El Gobierno saca a consulta la ley con la que pretende cerrar la puerta a más privatizaciones en la sanidad pública

El Ministerio de Sanidad ha iniciado este lunes la consulta pública del texto de la futura ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende asegurar la gestión pública de los servicios sanitarios y cerrar la puerta a las empresas privadas con afán de lucro. Así lo ha anunciado en la mañana de este lunes la ministra Mónica García, que ha asegurado que con este paso “se cierra así la Ley 15/1997″ sobre nuevas formas de gestión, aprobada por el Gobierno de José María Aznar, “que ha deteriorado la sanidad”.

El actual equipo del Ministerio de Sanidad considera que las nuevas fórmulas de gestión no han supuesto mejoras en la salud de la población, “sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas”. “Creemos que esta ley es un avance y damos salida a una reclamación de los profesionales y de los ciudadanos”, ha declarado la ministra.

“La sanidad pública no se vende, la sanidad se defiende”, ha sentenciado García en la red social X. “Desde el ministerio estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor”, ha añadido. La intención de Sanidad, según han repetido en las últimas semanas sus altos cargos, es “blindar” la sanidad pública con varias iniciativas legales que aseguren la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además de la futura ley de gestión pública, el ministerio ultima la de universalidad del Sistema Nacional de Salud.

La nueva norma nace con cuatro objetivos principales. “Limitar” la gestión de los servicios sanitarios por empresas privadas con ánimo de lucro; “mejorar los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada” ya existentes en la actualidad; “facilitar” la reversión para que aquellos servicios ya privatizados vuelvan a ser de gestión pública; y fijar nuevos criterios que permitan “alinear” las fórmulas de gestión existentes en el sistema sanitario público con los objetivos de salud prioritarios para la sociedad española.

El largo proceso legislativo iniciado este lunes por la nueva ley ha provocado en el pasado sonadas discrepancias políticas. La más reciente fue en la anterior legislatura, cuando fue aprobado por el Consejo de Ministros el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria, que pretendía reformar la legislación vigente en materia de titularidad de gestión con el objetivo de dar prioridad a la pública y limitar la privada. El choque que el texto provocó entre Podemos y el PSOE, ambos en el Gobierno, y el adelanto electoral hicieron que la tramitación decayera.

El sector privado ha reaccionado al anuncio de Sanidad con un comunicado publicado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) en el que, por un lado, se muestra “de acuerdo” en impulsar “un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia”, pero por el otro se muestra muy escéptico de los resultados de la iniciativa: “La limitación de la colaboración público-privada en Sanidad por cuestiones ideológicas solo generaría un aumento de los problemas sanitarios para los pacientes”. Por todo ello, la entidad se muestra expectante sobre el proceso legislativo recién abierto y la forma que va tomando la nueva ley.