Preguntas clave sobre la comisión de expertos que investigará los casos de pederastia en la Iglesia en España
¿Cómo se han investigado los abusos en otros países? ¿Qué partidos han apoyado la propuesta? ¿Qué es lo que ha aprobado el Congreso?
El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la creación de la primera investigación pública de la pederastia en la Iglesia a nivel nacional. Con esta iniciativa, España al fin se enfrenta a un problema que otros países de su entorno, como Francia o Irlanda, ya han auditado. Estas son algunas de las claves de la iniciativa.
¿Qué ha aprobado el Congreso?
La Cámara baja ha dado luz verde a la proposición no de ley del PSOE y el PNV que encomienda al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente que investigue la pederastia en la Iglesia. El texto detalla que la comisión estará formada por “personas expertas” en la materia. El informe que elabore este equipo, continúa el documento, “será finalmente remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España, para la adopción de las medidas necesarias”. Durante el desarrollo de la comisión, el Defensor del Pueblo mantendrá informado al Parlamento a iniciativa propia o a petición de los grupos políticos.
¿Qué ha votado cada partido?
La iniciativa solo ha encontrado el voto en contra de Vox. Incluso el PP, que bajo el mando de Pablo Casado manifestó su rechazo a la iniciativa, votó a favor. También la apoyaron Podemos, ERC y EH Bildu, que planteaban una vía de investigación distinta.
¿Qué objetivo tiene la comisión?
La proposición no de ley detalla que el objetivo de esta iniciativa es “contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas, y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes”.
¿Cómo trabajará la comisión?
El texto de PSOE y PNV apenas da detalles sobre cómo se desarrollarán los trabajos. En conversación con este periódico, la diputada socialista Carmen Calvo ha explicado que los definirán los expertos.
De momento, los promotores del proyecto precisan que esperan recibir el informe del Defensor en un plazo menor a un año. Tampoco está claro con qué presupuesto contará esta comisión, aunque Calvo aseguró que será “suficiente”, y añadió que si necesitase más la Cámara aportaría más recursos. También hay dudas en torno a cómo se contactará y escuchará a las víctimas o cómo se forzará a la Iglesia a cooperar.
Estos dos últimos puntos son una incógnita, ya que PSOE y Unidas Podemos aportaron versiones contradictorias sobre el acuerdo adoptado. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, dijo que las víctimas que quieran podrán comparecer en la comisión y que el equipo de expertos tendrá poderes para obligar a cooperar a la Iglesia. Una de las principales preocupaciones de una parte de las víctimas es que la investigación encalle si el Defensor no tiene instrumentos para obligar a los obispos a comparecer y aportar documentación.
Sin embargo, después, Calvo explicó que tan solo se está valorando que algunos representantes de víctimas acudan al Congreso para escuchar las recomendaciones finales del Defensor y opinen sobre las mismas. La ex vicepresidenta del Gobierno también matizó que no habrá cambios legislativos para dotar de mayores poderes al Defensor del Pueblo.
¿Cómo se ha hecho en otros países?
Hay varios modelos. Uno de los más aplaudidos es el de Francia, donde la Iglesia impulsó una comisión independiente en 2018. Los trabajos duraron tres años (con la pandemia por medio). La comisión recibió miles de denuncias —por vía telefónica, por correo y testimonios directos—, y documentación de archivos eclesiásticos y civiles.
Otra iniciativa con respaldo internacional es la de Australia, impulsada en 2013 por el Gobierno y las dos principales fuerzas políticas. Se permitió a las víctimas vivas que contaran su historia en sesiones privadas y confidenciales en casi 100 lugares por todo el país. Se escuchó a 8.000 víctimas de abusos cometidos en 90 años, las transcripciones ocuparon 45.000 páginas, se atendieron más de 40.000 llamadas y se recibieron 25.000 cartas y correos. El informe final se hizo público en 2017.
También goza de prestigio la investigación alemana en la archidiócesis de Múnich. En este caso, la Iglesia encargó las pesquisas a un bufete de abogados que llegó hasta las últimas consecuencias, especialmente en lo relativo al encubrimiento: el informe acusó al papa emérito Benedicto XVI de haber encubierto a cuatro sacerdotes que cometieron abusos sexuales durante el periodo en que ejerció como arzobispo allí, entre 1977 y 1982.
¿Se han desarrollado otras investigaciones públicas en España?
Hay dos ejemplos investigadores en España a nivel autonómico. Uno es el que está realizando el Gobierno de Navarra. El 11 de febrero se presentó un informe de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), encargado por el Ejecutivo foral, para averiguar el alcance de la pederastia en la Iglesia de la región. El informe ha identificado al menos a 58 víctimas de abusos desde los años cuarenta del pasado siglo. La propia investigación apunta a que es solo la punta del iceberg, tras constatar la existencia de más víctimas que no han denunciado todavía. El departamento navarro de Justicia y los grupos parlamentarios de esta comunidad trabajan para constituir un censo único, habilitar una vía de investigación más amplia e impulsar una ley pionera que reconozca a estos denunciantes como víctimas de abusos.
Otra iniciativa de investigación a nivel autonómico es la de Cataluña. Los comunes impulsan en el Parlament una comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia, con el apoyo de Esquerra y la CUP. Por otro lado, en 2020 el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) presentó un informe sobre la pederastia en la Iglesia catalana. Constató su falta de colaboración, la certeza de que había muchos más casos de los que hasta entonces habían trascendido y la necesidad de crear una comisión de investigación en el Parlament “que permita una reparación a favor de las víctimas de los casos prescritos”.
¿Colaborará la Iglesia con la comisión?
Es una de las preguntas clave. Si la Iglesia no abre sus archivos y no accede a colaborar, es muy difícil que la investigación del Defensor del Pueblo consiga radiografiar con exactitud el problema. El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal Juan José Omella, dijo en febrero que la Iglesia quiere establecer “un cauce de colaboración” con las administraciones. Sin embargo, hasta ahora la CEE se ha caracterizado por una posición obstruccionista. Y, en el caso de que realmente colabore con la misión del Defensor, es previsible que no todas las diócesis y órdenes religiosas cooperen por igual.
De forma paralela, la CEE ha puesto en marcha su propia iniciativa para abordar la pederastia: ha contratado al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo para que audite la actuación de la Iglesia. Ha abierto un buzón de denuncias para atender a víctimas y elaborará “una completa documentación de los casos históricos”.
Las asociaciones de víctimas son muy críticas con esta iniciativa. No se fían de que la Iglesia “se investigue a sí misma” y recelan de que el presidente del despacho, Javier Cremades, sea miembro del Opus Dei.
¿Cuántas víctimas de la pederastia clerical hay en España?
Hasta ahora han salido a la luz al menos 611 casos y 1.246 víctimas, según la contabilidad que lleva este diario, la única existente en el país ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia. Los expertos en la materia aseguran que la cifra es mucho mayor. En un país como Francia (67 millones de habitantes, 20 más que España), el informe de la comisión de investigación ha revelado que al menos 216.000 menores fueron agredidos sexualmente por religiosos desde 1950.
Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es
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