"Es censura y se vulneró un derecho constitucional"
La Facultade de Xornalismo de Santiago ha permanecido muda ante el conflicto de TVG. Los docentes consultados, incluido el decano, Miguel Tuñez, han evitado pronunciarse sobre la retirada del programa A Caixa Negra, que tras la polémica desatada, finalmente sí emitirá mañana la televisión autonómica. El recién nombrado director general de la compañía que agrupa a los medios públicos, Alfonso Sánchez Izquierdo, imparte en esta universidad la asignatura de Comunicación e Información escrita a los alumnos de primero.
Sí ha terciado en la polémica el catedrático de Derecho Administrativo, Enrique Gómez-Reino, con un largo currículum en la investigación de las libertades públicas y el derecho a la información. Para Gómez-Reino "es obvio" que el episodio de la supresión del documental en la televisión pública constituye "un caso de censura y por tanto la vulneración del derecho constitucional a recibir una información veraz".
Según este experto, el derecho a la información sólo puede ser restringido para proteger un bien de naturaleza superior. "No es el caso", concluye Gómez-Reino. El catedrático recuerda además que los actos de censura pueden sustanciarse en los tribunales y derivar en condena que daría lugar a que sus responsables afronten "responsabilidades patrimoniales y llegado el caso, incluso penales".
La reforma
La presidenta del Consell de la Informació de Catalunya va más lejos. Llucía Oliva invoca una declaración de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. "Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y ésta no puede ser limitada sin que se pierda", proclamó el principal redactor de la Declaración de Independencia de aquel país. Para reclamar la reforma de las televisiones públicas -en Cataluña se ha avanzado un paso y ya es el Parlamento quien elige a sus gestores-, Oliva sostiene que "los periodistas han de dar a la gente la información que necesitan para poder elegir a sus gobiernos".
La polémica sobre la manipulación de la información acompaña a la televisión y radio pública en Galicia desde su nacimiento. PSOE y BNG han criticado durante años la información sobre las crisis de las vacas locas o el Prestige, pero el bipartito tampoco acometió la reforma incluida en su programa electoral para que no sea el gobierno de turno el que nombre al máximo responsable de los medios públicos. El PP responde ahora que nunca antes TVG había recibido nueve condenas de la Junta Electoral por vulnerar las normas en la información durante la campaña electoral.
