La nueva ley fijará sanciones a las gestoras de los derechos de autor
La nueva Ley de Propiedad Intelectual incorporará un régimen sancionador ante hipotéticos incumplimientos por parte de las entidades de gestión de derechos en el ámbito audiovisual. Esta posibilidad permitirá medidas graduales y terminar con la situación actual, donde la única sanción tiene consecuencias drásticas: la revocación de la autorización para funcionar como entidad de gestión. Esta novedad fue subrayada ayer por la ministra de Cultura, Pilar del Castillo, en la clausura de la conferencia Derechos de autor en el sector audiovisual: la racionalización del sector.
La reforma legislativa persigue reducir los conflictos entre los titulares de los derechos y los usuarios, y proteger los intereses tanto de las televisiones como de los creadores, según Del Castillo.
Por parte de los operadores, el consejero delegado de Sogecable, Javier Díez de Polanco, expresó la necesidad de un órgano mediador capaz de resolver las pretensiones legítimas de cada una de las partes. Este papel de arbitraje será desempeñado por la futura Comisión de Propiedad Intelectual.
Para ilustrar las discrepancias entre operadores y entidades de gestión, el secretario general de Tele 5, Mario Rodríguez, aseguró que esta cadena sólo ha suscrito acuerdos con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), a la que abona alrededor de 12 millones de euros al año. El secretario general de Sogecable, Íñigo Dago, abogó por mejorar los mecanismos de identificación de obras y autores para saber "lo que se está pagando". Reclamó "publicidad y transparencia" de los repertorios y defendió el principio de "tarifa única". La representante de Antena 3, Carmen Rodríguez, criticó la "permisividad" legislativa actual.
Tanto los directivos de la SGAE como de AISGE se mostraron escépticos respecto a la nueva ley. Criticaron especialmente la posibilidad de que la citada comisión establezca tarifas "sustitutorias" en caso de conflicto.
Los representantes de PP, PSOE y CiU pusieron el acento en la lucha contra la piratería. Esta práctica ilícita estará tipificada en el Código Penal.
