Los etarras detenidos en Madrid intentaron hasta cuatro veces matar a dos policías

El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco decretó ayer prisión incondicional y sin fianza para Mikel San Argimiro e Imanol Miner Villanueva, los dos supuestos integrantes del comando Madrid detenidos el pasado martes en el barrio madrileño de Vallecas. El juez imputa a ambos, entre otros delitos, un atentado frustrado contra un coche policial el pasado 11 de mayo durante la celebración del partido de fútbol entre el Rayo Vallecano y el Celta. Según fuentes de la investigación, los terroristas intentaron hasta en 'cuatro ocasiones' matar a los dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Ruiz Polanco ha adoptado esta decisión al considerar a los activistas, a los que interrogó durante unas dos horas, autores de delitos de pertenencia a banda armada, asesinato, atentado frustrado, tenencia de armas y explosivos y falsedad documental.

Miner Villanueva, de 26 años, uno de los dos detenidos en la operación en la que se incautaron 240 kilos de explosivos, la mayor parte de ellos en la céntrica calle de Piamonte, ha accedido a que se le practique una prueba biológica para comprobar si las muestras de ADN obtenidas en el citado piso coinciden con el suyo. A Miner se le imputa, según el auto de prisión, también la coautoría del asesinato del ertzaina Iñaki Totorika, el 9 de marzo de 2001. La policía vasca también atribuye a Miner el asesinato de dos ertzainas, Ana Isabel Arostegi y Francisco Javier Mijangos, en noviembre de 2001 en Beasain (Guipúzcoa).

Los supuestos integrantes del comando Madrid intentaron, según fuentes judiciales, hasta en cuatro ocasiones matar a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, una de ellas durante el partido que disputaron el pasado día 11 el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo.

San Argimiro, de 39 años, en su declaración ante la Guardia Civil -ayer no declaró alegando que sólo lo hará en presencia de un abogado designado por él-, reconoció que tanto él como Miner Villanueva y el huido Balbino Sáez Olarra participaron en la colocación de los coches bomba que estallaron el la sede de Repsol-YPF, el pasado 22 de abril, y cerca del estadio Santiago Bernabéu, el 1 de mayo, horas antes del encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona.

Miner señaló que el comando desarticulado estaba compuesto por sólo tres miembros, y que no había una cuarta componente. Señaló que la mujer que varios testigos vieron en la calle de Piamonte es la casera del inmueble, que mensualmente acudía a cobrar el alquiler. En esa vivienda se descubrió, además de 186 kilos del explosivo, abundante documentación con una lista de más de mil objetivos, entre los cuales se encontraban jueces, empresarios, periodistas, banqueros, vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como una página del BOE en la que aparecen más de 1.200 agentes de la útima promoción del Cuerpo Nacional de Policía.

Los investigadores están practicando pruebas de ADN en algunos de los objetos intervenidos en el piso, como cepillos de dientes; de ahí podría explicarse la prueba biológica que se le ha practicado a Miner Villanueva, a la que se negó San Argimiro. Las mismas fuentes indicaron que los etarras llevaban unos cuatro meses en Madrid, y que previamente estuvieron en Valladolid. En su declaración dijeron desconocer a los integrantes del anterior comando Madrid Ana Belén Egüés y Aitor García Aliaga, detenidos en noviembre pasado.

Miner Villanueva fue miembro del comando Gaua de ETA, del que huyó tras ser desarticulado por la Ertzaintza el pasado año, y posteriormente se integró en el comando Donosti. A los integrantes de este grupo se les considera autores de los asesinatos del concejal del PP Manuel Indiano, el 29 de agosto de 2000 en Zumarraga (Guipúzcoa), y del ertzaina Iñaki Totorika.

Juicio a tres históricos

Por otra parte, la Audiencia Nacional juzgará esta semana a los históricos miembros de ETA Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, José Luis Urrusolo Sistiaga, Langile, y Francisco Mujika Garmendia, Pakito. A Santi Potros se le juzgará el martes por el asesinato de un policía en 1980 en Pamplona; el miércoles y el jueves, a Urrusolo por el asesinato del delegado de Ferrovial José Edmundo Casañ, en 1991, y de un militar; y el viernes, a Pakito, por ordenar el asesinato de un coronel del Ejército en 1989.