ETA intentó un atentado junto al campo del Rayo el último día de la Liga

El comando Madrid de ETA colocó un coche bomba con 40 kilos de explosivos junto al estadio del Rayo Vallecano para hacerlo estallar el sábado pasado, último día de Liga, al paso de un furgón policial. El vehículo no apareció, por lo que los etarras retiraron el coche para emplearlo contra otro objetivo. IU y PSOE pidieron ayer al ministro del Interior, Mariano Rajoy, que explique en las Cortes si hubo descoordinación policial en la captura del comando el martes.

Imanol Miner Villanueva y, sobre todo, Mikel Guillermo San Argimiro, explicaron que el día 11 colocaron el Renault Clío junto al estadio Teresa Rivero, sito en la avenida de la Albufera, para activarlo en el momento en que se situara en paralelo un furgón policial, según fuentes de la investigación. Ese día jugaban el Rayo y el Celta y los vallecanos iban a festejar que su equipo se mantenía en primera.

Los etarras retiraron el coche y lo reservaron para otra acción. Pero al día siguiente ya estaban controlados por las fuerzas de seguridad y el martes eran detenidos. San Argimiro admitió su participación junto a Miner y al huido Balbino Sáez Olarra en los dos últimos atentados en Madrid y confesó que entraron en la capital hace cuatro meses tras un tiempo de descanso en Valladolid. La Audiencia Nacional ha cursado una petición a Francia para que busque en Nimes un piso del comando, en el que hubo una mujer, posiblemente la que dijo a los vecinos de Vallecas que se llamaba Margarita.

Mientras, IU pidió ayer la comparecencia en el Congreso de Rajoy para que explique si hubo descoordinación en la detención del comando y el senador socialista Juan Barranco presentó una moción en el mismo sentido. Las iniciativas fueron anunciadas después de que el ex ministro Jaime Mayor Oreja tildara de 'escándalo' cuestionar la coordinación de las fuerzas de seguridad cuando 'se suceden los éxitos', informa Isabel C. Martínez. El Sindicato Unificado de Policía rechazó, además, el posible expediente a su secretario general, José Manuel Sánchez Fornet, por revelación de datos operativos, al tiempo que el resto de las centrales anunciaron que se autoinculparán del mismo cargo que se impute a Fornet.