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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Justicia en acción

HAN SIDO los 9.000 pequeños accionistas de Grand Tibidabo, que vieron volatilizarse sus ahorros gracias a los últimos virtuosismos de Javier de la Rosa, quienes han conseguido por primera vez que un juez dicte, a petición del fiscal, auto de prisión incondicional contra el financiero. El proceso penal que da ahora sus primeros pasos incluye acusaciones de falsedad, estafa y apropiación indebida. Todo ello por un caso que parece menor si se compara con su historial de grandes hazañas financieras.Ni el caso inaugural de la carrera del financiero, el agujero de 100.000 millones en el Banco Garriga Nogués en 1984, ni la gran crisis de KIO en España con el hundimiento del Grupo Torras y la estela de 500.000 millones de pérdidas y de miles de empleos esfumados bastaron para que la justicia llegara al esclarecimiento de responsabilidades.

Más información
El juez ordena la detención del financiero Javier de la Rosa por presunta estafa

Es extraño, demasiado extraño, que De la Rosa haya gozado de tantas deferencias y complicidades cuando era de sobra conocida su trayectoria y su escuela, marcadas por un tipo de ingeniería financiera consistente en vaciar sociedades mediante la venta de activos, cobrar generosas comisiones y dejar que se pierda al final el rastro de los beneficios generados por las transacciones.

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Entre estas deferencias se cuenta una cuestión que ha interesado especialmente a la fiscalía y al propio Parlamento de Cataluña, como es el uso indebido de 1.000 millones de pesetas de un aval de 10.000 millones concedido por el Gobierno catalán a Grand Península para construir el parque recreativo Tibigardens. Al margen de la acción del juez, puede haber ahí una responsabilidad política en el control de los avales y en la promoción y apoyo a un negociante como Javier de la Rosa. Así lo han expresado ya varios parlamentarios de la oposición, que piden la dimisión del consejero de Economía y Finanzas, Macià Alavedra.

Un aval de 1.000 millones y unas pérdidas de 7.000 millones en Grand Tibidabo -aunque los ahorros esfumados se evalúan en 30.000 millones- han sido así los hechos que han inducido a un juez a tomar cartas en el asunto, algo que muchos esperan desde hace años. Ahora sólo falta que la orden de detención, fundamentada en la alarma social generada, se convierta en realidad. Tiene De la Rosa mucho que contar y aclarar sobre éste y otros casos.

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