Bruselas lanza un plan para taponar el agujero fiscal de 20.000 millones que provocan las empresas pantalla

Detrás de los escándalos fiscales que provocan las empresas pantalla, los titulares que provocan casos como los Papeles de Pandora o los Papeles de Panamá, se esconde una cifra: 20.000 millones de euros. Eso calcula la Comisión Europea que dejan de recaudar las haciendas de los Veintisiete por este tipo de sociedades creadas por empresas y multimillonarios para eludir el pago de impuestos, cuando no para facilitar el fraude directamente. Para tapar la hemorragia, el Ejecutivo que preside Úrsula von der Leyen ha aprobado este miércoles una nueva directiva que estrecha el cerco sobre este tipo de compañías y poner algo de luz en un mundo bastante oscuro. Además, en una reunión repleta de asuntos fiscales e impuestos, los comisarios también han dado luz verde a otra propuesta de legislación para trasladar a la Unión Europea el acuerdo alcanzado por 137 países que fija el objetivo de poner un tipo efectivo al impuesto de sociedades del 15% y la creación de un nuevo gravamen a importaciones por su impronta de CO₂ de ciertas importaciones y a la recaudación del mercado de emisiones, en un plan adelantado por EL PAÍS.

El primer paso que propone la Comisión Europea para aumentar el control sobre las sociedades pantallas es fijar tres criterios para definirlas. El primer indicio de sospecha se encendería cuando el 75% o más de los ingresos de la empresa no llegan de lo que se supone es la actividad comercial de la empresa o proceden rentas inmobiliarias u otro tipo de propiedades de mucho valor como las obras de arte. Otra alarma saltaría si la mayor parte del dinero que recibe la sociedad se ingresa desde “otras jurisdicciones” o de empresas extranjeras. La tercera línea de alerta se centra en saber si la gestión y dirección de la empresas la hace directamente su plantilla o está subcontratada. Bastará con que salte una de las alertas para que se considere que esa sociedad es una pantalla, no obstante, la afectada podrán recurrir esta calificación y aportar información para revocarla.

Los estados miembros estarán obligados a comprobar si una empresa debe ser declarada como sociedad pantalla si otro estado miembro de lo solicita. La sanción sobre la empresa que no cumpla con las obligaciones de declaración requeridas puede llegar a ascender al 5% de la facturación anual, siguiendo el principio habitual de la UE en las multas, que sean “efectivas, proporcionales y disuasorias”.

Calcula la Comisión que apenas un 0,3% de empresas de la Unión Europea puede calificarse como sociedades pantalla y son estas las que dan pie a ese agujero de 20.000 millones que aparece en la justificación que acompaña al texto de la directiva aprobada, que ahora comienza su trayectoria en el Parlamento Europeo y en el Consejo antes de convertirse en un texto legal definitivo.

“Esta propuesta apretará los tornillos a las empresas pantalla, estableciendo estándares de transparencia sobre el mal uso fiscal de estas entidades”, ha declarado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni al presentar la iniciativa. Más duro ha sido el vicepresidente Valdis Dombrovskis, quien ha apuntado que estas empresas “permiten a los criminales eludir sus obligaciones fiscales”. “Ya hemos visto demasiados escándalos por el uso fraudulento de estas empresas en los últimos años. Esto daña a la economía y a toda la sociedad, y provoca una carga extra e injusta sobre los contribuyentes”, ha añadido el político letón.

Los números de las sociedades pantalla se quedan lejos de lo que puede aportar a las arcas de los estados miembros de la UE la otra directiva aprobada este miércoles sobre asuntos estrictamente fiscales: la trasposición del acuerdo logrado por la OCDE con 137 países de todo el mundo para fijar un tipo efectivo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Este medida podría reportar unos ingresos adicionales de 83.000 millones de euros, según el instituto de estudios fiscales EU Tax Observatory, de la Escuela de Economía de París. Las proyecciones de la Comisión son menos optimistas y creen que podrían recaudarse algo más de 26.000 millones de euros adicionales al año.

El fin de esta acción coordinada a escala global es frenar la competencia fiscal a la baja que ha imperado en las últimas décadas para atraer inversiones y sedes de empresas multinacionales, algo que en la Unión Europea ha practicado especialmente Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Lo que hacen estos países, y aprovechan los grandes grupos corporativos, es reducir los impuestos a pagar para facilitar que se instalen en sus territorios. Con esta medida no se acaba con este tipo de competencia fiscal, ha admitido el comisario Gentiloni al presentar la directiva. “Se fija un suelo mínimo”, ha añadido cuando se le ha preguntado por las resistencias que podría encontrar esta iniciativa por parte de países como Irlanda, precisamente, o Hungría. Sendos estados fueron de los últimos en sumarse al acuerdo de la OCDE.

La medida, a diferencia de la que pretende cercar a las sociedades pantalla, solo afecta a las empresas más grandes. De hecho, el suelo efectivo del 15% en el impuesto de sociedades se establece para las compañías que facturas más de 750 millones de euros al año.

Bruselas espera recaudar 17.000 millones anuales para amortizar el fondo de recuperación

No existe el dinero gratis. La imagen de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, repartiendo cheques de los planes de recuperación por las capitales europeas ya tiene su contrapartida fiscal: la propuesta del Ejecutivo comunitario de crear tres nuevos impuestos comunitarios con los que espera recaudar hasta 17.000 millones anuales cuando cojan velocidad de crucero, a partir del período 2026-2030.

Bruselas ha puesto este jueves sobre la mesa, dentro del paquete fiscal, su propuesta de recursos propios: tres nuevos gravámenes con los que se pretende contribuir a pagar la deuda de 800.000 millones de los planes de recuperación europeos, en un calendario que se prolonga más de tres décadas, hasta 2058. Los nuevos ingresos, que pasarían a las arcas europeas, también contribuirían a financiar el Fondo Social del Clima, un mecanismo de más de 70.000 millones de euros concebido para paliar los efectos de la transición ecológica sobre las personas y empresas más vulnerables, que aún está en proceso de tramitación legislativa.

Estos nuevos impuestos europeos incluyen el ya citado mínimo impositivo del 15% a las grandes multinacionales, de los que Bruselas pediría que los Estados ingresaran un 15% de lo recaudado a las arcas comunitarias. Con esto, el Ejecutivo comunitario espera sumar entre 2.500 y 4.000 millones al presupuesto de la UE cada año, según sus estimaciones.

Las otras dos nuevas fuentes de recursos propios nacerían vinculadas a iniciativas verdes que Bruselas ha lanzado este año y se encuentran en plena fase de negociación, como la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés) y la extensión de este mecanismo al transporte por carretera y los edificios.

El Ejecutivo comunitario pretende que los Estados miembro dediquen el 25% de estos ingresos al presupuesto comunitario, lo que generaría en torno a 12.000 millones de euros. Actualmente los países se quedan con la mayor parte de lo recaudado a través del ETS, con la obligación de destinar al menos el 50% a medidas vinculadas con el clima.

A esto se añadiría otro millón de euros más proveniente del llamado mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, otra de las iniciativas del pacto verde europeo en fase de negociación. Esta herramienta busca gravar las importaciones procedentes de países donde la producción no esté tan penalizada por su huella de carbono como en el bloque comunitario. La Comisión quiere que el 75% de esta herramienta se destine al presupuesto comunitario.