Falta rigor político

El Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno español a la Comisión Europea suscita dudas muy razonables sobre la capacidad del Ejecutivo para reducir el déficit público, situado a finales de 2009 en el 11,4% del PIB, hasta el 3% en 2013 y de la posibilidad de controlar el intenso crecimiento de la deuda pública, que alcanzará el 74% del PIB en 2012. La credibilidad del Gobierno se resiente además de la extrema confusión política de sus propuestas.

Ayer, tuvo que anunciar que eliminaba el párrafo, contenido en el documento remitido a Bruselas, en el que precisaba que en la propuesta de reforma de las pensiones -una de las medidas decisivas para controlar el déficit y la deuda junto con el programa de recorte de gasto público- se aumenta el periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones desde los 15 años actuales hasta los 25 años. Una torpeza política de esta magnitud reduce las posibilidades de negociación con los agentes sociales de una medida necesaria para garantizar el futuro del sistema de pensiones.

La condición inexcusable para que los ciudadanos, los mercados y Bruselas confíen en la solvencia de la economía española es que los mensajes de reforma sean verídicos y claros. El Gobierno ha burlado ambos requisitos. A la vista de la indiscreta revelación en el documento de una medida desconocida en España y de su eliminación posterior, da la impresión de que el equipo económico juega con globos sonda y se complace en el despiste. No es que el cambio de rumbo anunciado en el Consejo de Ministros del viernes pasado y ratificado en el plan enviado a Bruselas sea incorrecto. Por el contrario, el recorte del gasto y la reforma de las pensiones son el mensaje que esperan los mercados y las agencias de calificación. El problema es que la nueva dirección de la política económica requiere algo más que declaraciones; exige, además, rigor político, explicaciones detalladas sobre dónde, cómo y en qué cuantía se reducirá el gasto y un plan creíble sobre la relación futura entre pensionistas y cotizantes, entre aportaciones y pensiones, para que los inversores renueven la confianza en la deuda española.

Al Gobierno le falta tacto político y le sobra la presunción frívola de que los anuncios genéricos de medidas económicas bastan para combatir la recesión o restaurar las finanzas públicas. Un plan de estabilidad creíble no puede fundamentarse tan sólo en recortes de gasto poco precisos o el nuevo cálculo de las pensiones; exige una previsión sobre la generación de suficientes ingresos públicos, porque el balance entre ingresos y gastos del Estado muestra la debilidad de la estructura fiscal española. Por ello es imprescindible que el Gobierno se pronuncie sobre un plan efectivo contra el fraude fiscal o aclare si será necesario subir los impuestos antes de 2013; y por eso es tan necesario mantener un margen de inversión pública para facilitar la recuperación y reducir el paro. Sin reactivación, no aumentarán los ingresos y el paro elevado deteriorará las finanzas públicas y la solvencia bancaria.