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Bruselas avala los Presupuestos de España, que califica como “contractivos”

La mayor parte del dinero dedicado a la inversión de las cuentas públicas procederá del fondo de recuperación

A la izquierda, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, escucha al comisario de Economía, Paolo Gentiloni
A la izquierda, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, escucha al comisario de Economía, Paolo GentiloniDelmi Álvarez
Manuel V. Gómez

La Comisión Europea aplaude el proyecto español de presupuestos para 2022. Le gusta que haya seguido sus consejos de “respaldar la recuperación recurriendo a la financiación del Fondo de Recuperación y Resiliencia” y que mantenga la inversión. También subraya que, siendo uno de los países que se incluyen entre los que tienen una deuda alta, sea uno de los pocos que reduce su gasto recurrente. No obstante, la evaluación de los presupuestos de los países de la Unión Europea divulgada este miércoles también pone el foco en que las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez son “contractivas”, algo especialmente llamativo cuando España es el país que más lentamente está saliendo de la crisis y será el último en volver al nivel previo a la llegada del coronavirus. Solo otros tres socios (Eslovaquia, Malta y, muy ligeramente, Finlandia) tienen también un presupuesto restrictivo.

Bruselas pide que los presupuestos del año que viene de los países miembros impulsen el gasto público para salir de la crisis, aunque no lo hace de forma homogénea para todos los Estados miembros. Para aquellos que llegaron a la crisis del coronavirus con unas cuentas públicas en mejor situación y no tienen una gran carga de deuda, les reclama que inviertan de sus propios recursos. En cambio, para los que llegaron con un pasivo alto (España, Italia, Bélgica, Portugal, Francia y Grecia) que se ha deteriorado más con la pandemia, pide que ese apoyo llegue, sobre todo, del Fondo de Recuperación y Resiliencia y no disminuyan su nivel de inversión propia. No obstante, al mismo tiempo, les pide un difícil equilibrio en sus cuentas al pedir prudencia para que su situación fiscal no se deteriore.

“Prudencia”, es como ha definido el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovkis, este reclamo. El contrapunto, habitual por otra parte (el letón pertenece al Partido Popular Europeo y el italiano a la familia socialdemócrata), lo ha puesto el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que ha pedido “una política fiscal ágil para reaccionar si los riesgos de la pandemia se rebrotan”.

Para alcanzar ese equilibrio fiscal, presente en las conclusiones de Bruselas, es clave el uso del Fondo de Recuperación, que, según calcula el Ejecutivo que dirige Úrsula von der Leyen, se habrá consumido en un 44% con los planes presupuestarios para 2022, y llegará al 65% en 2023.

“Dado el nivel de deuda pública de España [...], junto con las medidas de apoyo presupuestario, es importante mantener una política fiscal prudente para asegurar unas cuentas públicas sostenibles en el medio plazo”. Esto último pasa, explican los informes de la Comisión, por una contención del gasto recurrente. Y ahí España habría hecho los deberes, según puede verse al ser uno de los tres países que lo reduce en 2022, junto con Eslovaquia y Malta. Fuentes de la Comisión explican que esta rebaja se debe a que varias medidas impulsadas en 2020 y 2021 para combatir el desplome económico provocado por la pandemia desaparecen o menguan.

El aval comunitario ha sido recibido con alegría en el Ministerio de Hacienda. Su responsable, María Jesús Montero, ha destacado que los fondos europeos permiten a España “impulsar la inversión y un crecimiento económico equilibrado e inclusivo y, al mismo tiempo, permite que siga con la reducción del déficit y la deuda pública”.

En el lado contrario al de España aparece Italia, que recibe una seria advertencia por incrementar su gasto recurrente en 1,5 puntos del PIB. El Gobierno que dirige Mario Draghi ha anunciado, entre otras medidas, una rebaja fiscal de unos 12.000 millones y ayudas para aliviar el incremento de la factura energética.

Además de la retórica, en la que se pide que se mantenga o impulse la inversión, el cambio de paradigma, hasta ahora, entre la salida de esta crisis y la anterior y cómo Bruselas está actuando de una forma casi contraria se puede ver en los propios datos que ha divulgado este miércoles la Comisión. Si en la década pasada se apostaba por la austeridad desde la capital europea —y desde Berlín— ahora es la propia Unión quien ejerce de sostén del gasto público. España es un ejemplo destacado en 2022: ha presupuestado una inversión de dos puntos de PIB que serán financiados casi íntegramente por el Fondo de Recuperación.

Pero la evaluación que hacen los técnicos del Ejecutivo comunitario tiene un aspecto contradictorio en el caso español. Destaca que mantenga la inversión recurriendo al maná europeo y subraya su prudencia fiscal. Sin embargo, resalta, en la primera frase de su análisis, que las cuentas públicas que estos días reciben el visto bueno en el Congreso de los Diputados “son contractivas”. Casi ningún otro país europeo tiene este resultado, solo Eslovaquia y ligeramente Malta. La mayoría, en cambio, han diseñado unas cuentas públicas expansivas, con Italia a la cabeza.

Ese resultado “contractivo” resulta muy llamativo, pues España es el país que tuvo una caída más profunda en 2020 y a que “para [el conjunto de] la zona euro se prevé una posición fiscal expansiva entre 2020 y 2022″. A diferencia de lo que ha ocurrido en crisis anterior, no está siendo de los más rápidos en salir. Al contrario, las previsiones que publicó hace un par de semana la Comisión Europea la señalaban como el que iba a recuperar más tarde el nivel de actividad perdido por el golpe del coronavirus. Fuentes del departamento de Economía que dirige Gentiloni, no obstante, le quitan importancia a este hecho.

Junto al análisis de las cuentas públicas de 2022, la Comisión también ha publicado los análisis de las economías de la Unión Europea. En estos exámenes, España sale menos favorecida. Los técnicos de Bruselas subrayan el gran desequilibrio que amenaza a la economía española. la deuda, y no se fijan solo en la pública. También apuntan al crecimiento de los costes laborales unitarios.



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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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