Razones de Belloch

EN SU comparecencia parlamentaria de ayer, el ministro Belloch admitió que había sido un error político no hablar, en su primera conferencia de prensa tras la detención de Luis Roldán, de la existencia de unos documentos aparentemente relevantes relacionados con las condiciones de la misma. Ésa fue su única concesión a la autocrítica, porque en todo lo demás se mantuvo a la ofensiva, sobre todo contra el Partido Popular.Belloch aseguré que entre las hipótesis barajadas por su ministerio estuvo la posibilidad de que sus interlocutores vía fax no fueran quienes decían ser -autoridades de Laos-, pero que decidieron no realizar mayores comprobaciones para evitar filtraciones que frustrasen la operación, como, según reveló, había ocurrido en anteriores ocasiones. Como casi única novedad aportó el dato de que los agentes españoles comprobaron que el intermediario contactado "en una ciudad europea" -en probable alusión a París- entraba en una embajada -seguramente la de Laos-. La confirmación oficial de que los documentos atribuidos a las autoridades de ese país son falsos elimina cualquier duda acerca de los delitos sobre los que podrá ser juzgado Roldán: todos aquellos que decida la juez instructora, sin limitación alguna. El ministro defendió, de todas formas, que aun si los papeles de la extradición administrativa hubieran resultado auténticos, él habría asumido el riesgo de traer a Roldán y entregarlo a la juez, puesto que ése era el objetivo primordial de la operación.La oposición centró su argumentación en el supuesto contrario: el Gobierno no había hecho lo necesario para que Roldán fuera procesado por todos los delitos, y ello inducía a sospechar la existencia de un pacto con el ex director general de la Guardia Civil, según el popular Álvarez Cascos. Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, fue más lejos, asegurando que se trataba de una operación para desviar la atención del asunto de los GAL. Aunque quedan todavía muchos puntos oscuros en el relato -por ejemplo, si Roldán fue localizado en Laos o en cualquier otro lugar del planeta y si se presentó en Bangkok sólo para entregarse-, es una argumentación bastante artificiosa.

Primero, porque es bastante probable que cualquier otra decisión que hubiera adoptado -por ejemplo, no aceptar las limitaciones impuestas en el fax del 23 de febrero- habría merecido similares o más graves reproches por parte de la oposición. Pero además porque, cualquiera que hubiera sido el procedimiento de extradición y el país que la hubiera concedido, habrían existido limitaciones; y porque incluso si sólo hubiera podido ser procesado por cohecho y malversación, ello no impediría la condena de Roldán por cada uno de los numerosos delitos concretos de esta naturaleza de que puede ser acusado; y porque el nuevo Código Penal, que previsiblemente estará en vigor cuando se dicte sentencia firme, prevé para esos delitos penas similares o aun inferiores a las de la legislación laosiana.

En esas condiciones, la hipótesis del pacto, se ve bastante debilitada, al menos en el sentido fuerte: pacto de silencio a cambio de un tratamiento favorable. Si se trataba de eso, lo más sencillo habría sido no detenerle. Además, Amedo había desactivado en buena medida las amenazas deslizadas por Roldán en sus declaraciones periodísticas. Otra cosa es que tal vez alguien le convenciera de que había conseguido unas condiciones óptimas, pero está en las reglas del género la utilización de la astucia para facilitar una entrega pacífica del prófugo. Hablar, como Rosa Aguilar, de "falta de transparencia" resulta ridículo en referencia a un asunto en el que es difícilmente evitable la intervención de agentes -o ex agentes- de servicios de espionaje y grupos de protección a delincuentes.

Lo que sí es relevante es que las actuaciones resultantes de la investigación sean legales, es decir, no impugnables. De ahí el interés de Belloch por acreditar que los agentes españoles actuaron en función de policía judicial y en ejecución de una orden internacional de busca y captura emanada de una decisión judicial. Frente a ello, quizá lo más preocupante del disparate iracional de estos días haya sido la frivolidad de que han hecho gala algunos magistrados y sus asociaciones gremiales, defendiendo improvisadas y descabelladas hipótesis, como que las actuaciones judiciales deberían ser anuladas y Roldán puesto en libertad. Hay demasiado desconcierto en este país como para que personas a las que la gente suele atribuir una cierta presunción de ponderación alardeen de lo contrario. Sobre todo porque, como una vez más se ha demostrado estos días, no faltarán políticos oportunistas dispuestos a utilizar esa presunción para disparatar a su vez hasta convertir el debate nacional en un guirigay. Pero tampoco contribuye a serenar el debate político el desprecio al Parlamento exhibido por Belloch al negarse a contestar al primer partido de la oposición.