La Iglesia se compromete a “colaborar” con la investigación pública de la pederastia

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), el cardenal Juan José Omella, ha dicho este martes que la Iglesia quiere establecer “un cauce de colaboración” con las administraciones en la investigación de la pederastia en el seno de la institución, “independientemente” de las fórmulas que se “pongan en marcha”. Así, Omella ha trasladado que la investigación que encargan al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo no es una alternativa a la que lancen los poderes públicos, ya sea a través de una comisión parlamentaria o del Defensor del Pueblo [esta segunda opción irá al pleno del Congreso el 8 de marzo, a propuesta de PSOE y PNV], sino un “complemento”.

Una de las principales suspicacias de las asociaciones de víctimas es que la Iglesia “se investigue a sí misma” mediante esta estrategia. El presidente del bufete, Javier Cremades, ha intentado despejar esas dudas: “Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para actuar con independencia, en colaboración con las diócesis. No queremos ser una alternativa a otras investigaciones, sino ayudarles en su función”. También participará, según ha explicado Omella, la Conferencia Española de Religiosos, que agrupa a las órdenes religiosas. En el seno de ellas, en los colegios que gestionan en España, se ha producido el grueso de los casos de pederastia. Hasta ahora han salido a la luz al menos 611 casos y 1.246 víctimas, según la contabilidad que lleva este diario, la única existente en el país ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia. El bufete ha anunciado que elaborará “una completa documentación de los casos históricos”.

Este martes por la mañana, Omella ha presentado este instrumento para investigar los abusos en la Iglesia española en la sede del despacho de abogados en el centro de Madrid. Lo hace en plena polémica por los abusos sexuales en la Iglesia, después de que EL PAÍS enviase un dosier con 251 casos inéditos en España a la CEE y al Vaticano, que ha abierto una investigación al respecto. Preguntado por la razón de que esta iniciativa haya tardado tanto tiempo en ponerse en marcha, Omella ha explicado que a la Iglesia le “lleva tiempo reflexionar y tomar una decisión”. “Lo importante no es mirar al pasado, algo muy propio de los españoles, sino al futuro, y eso es de valorar”, ha añadido el cardenal.

Omella ha empezado su intervención pidiendo perdón por los abusos sexuales a menores, “por tanto dolor que han padecido las víctimas”. Inmediatamente después ha añadido que también les duelen los abusos “en otras instituciones, que queremos que también se investiguen”, sin dar más detalles. El presidente de la CEE ha reivindicado que la Iglesia “lleva tiempo trabajando”, sobre todo a través de “las 40 oficinas” de las diócesis para atender a las víctimas. Las asociaciones de afectados han señalado reiteradamente la inoperancia de estos organismos y de las pesquisas que han puesto en marcha.

Esta investigación será “gratuita” para la Iglesia, según ha dicho Omella. El despacho “no presentará minuta alguna, limitándose a repercutir los gastos” que le suponga la investigación, según han precisado en un comunicado. Lo que sí supondrá un esfuerzo económico para la Iglesia serán las indemnizaciones a las víctimas, que tanto el cardenal como el presidente del bufete han dado por seguras: “¿Alguien puede identificar que no habrá indemnización con un enfoque jurídico?”, se ha preguntado irónicamente el presidente del despacho. Ni el abogado ni el cardenal han especificado los pormenores de cómo funcionará esta auditoría. “Entrar ahora en los detalles es complicado. Lo importante es la actitud con la que entramos, que es de colaboración en todos los ámbitos”, ha expresado Cremades.

En un comunicado, el despacho ha precisado que, una vez finalizado su trabajo, “someterá a la consideración de la Conferencia Episcopal y la opinión pública un conjunto de procedimientos y buenas prácticas a adoptar por las autoridades eclesiásticas de acuerdo con las demandas de la sociedad”.

“Queremos que ese trabajo que se ha venido haciendo sea auditado y nos ayude a que se haga mejor”, ha añadido Omella, dispuesto a “aceptar la responsabilidad ante las víctimas”. Este es, ha explicado, “un nuevo vehículo para auditar sucesos del pasado y que no se vuelvan a repetir en el futuro. Pedimos ayuda y comprensión”. La investigación de los abogados, según el cardenal, “establece un puente entre autoridades”. Cremades ha ido un paso más allá: “Esta investigación se hace para colaborar con el Gobierno. Me he puesto en contacto con Gabilondo [Defensor del Pueblo] para decirle que cualquiera que sea el modelo de esta investigación va a estar en coordinación con ellos. Esto no es una alternativa, sino un complemento organizado y profesional. No será una manipulación”. Gabilondo ha confirmado esta conversación a Europa Press: “Javier Cremades me llamó por teléfono ayer por la tarde [por el lunes] y, como en cualquier otra ocasión en la que alguien me ha preguntado sobre este asunto, le indiqué que, por prudencia y respeto institucional al Congreso de los Diputados, ahora corresponde esperar a la resolución del Legislativo antes de hacer cualquier otra consideración”.

Ayuda de Alemania

El grupo de trabajo del bufete de abogados se compone de 18 personas, entre las que destacan un nombre no asociado al despacho, la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional Encarnación Roca. El despacho indica que convocará “a unirse al grupo a personalidades de reconocido prestigio en el terreno intelectual y empresarial”. A preguntas de este periódico, de momento no ha explicado a qué personalidades se refiere ni la identidad de los miembros del equipo. Además de Roca, Cremades & Calvo Sotelo destaca a tres socios de la firma: Santiago Calvo-Sotelo, antiguo director de Auditoría en Arthur Andersen; el exmagistrado del Tribunal Supremo y del Constitucional, Vicente Conde; y el exmagistrado y presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Juan Saavedra.

El bufete prevé un plazo máximo de 12 meses para la realización de esta investigación, “un tiempo prudencial para obtener una imagen fiel de lo sucedido”, ha comentado Cremades. Para cumplir ese objetivo contarán con la colaboración del bufete Westpfahl Spilker Wastl (WSW), el mismo que contrató la archidiócesis de Múnich. El resultado fue un informe, publicado a comienzos de este año, que cifraba en 497 las víctimas de abusos sexuales cometidos por 235 religiosos entre 1945 y 2019 solo en ese obispado. “Es uno de los modelos en los que nos inspiramos. Espero que nuestro trabajo sirva de reparación a las víctimas”, ha dicho Cremades. También ha asegurado que no importa cuándo tuvieran lugar los abusos, por antiguos que sean: “No hay límites ni temporales ni materiales”. El despacho ha habilitado un correo electrónico para que las víctimas hagan llegar sus historias: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com. Además, el presidente del bufete ha asegurado que pedirá la colaboración de los medios de comunicación que hayan contado este tipo de casos.

Una vez escuchados los argumentos de la Iglesia y del bufete de abogados, la asociación de víctimas Infancia Robada ha remarcado su rechazo a esta iniciativa. “A estas alturas, cuando han prometido tanto que van a hacer ciertas cosas y nunca las hacen, cuesta creer a la Iglesia. Los hechos se demuestran andando y no contratando a un abogado externo para que te investigue. Es una astracanada. He hablado con otras víctimas y les parece aberrante”, opina Juan Cuatrecasas, diputado socialista y presidente de Infancia Robada. “En este tema, la Iglesia española va muy por detrás del resto de conferencias episcopales del mundo”.

También se muestra muy crítico con el hecho de que el presidente del bufete sea un miembro del Opus Dei: “Es un detalle insalvable. No tenemos nada en contra de él, pero no podemos aceptarlo, solo viendo cómo ha gestionado el Opus el caso del colegio Gaztelueta (Leioa, Bizkaia)”. El centro, en el que abusaron del hijo de Cuatrecasas, niega la culpabilidad del docente. Cremades ha defendido que formar parte del Opus Dei no le invalida para que su despacho lidere esta investigación: “Soy católico, miembro del Opus Dei, y por ello creo que la Iglesia debe rectificar y pedir perdón”.

Desencuentro político

Antes de que trascendiese el registro de la proposición no de ley de PSOE y PNV para que el Defensor del Pueblo encabece la investigación, Unidas Podemos (UP) había anunciado en el Congreso de los Diputados que daba una semana más de plazo a los socialistas para decidir cómo desarrollar las indagaciones, informa Paula Chouza. La formación apuesta por una comisión parlamentaria, propuesta que presentaron junto a ERC y EH Bildu y que fue admitida a trámite a comienzos de febrero. “Cuantos más partidos estemos dentro, mejor. Esto no va de medallas, va de hacer la mejor comisión para las víctimas”, ha dicho Aina Vidal, portavoz de En Comú Podem en la Cámara baja. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, también ha hablado este martes del asunto: “No nos oponemos a la vía del PSOE, pero una de esas patas de la investigación debe ser la parlamentaria”, ha afirmado.

A principios de febrero, el secretario de la CEE, el obispo Luis Argüello, dijo que en una comisión en la Cámara baja influirían “más cuestiones políticas” que “el interés real de las víctimas”. “Nos encontramos en una trampa saducea. Si la Iglesia, que seguramente tendríamos argumentos jurídicos para poner alguna dificultad a la hora de participar en esta investigación, [nos oponemos], sería presentado como una negativa absoluta”, añadió. Omella no ha corregido estas palabras de Argüello, pero sí ha abierto la puerta a la “colaboración” con las administraciones.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es