Málaga pide un año de moratoria para instalar su zona de bajas emisiones

El Ayuntamiento de Málaga, la sexta ciudad más poblada de España con 579.076 habitantes, gobernada por el PP, ha solicitado al Gobierno una prórroga de un año para instalar la zona de bajas emisiones (ZBE) en la ciudad. Se trata de una medida a la que están obligados 151 municipios de todo el país desde el 1 de enero de 2023 y que la capital malagueña había postergado ya hasta el 1 de enero de 2024. Ahora, sin embargo, ha pedido un aplazamiento de un año más. Lo hace, aseguran desde el Consistorio, por el retraso en la llegada de materiales electrónicos debido a “la gran demanda” existente de componentes para la puesta en marcha de estas áreas restringidas “que también conlleva el retraso en las pruebas y ensayos pertinentes de la plataforma de software desarrollada y que gestionara la ZBE”, según fuentes municipales. Ni el Ministerio para la Transición Ecológica ni el de Transportes —que gestiona las ayudas— han autorizado por ahora este cambio.

Solo 14 de los 151 municipios obligados a impulsar estas zonas las han puesto ya en marcha de manera plena, mientras que otros 15 ni siquiera han comenzado sus trámites, según los datos expuestos este jueves por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Las zonas de bajas emisiones son una de las medidas incluidas en la Ley del Cambio Climático que buscan mejorar la calidad de aire en las ciudades de mayor tamaño. Lo hacen restringiendo el acceso de vehículos más contaminantes —según la clasificación establecidas por la Dirección General de Tráfico— al área establecida por cada uno de los 151 municipios afectados por la norma: los de más de 50.000 habitantes, los de más de 20.000 que superen los límites de contaminación del aire señalados y los territorios insulares.

Para cumplir con la norma, Málaga ha dibujado una superficie de 427 hectáreas por donde circulan unos 200.000 vehículos al día en la actualidad. La zona que quedará vetada es la que rodea al centro de la capital, hasta más allá del barrio de la Malagueta al este, la zona de El Ejido al norte, y la avenida de Andalucía —hasta el Puente de las Américas— y El Bulto al oeste. Sus objetivos son mejorar la calidad del aire, reducir el ruido y propulsar la movilidad sostenible, lo que se consigue eliminando gran parte del tráfico privado en esa superficie, que estará vigilada por un centenar de cámaras.

Málaga ya aprobó su plan de movilidad urbana sostenible en 2022, en el que incluía la creación de una zona de bajas emisiones. El 7 de octubre de ese año adjudicó —por algo más de tres millones de euros a la UTE formada por Tecnologías Viales Aplicadas Teva S.L. y Tevaseñal, S.A.— la puesta en marcha de las obras, que incluyen la instalación de sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula, además de obra civil. Según fuentes municipales, el contrato se encuentra ejecutado al 80%, pero se ha topado con un problema inesperado: el “retraso” en la “recepción de componentes principales que integra la iluminación de las cámaras para la lectura de matrículas” debido a “la gran demanda de todas las ciudades obligadas a implementar la ZBE”.

El Ayuntamiento alega que la ausencia de materiales impide no solo poner en marcha el sistema, también realizar las pruebas y ensayos pertinentes para realizar las comprobaciones previas. La ciudad argumenta, además, que los datos definitivos de otros organismos para diseñar la plataforma de gestión del área restringida, como los procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), también han sufrido una demora.

Todo ello ha obligado, según el ayuntamiento, a solicitar una prórroga de un año para que la zona de bajas emisiones comience a funcionar. La petición fue realizada este pasado lunes por la concejal de Movilidad, Trinidad Hernández, en el cargo desde este verano y que durante 22 años fue jefa provincial de Tráfico en Málaga. El municipio cree que no habrá problemas para obtener la ampliación porque en las bases reguladoras de las ZBE existe una puerta abierta a la modificación del plazo previsto “si se dan circunstancias imprevisibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento del plazo, pese a haberse adoptado, por parte de los beneficiarios, las medidas técnicas y de planificación mínimas que los resultados exigen”. Igualmente han asegurado que la empresa adjudicataria sigue buscando nuevos proveedores de los componentes afectados para trabajar “a la mayor celeridad”. El objetivo es arrancar las restricciones antes de la fecha límite de la prórroga solicitada, el 31 de diciembre de 2024, aunque no hay fecha concreta.

Carta a los ayuntamientos

Málaga ha recibido cerca de cinco millones de euros de las ayudas Next Generation, procedentes de Europa, para la instalación de su zona de bajas emisiones, cantidad que puede correr el riesgo de verse obligada a devolver. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha advertido por carta a la ciudad, al igual que al resto de municipios que deben impulsar estas áreas, de que se solicitará la devolución de dichos fondos si no las ponen en marcha o modifican sin permiso algún otro proyecto subvencionado como los carriles bici.

Según fuentes del Ministerio de Transportes, la normativa de las ayudas dice que “las condiciones establecidas en la resolución, incluyendo las modificaciones en los costes inicialmente presupuestados, podrán ser modificadas, a solicitud del beneficiario o de oficio, siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención ni supongan un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas”. Málaga, de momento, no ha obtenido respuesta en caso negativo ni afirmativo, según fuentes del Gobierno.

En Málaga también deben instalar ZBE los municipios de Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, todas en trámites según la información del Gobierno. Solo Mijas está pendiente de comenzar el proceso. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha indicado este jueves que 14 municipios de los 151 obligados ya han puesto en marcha plenamente las zonas de bajas emisiones y que una quincena de ellos no ha comenzado aún los trámites para su implantación, frente a los 122 que sí lo ha hecho.

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