El Gobierno corrige su propuesta de subir a 25 años el cómputo de la pensión

Pocas cosas hay más sensibles para los ciudadanos que las pensiones. Casi son sinónimo de futuro. En cambio, ayer se vivió uno de esos episodios que alteraron la tranquilidad y la seriedad que debería reinar sobre ellas. Poco antes de mediodía, se conocía el programa de estabilidad para 2009-2013 enviado a Bruselas por el Gobierno español. En él se proponía ampliar de los 15 años actuales a 25 el periodo de cómputo de la cuantía de las pensiones. Cuatro horas después, desatado el alud de críticas, el Ministerio de Economía lo eliminó.

Las fuentes consultadas no se atreven a cuantificar sin conocer en detalle en qué medida puede afectar a las pensiones una ampliación del periodo de cálculo. Pero de lo que no cabe duda es que de llevarse a cabo implicaría una rebaja significativa de la pensión media (874,9 euros mensuales en la actualidad).

El Gobierno aún quiere ampliar el plazo de cómputo de la pensión

CC OO dice que el episodio es propio de aficionados a la política

En el documento se señala el objetivo de aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años y se añadía que "la reforma va más allá, ya que se propone ampliar el número de años computados para calcular la pensión" y se remite al apartado 7 del documento para detallar cómo "una implementación ambiciosa de estas propuestas reducirá el gasto proyectado asociado al envejecimiento, en casi cuatro puntos porcentuales del PIB a partir de 2030" (unos 40.000 millones, con el dato actual).

En ese apartado se precisaba que, "si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos

]y si, además, se aumenta en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total de gasto podría alcanzar casi cuatro puntos porcentuales sobre el PIB a partir de 2030". Es decir, había una propuesta concreta, cuantificada y con calendario.

A primera hora de la tarde, un comunicado emitido por Economía rectificaba. "El Gobierno no ha propuesto ampliar en 10 años el cómputo de las pensiones de jubilación", arrancaba. Proseguía diciendo que se había enviado a Bruselas una "corrección" del plan de estabilidad en el que desaparecía la citada frase, que quedaba reducida a la categoría de un ejemplo. También se eliminaba la cuantificación y el calendario y, aunque el comunicado de Economía no lo señala, se modificaba la remisión inicial del documento al apartado 7. En todo caso, la intención de ampliar el plazo de cómputo para el cálculo de las pensiones se mantiene, aunque sin concretar, del mismo modo que no lo hacía el documento sobre pensiones aprobado por el Gobierno la semana pasada.

Por la noche, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, reconoció en Onda Cero que fue un "error" hacer público el documento. "Errores podemos cometerlos todos. Tal vez, un economista lo percibiría claramente como ejemplo, pero el conjunto de la ciudadanía lo percibió como propuesta", lamentó Salgado.

La propuesta abortada formaba parte del programa de estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas el día anterior. En él, se detalla la hoja de ruta para regresar en 2013 al 3% de déficit, como exige la Unión Europea. Pero el objetivo es harto ambicioso si se tiene en cuenta que el año pasado la diferencia entre gastos e ingresos en la Administración pública ascendió a un 11,4% del PIB.

Para lograr este objetivo el Ejecutivo propone un recorte del 14% en la inversión pública durante estos cuatro años, un recorte que en 2010 recaerá principalmente sobre el Ministerio de Fomento. Otra medida será la reducción de los empleados públicos en un 6,3%. También se reclamará un compromiso de austeridad a comunidades y ayuntamientos.

Pero todo esto no evitará que la deuda pública continúe creciendo hasta tocar techo en 2012, según el documento. Ese año ascenderá hasta el 74,3% del PIB. Quedará así muy por debajo del nivel de la mayoría de países desarrollados y de otros países sobre cuya deuda crecen las dudas en los mercados (Grecia, Irlanda o Portugal). No obstante, eso no evitó que ayer los inversores castigaran a la Bolsa y al bono español.

A tenor de los hechos -tanto el episodio de ayer como el documento de propuestas para reformar la Seguridad Social- queda claro que el afán reformista del Gobierno se ha centrado sobre las pensiones. Sin embargo, los cambios profundos que se demandaban en el mercado laboral -sobre todo por parte de la patronal y organismos internacionales- ha quedado en un segundo plano, una vez descartados cambios en los modelos de contratación.

Pero esta hoja de ruta no convence a los sindicatos. Ya la semana pasada CC OO y UGT rechazaron con contundencia la propuesta de ampliar el periodo de cómputo (ambas organizaciones han comenzado campañas de información y movilización). Y la propuesta de ayer ha echado más leña al fuego.

"Ofrece por entregas un recital de ocurrencias y medidas improvisadas que no se corresponde con la seriedad y coherencia exigibles a cualquier gobernante", se despachó CC OO, "son más propias de un grupo de aficionados a la política que de un Gobierno". Más comedida fue la reacción de UGT, que no obstante, también la rechazó de plano: "El sindicato rechaza cualquier medida que suponga una reducción de la cuantía media de las pensiones y un endurecimiento en las condiciones para acceder a esta prestación". Esta última parte hace referencia a la posibilidad que abre Economía de aumentar hasta los 17 años (ahora en 15) el periodo mínimo de cotización para acceder a una pensión contributiva.

También en la oposición hubo críticas. "Globo sonda", "regresiva", "catastrofista", fueron los adjetivos que emplearon los grupos nacionalistas. La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, exigió que el Gobierno de a conocer sus propuestas en el Pacto de Toledo. Precisamente ayer esta comisión parlamentaria acordó que comparezcan ante ella Elena Salgado, y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.