Sáhara Occidental: ¿el principio del fin?
Ya son más de 23 años de lucha del pueblo saharaui. Durante este largo periodo de tiempo, la comunidad internacional ha abandonado a su suerte el Sáhara Occidentael, permitiendo que tanto Mauritania como Marruecos proyectasen sus intereses expansionistas sobre él. Si bien es cierto que el primero de estos países hubo de abandonar su ocupación, esto no se debió a una hábil maniobra diplomática de la ONU, sino a la imposibilidad de mantener económicamente la invasión. Marruecos, por su parte, no ha cejado en todos estos años en el intento de ocupar definitivamente el territorio. Y mientras tanto, para sonrojo general de las Naciones Unidas y particular del Gobierno español, el pueblo saharaui se ha visto obligado a permanecer en un campo de refugiados «provisional» que levantaron en Tinduf gracias al apoyo de Argelia. Si esta responsabilidad bien es cierto que recae sobre todos los Gobiernos de la ONU, también lo es que el Gobierno español debiera esforzarse aún más que ninguno en resolver un conflicto que él mismo provocó con su abandono precipitado de esta colonia en 1975. Es, casi con toda seguridad, la última oportunidad del Gobierno español de subsanar, en la medida de lo posible, el craso error que cometió con la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, así como de llevar a cabo todas las promesas incumplidas al pueblo saharaui, que ya son legión. Y, desde luego, debiera en primerísimo lugar dejar de vender armas a Marruecos, entre ellas minas, las más abominables, si es que se pueden establecer categorías dentro de los instrumentos de muerte.
La razón de la falta de interés internacional por resolver esta situación es tan evidente como recurrente: los sempiternos intereses económicos y políticos, que parecen degradar hasta tal punto al ser humano que es capaz de cerrar los ojos ante las necesidades y derechos más elementales.
Resulta para todos evidente que la guerra, en ningún caso, y quizá menos en éste, puede ser el camino para solventar las diferencias. La herramienta adecuada siempre ha de ser no violenta, y en el conflicto que nos ocupa es claro que ha de ser el referéndum, cuya celebración debió realizarse en 1922 y que se ha postergado desde entonces por las presiones de Marruecos. Por supuesto, éste ha contado con la aquiescencia de algunos países de la ONU, encargada, en teoría, de supervisar y controlar dicho referéndum. Es ya inexcusable la obligación de romper esta inercia; la situación no se puede mantener indefinidamente, ya que el escepticismo (por otra parte muy justificado) del pueblo saharaui va en aumento. Éste respetará sin matices los resultados del sufragio, siempre, lógicamente, que sea democrático y que disponga de igualdad de medios con respecto a Marruecos. Esto es lo mínimo que debe la ONU garantizar. En consecuencia, debiera el Gobierno español ayudar creando y fomentando plataformas de apoyo pro-referéndum con el fin de informar y sensibilizar a la opinión pública, y empujar de este modo a la celebración, sin más dilación, del sufragio.
Uno de los caballos de batalla con que está jugando Marruecos es, precisamente, el censo de votantes. Tanto el pueblo saharaui como el sentido común exigen utilizar un censo poblacional fiable, como lo es el que realizó España en 1974, que arroja una cifra de unas 74.000 personas, y actualizarlo debidamente. Mientras tanto, Marruecos, por su parte, intenta colar la nada despreciable cifra de 160.000 nuevos votantes, gracias a lo cual ha estado consiguiendo su objetivo: paralizar el plan de paz.
Es imprescindible acabar de una vez con el acoso de Marruecos; tengamos en cuenta la falta de recursos económicos y las precarias condiciones en las que vive hoy el pueblo marroquí, y, todavía así, el sitio al que están sometiendo a los saharauis les obliga a mantener unos 80.000 soldados; esta situación les cuesta alrededor de tres millones de dólares (más de 450 millones de pesetas) diarios. Esta sangría, inaceptable en sí misma, se agrava aún más cuando el Estado que la realiza mantiene a su pueblo dentro de unos elevados índices de pobreza. Pero la presión militar no es la única a la que está sometida la población saharaui; otras cuatro fuerzas represoras de carácter paramilitar, como son la Policía Judicial (PJ), la Dirección de la Vigilancia del Territorio (DST), la Gendarmería Real y las Compañías Móviles de Intervención (CMI), son las responsables del 90% de las detenciones en el Sáhara Occidental, según fuentes de la Afapredesa.
Pero puede ser que esta vez sí se esté avanzando hacia la resolución del conflicto; en las reuniones de Londres, Lisboa y Houston se han aproximado posiciones en temas tan importantes como la identificación de votantes, el retorno de refugiados, la retirada parcial de las fuerzas marroquíes, el intercambio de presos de guerra y la liberación de presos políticos. Aun así, todavía quedan flecos importantes que no hay que descuidar, entre ellos la propia mecánica y vigilancia del referéndum. En palabras de Sayet, ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD): «Si bien es cierto que lograr llegar a acuerdos sobre los aspectos conflictivos del plan de arreglo es un logro indiscutible, no es menos cierto que la fase de aplicación sigue siendo el nudo gordiano de todo el proceso de paz, que, como todos sabemos, es una fase preñada de riesgos y peligros que pueden dar al traste con todos los acuerdos logrados hasta el momento». Otros asuntos que quedan por acordar son los límites fronterizos y el desmantelamiento de los cinco millones de minas (más de 25 por cada saharaui), para lo cual es necesario y urgente la entrega por parte del Gobierno marroquí de los planos de situación de las mismas.
Por todo lo antedicho, conviene que la comunidad internacional tome una serie de medidas con el fin de asegurar la paz y la justicia en el Sáhara Occidental, como son evitar en estos momentos llegar a acuerdos con Marruecos que afecten al territorio, soberanía o riquezas del Sáhara, el cese de la venta de armas, el envío de observadores acreditados por cada país ante la ONU durante la campaña y el referéndum, garantizar la participación de la prensa internacional y dotar a los saharauis de los medios necesarios para desactivar el mar de minas que cubre su territorio.
Es el momento de que el pueblo saharaui recupere de una vez por todas y sin más dilación la soberanía y la libertad a la que tiene legítimo derecho.
