El juez azote de los banqueros

“Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente”. Pese a ese convencimiento, Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) no ha podido evitar estar en la cresta de la actualidad. Lo estuvo cuando en 1994 se encargó del ‘caso Banesto’, que acabó con el carismático Mario Conde en la cárcel, y lo está ahora con el caso BBVA, una de las piezas del caso Tándem, en el que juzga al comisario José Manuel Villarejo y al expresidente del banco Francisco González (FG). Además ha acumulado otros asuntos de gran trascendencia desde que en 2017 volvió de Italia al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, del que era titular, entre ellos Púnica y Lezo, relacionados con el PP.

Si entonces se enfrentó al poder que representaba Conde y Banesto, ahora lo hace ante la segunda entidad financiera del país, en la que investiga su relación con la trama de espionaje montada por Villarejo. Hay mucha tela que cortar. El caso Tándem (o Villarejo) tiene muchos vectores entreverados entre lo político y lo económico entre sus 28 piezas separadas. Una de ellas, la del BBVA, de la queda información por desencriptar, pese a que ya se han repartido más de 95.000 folios de la investigación. En ella se desvelan los tejemanejes que el comisario retirado realizaba en su trabajo para el banco teniendo como intermediario a Julio Corrochano, jefe de Seguridad de la entidad financiera y excompañero en su etapa de policía.

La investigación conduce hasta FG como presunto impulsor de esa trama de espionaje, montada para frenar al grupo encabezado por Luis del Rivero, presidente de Sacyr, cuando este quiso entrar en la entidad y tomar su control entre finales de 2004 y principios de 2005. La relación entre el banco y Villarejo, una vez superado ese escollo, siguió con otras operaciones hasta 2017, cuando fue encarcelado. Un periodo en que recibió casi 10,3 millones de euros en 52 pagos. En las últimas semanas se han sucedido novedades al respecto que ponen más al rojo vivo el asunto (223 correos electrónicos que el juez ha reclamado a PwC, que hizo la investigación forense del banco, o acusaciones del fiscal de ocultar pruebas que la entidad rechaza…).

Periplo internacional

Conde acabó en prisión. FG está siendo investigado. Entre una etapa y otra, García-Castellón pasó casi 17 años fuera de España. En 2000 dejó su plaza en la Audiencia Nacional para ser juez de enlace en Francia (12 años y medio) y después en Italia (cuatro). Su estancia en Francia coincidió con un periodo de plena colaboración en la lucha contra ETA, con un aumento considerable de extradiciones de presos a España. Francia le concedió la Legión de Honor y el Gobierno de Zapatero, la encomienda de Isabel la Católica.

Llamó mucho la atención que este profesional, miembro de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y que no responde al perfil de lo que se conoce como juez estrella, dejara el puesto de Roma, donde estaba muy bien instalado, para regresar a Madrid y encargarse de casos tan mediáticos, además de tener menor remuneración. Lo que ha dejado claro es que, pese a su convicción de no ser noticia permanente, no le asusta esa trascendencia y entrar a fondo en los temas, como el que implica al vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias

En su primer periplo, tras pasar por varios juzgados, llegó al tribunal central en 1993 para sustituir a Baltasar Garzón cuando este decidió dar el salto a la política y presentarse a las elecciones con el PSOE. Tras la vuelta de Garzón, en mayo de 1994, pasó del juzgado 5 al 3, del que era titular Miguel Moreiras y se encargó de delitos monetarios. Ello le hizo desembocar en el caso Banesto. Además del caso que llevó a la cárcel a Conde y varios directivos del banco, investigó las irregularidades de Jesús Gil en el Atlético de Madrid e instruyó el asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA.

Pero, además del caso Tándem, en su mesa figuran los ya citados casos Púnica y Lezo. Púnica, sobre supuesta financiación ilegal del PP que comenzó con la detención del exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y luego implicó a tres presidentes: Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Lezo, sobre presunta gestión fraudulenta del Canal de Isabel II que acabó con el procesamiento de Ignacio González. También instruye Vitaldent, blanqueo de capitales en la firma de clínicas dentales; Acuamed, posible corrupción en la contratación de obras hidráulicas; redes yihadistas Isis-Al Qaeda-Siria; los CDR, sobre la actividad de los comités de defensa de la República en Cataluña y de Tsunami Democratic; Publiolimpia, sobre la estafa piramidal de una empresa que ofrecía una alta rentabilidad por espacios publicitarios…

LOS CORROS

Las subastas de renovables, por la vía de urgencia. Gran alivio entre los inversores en energías renovables por la decisión que ha aprobado el Consejo de Ministros de autorizar la tramitación urgente de los reales decretos que regulan el nuevo régimen de subastas de energía y el procedimiento y los criterios de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas. De esta forma, se agiliza la tramitación y se dota de certidumbre y seguridad jurídica al marco normativo energético, permitiendo el despliegue ordenado de energías renovables para los próximos años para los que están planificados 60.000 megavatios hasta 2030.

La Q de calidad se extiende. Las playas y puertos deportivos también tendrán las banderas Q de calidad turística. Este año 248 playas y 24 puertos la lucirán en sus instalaciones, después de que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, se las otorgara en un acto junto al presidente del Instituto de Calidad Turística de España (ICTE), Miguel Mirones. Para Maroto, “la Q aporta prestigio, diferenciación, fiabilidad, y promoción. En el camino hacia la nueva normalidad, afianzar la confianza en la calidad y seguridad de España es uno de los grandes desafíos”, lo que es vital en esta etapa de reconstrucción económica.

Ley de bases para la digitalización. La Cámara de España ha sido muy proactiva a la hora de proponer actuaciones constructivas. Esta semana, el organismo que preside José Luis Bonet ha planteado que la transición y transformación digital se considere como una de las reformas estructurales que tiene que abordar el Gobierno para la reconstrucción económica y que, para ello, elabore una ley de bases. Esta norma, que implicaría la revisión de otras leyes más específicas, debiera estar entre las prioridades de la agenda política del Gobierno conectada con la transición ecológica.