pasivo de la compañía, no obstante, está en manos de un grupo de fondos oportunistas, entre los cuales están Attestor, Golden Tree, Sculptor, CVC o Cross Ocean. Estos adquirieron la deuda en 2017 a los bancos acreedores, que decidieron soltar lastre para reforzar su solvencia ante las exigencias del BCE. Según las fuentes consultadas, se hicieron con esa deuda con amplios descuentos, de entre el 20% y 25% para el tramo senior (actualmente de 800 millones de euros) y de hasta el 80% por 1.400 millones de la parte convertible. Es decir, compraron la deuda de Celsa a los bancos con unas quitas muy importantes. La empresa nunca vio con buenos ojos esa operación de los bancos y presentó una demanda antes de la pandemia al entender que si los fondos reclamaban la devolución de la cantidad del préstamo participativo obtendrían una rentabilidad del 500%, lo cual consideran que es “usura”.
La empresa considera, por lo tanto, que una quita de 1.000 millones no significaría que los fondos pierdan dinero. Al contrario: estos incluso podrían obtener una rentabilidad aceptable para su cartera de inversión. Los Rubiralta tampoco contemplan la posibilidad de darles entrada en el accionariado de la compañía, como estos han solicitado en los últimos días. La razón es la misma: consideran que el valor de la deuda anotado en libros no se corresponde a la de mercado. En otras palabras: adquirieron la deuda a precio de saldo, lo cual les darían una sobrerrepresentación en el consejo de administración.
Fuentes del consejo de dirección de Celsa, una empresa que cuenta con una plantilla de alrededor de 10.000 trabajadores, afirman que la compañía quiere un accionariado de perfil industrial y cohesionado que no ponga en riesgo la consecución del plan estratégico por la búsqueda de un beneficio a corto plazo. El máximo órgano de dirección, además, se ha propuesto cumplir con el plan pactado con la SEPI para sacar adelante la compañía. De hecho, cree que está lista para afrontar una nueva etapa para la industria metalúrgica al enfilar ya su transición verde. Además, el grupo industrial considera que el aumento del precio de las materias primas y la situación del mercado de metales por la guerra de Ucrania les brinda una oportunidad para mejorar las proyecciones de su plan financiero.
Con las posiciones entre empresa y fondos enfrentadas, las próximas semanas se antojan un auténtico tira y afloja entre ambas partes. Solo que hay una fecha marcada en el calendario: el 28 de junio. Es el último Consejo de Ministros en el que se podrán aprobar préstamos para empresas en apuros. Después de eso, la inyección de capital público ya no será posible. Y Celsa deberá buscar otra salida para hacer frente a su compleja situación financiera.
