La carga de la prueba y la ciencia en el robo de bebés

La publicación de una entrevista al director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), Antonio Alonso, en la que afirma que no conoce “ningún caso confirmado de bebés robados”, aunque no descarta que existan, ha suscitado la confusión entre algunos lectores, que se preguntan si esto pone en duda la investigación que durante años ha realizado EL PAÍS sobre la supuesta sustracción de recién nacidos entre los años cincuenta y ochenta del siglo XX.

Pedro Luis Egea, familiar de un afectado, escribe en un correo que sintió “tristeza, porque se borraba de un plumazo, sin pruebas, lo que venía siendo un problema de la sociedad, sean 10 o 10.000 los casos”. Otra lectora, Leonor Sierra, en cambio, reclama al periódico que asuma su responsabilidad en “alimentar desinformación”, que puede llevar a poner en duda “la validez de la ciencia genética y de grandes profesionales como Antonio Alonso” o hacer daño a las familias.

Antecedentes

La investigación del periódico comienza en noviembre de 2008, cuando el periodista Jesús Duva, hoy jubilado, publica el reportaje La llamada de la sangre, que pone el foco en las prácticas de la clínica San Ramón, en Madrid. En él recogía testimonios de personas que buscaban a sus madres biológicas en páginas web, tras conocer que habían nacido en dicho centro y, luego, habían sido dadas a otras familias previo pago o con la simulación del parto.

En sucesivas entregas, Duva amplía el foco a la maternidad de Santa Cristina, también en Madrid, y a otros casos en Canarias y el País Vasco, mientras cae una avalancha de llamadas a la Redacción. A la investigación se incorpora Natalia Junquera y se abre un buzón para atender los testimonios. “Llegaban cientos de casos y muchos no podíamos publicarlos porque faltaba documentación o no teníamos de dónde tirar, porque los testigos habían muerto o sufrían Alzhéimer”, recuerda la redactora. “Hicimos un trabajo serio: localizamos a la monja de una casa cuna que reveló el robo de niños, revelamos múltiples casos de adopciones irregulares y describimos las instituciones y la legislación que las favorecían”.

El bulo de la trama

“Siempre he dicho que no se trataba de una trama, porque no cumple los requisitos que exigen la Interpol y otras organizaciones internacionales para el crimen organizado: una jerarquía, una estructura y financiación”, explica Duva, que afirma que en las redes que él investigó nunca vio una relación o que hubiera un líder y que tampoco había ánimo de lucro, ni manejaban grandes cantidades de dinero. “Funcionaban a través del teléfono de la esperanza o de los curas rurales”, agrega. Y actuaban con una concepción “nacionalcatólica” según la cual pretendían hacer el bien al entregar a bebés de parejas jóvenes a matrimonios practicantes, con mejor economía, pero infértiles: “Querían enderezar los renglones torcidos de Dios”.

Estos casos, añade, se cortan radicalmente al promulgarse, en 1987, la Ley de Adopción, que endurece los procedimientos de entrega de niños. El preámbulo de esta norma, apunta Junquera, reconoce expresamente el problema del tráfico de niños por la falta de control.

El bulo de los 300.000 bebés robados

La estimación de centenares de miles de casos la hace en 2011 el abogado Enrique Vila en declaraciones a la prensa y es difundida por las asociaciones y reproducida por televisiones y periódicos. En septiembre se desdijo de ella cuando el periodista de EL PAÍS, Manuel Ansede, le preguntó por el origen de sus cálculos.

Ni Duva ni Junquera han usado nunca esta cifra en sus informaciones, porque la consideran un disparate. Pero sí la ha recogido el periódico cuando otros periodistas no especializados la han reproducido, sin contrastar, de declaraciones de las asociaciones de familias o de políticos.

Las investigaciones

Pese a las miles de denuncias, muy pocos casos han llegado a la justicia. De estos, el más conocido es el del doctor Eduardo Vela, que fue absuelto por prescripción de los delitos, pero cuando la mujer que lo había demandado encontró a su familia biológica, descubrió que había sido dada en adopción voluntariamente.

La memoria anual de la Fiscalía General del Estado del año pasado recoge que entre 2011 y 2022 se abrieron 2.197 diligencias de investigación sobre sustracción de recién nacidos, la mayoría en los tres primeros años. Casi todas fueron archivadas. Esta memoria no señala cuántos han llegado a la vía judicial, pero en 2017 la Fiscalía informó de que hasta ese año habían sido 522. En 2022 se abrieron 11 diligencias, de las que ocho fueron archivadas. Además, hay otros dos casos denunciados en juzgados de instrucción de Madrid y Córdoba, según esta memoria.

En mayo de 2017, el INTCF elabora un informe técnico ante la visita de una delegación del Parlamento Europeo para investigar “la sustracción de recién nacidos en España”. Ansede publica un año después su contenido, con los resultados de la identificación de ADN en 120 enterramientos exhumados y la conclusión de que ninguno había servido para confirmar el robo de niños. Ante indicios de sustracción de bebés, fiscales y jueces habían ordenado abrir las sepulturas para comprobar si estaban allí. Los análisis fueron complejos por la degradación, pero en 81 casos (el 90%) los científicos identificaron a los bebés como hijos de los padres que habían denunciado la desaparición.

Evolución científica

Uno de los argumentos utilizados al abrir las sepulturas era que la falta de restos evidenciaba que el niño había sido robado. Pero el informe del INTCF demuestra que el tamaño de los huesos de un recién nacido, “la peculiar estructura molecular y composición de su tejido óseo (con fibras de colágeno desordenadas y con un grado de calcificación mucho menor que el tejido óseo del adulto)” indican la posibilidad de que se hayan destruido en determinadas condiciones de enterramiento. Es la tesis que ha defendido ahora su director.

Explicaciones

El director adjunto, Claudi Pérez, responde a los lectores que la entrevista no pone en duda la investigación anterior. “Sigue completamente vigente”, dice. “Fue un gran trabajo de la Redacción en condiciones muy difíciles por las características del asunto. Ahora tenemos nuevas evidencias científicas que pueden arrojar luz, al menos sobre una parte de los casos, y seguimos acudiendo a expertos de toda índole para enriquecer el punto de vista del diario, como hacemos habitualmente”. Además, recuerda que ya desde el título el director del INCTFF no cuestiona esa investigación y subraya incluso “su complejidad”. En todo caso, dice, el entrevistado aludía “solo a un modus operandi que no incluye todas las adopciones irregulares”.

Conclusión

Al contrario de otras coberturas, como la de la pederastia de la Iglesia, en esta faltan informaciones con recuento de casos o que expliquen la marcha de las investigaciones. Se ha dado prioridad al relato de las víctimas, pero algunos testimonios publicados, como el de dos mujeres de rasgos idénticos que creyeron ser hermanas, fueron desmentidos después por las pruebas de ADN. También hay muchos en los que no se ha contado el desenlace, porque el periódico no ha hecho seguimiento o porque aún no lo hay. Por ejemplo, en octubre de 2017 una información de Jesús A. Cañas recogía el inicio de la exhumación de 47 bebés en fosas del cementerio clausurado de San José, en Cádiz, subvencionada por el Ayuntamiento. Cuatro años después del fin de los trabajos, los análisis no están terminados, según fuentes municipales consultadas ahora por el periodista.

La carga de la prueba de un delito es para quien acusa, como exige el principio de presunción de inocencia. En los pocos casos investigados por jueces y fiscales lo único confirmado hasta ahora es que hubo irregularidades en muchas adopciones. Tampoco la indagación periodística de EL PAÍS ha logrado ir más allá. Sugiero a la dirección del periódico que encargue una información que clarifique al lector el estado de la situación y que permita dimensionar los hechos: con cifras de cómo y qué investiga la justicia; cuántos casos han sido descartados y por qué; con expertos; y contando con las familias. En un caso en el que se mezclan la historia, la ciencia, los sentimientos y la memoria, debemos contribuir con rigor a despejar todas las dudas.

Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).