Guía de las ayudas para los afectados por el volcán

Las Administraciones comienzan a acelerar las ayudas para paliar el desastre causado por el volcán de La Palma, que ha dejado a más de medio millar de familias sin sus casas y sus negocios. La erupción de la zona de Cumbre Vieja ha afectado, hasta el momento, a más de 420 viviendas y ha provocado el desalojo de más de 6.000 personas. Asimismo, la colada de lava ha cubierto ya una superficie de 190 hectáreas. La situación ha generado la inquietud de la población, que ansía la llegada de las ayudas, aunque algunos expresan desconfianza. “Mira, yo hasta que no vea las ayudas no me lo creo. Ahora es fácil prometer”, lamentaba Antonio Morales, carpintero, sentado nervioso en una terraza de Los Llanos de Aridane, mientras retumban de fondo las explosiones del volcán. Aníbal Díaz, de 25 años que lo ha perdido todo, coincide: “Yo trabajo de guardia forestal, y sé lo difícil que es que lleguen finalmente las ayudas prometidas cuando hay incendios”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trató este viernes de transmitir confianza a los afectados: “Quiero que sepan que tienen todo el apoyo. Toda España está con La Palma. Todas las administraciones estamos trabajando para dar soluciones inmediatas y también para la reconstrucción futura”. Así está, hasta la fecha, la red de ayudas e indemnizaciones previstas para los afectados, desde las distintas administraciones y entidades aseguradoras y financieras.

Plan de reconstrucción del Gobierno central

El presidente Sánchez anunció este viernes desde La Palma que el Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la declaración de la isla canaria como zona catastrófica, así como medidas “inmediatas” para las personas afectadas por la erupción del volcán. Sánchez aseguró que su Gobierno trabaja, en colaboración con el Ejecutivo canario y el Cabildo de La Palma, en un “plan especial de reconstrucción” a corto, medio y largo plazo. El martes, por tanto se conocerán más detalles de las medidas. La Moncloa ya había anunciado esta misma semana un plan específico que permita agilizar las ayudas y se adapte a las circunstancias excepcionales que se han dado en la isla canaria. Esta nueva fórmula administrativa tendrá que abarcar la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, medidas fiscales para los particulares y empresas damnificados y medidas laborales y subvenciones específicas para la pesca y la agricultura, los principales sustentos económicos de la isla, aparte del turismo. Mientras llega este programa a medio plazo, el Ejecutivo trabaja en ayudas más “inmediatas”, explicó este viernes Sánchez, sobre todo para “facilitar viviendas a los afectados; adquirir enseres y objetos necesarios que hayan perdido y que se necesiten para el día a día; garantizar el mantenimiento y abastecimiento del sistema de regadío; el restablecimiento de la movilidad de mercancías y personas y una regulación específica de ERTE para proteger el empleo de aquellos sectores que se han visto afectados por el volcán”.

Ayudas del Ejecutivo canario

El Gobierno de Canarias también ha aprobado sus propias medidas. El presidente, Ángel Víctor Torres, ha anunciado una modificación en los Presupuestos del archipiélago para incluir una ayuda urgente de seis millones de euros para los evacuados, y otros siete millones para las empresas afectadas por el volcán. También se comprarán y construirán nuevas viviendas para atender las necesidades de los afectados. En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ya había informado el miércoles de que el Ejecutivo gestiona la adquisición de 257 viviendas de nueva construcción, acabadas o a punto de terminarse, en la isla. A estas casas se unirán otras 23 viviendas de una nueva promoción que el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) está finalizando en el municipio de El Paso.

Indemnizaciones de las aseguradoras para viviendas y vehículos

Fuentes del Consorcio de Compensación de Seguros afirman que el organismo se encargará de indemnizar a los propietarios de las casas o de los vehículos afectados por el volcán, porque las erupciones están entre las circunstancias cubiertas. En el caso de las viviendas, aclaran que “es necesario que el afectado tenga la póliza de seguro de hogar en vigor”. El montante que reciba el afectado estará en relación con el seguro y el capital que tiene contratado. “Cada cliente contrata un seguro con una valoración de su vivienda determinada, y el Consorcio indemniza en relación con esa cantidad”, indican en el organismo. “En 10 días empezaremos a realizar los primeros pagos y, dependiendo de lo que dure la erupción, esperamos acabar de atender el siniestro en tres o cuatro meses”. Para los coches, basta tener el seguro obligatorio de circulación del coche para poder pedir una indemnización que permita la obtención de otro vehículo de condiciones y antigüedad similar. Recuerdan las mismas fuentes que en el terremoto de enero pasado en Granada el Consorcio atendió 11.000 siniestros en tres meses. Los afectados pueden reclamar a través de la página web www.consorseguros.es o bien llamando al teléfono gratuito 900222665. Ahí se deben identificar y señalar el número de póliza y compañía con la que trabajan, así como el bien que reclaman.

La agricultura y la ganadería, sin cobertura de los seguros

Los cultivos y la ganadería afectados por el volcán no están cubiertos por Agroseguro, organismo formado por las principales compañías del sector. Están cubiertos todos los daños climáticos y metereológicos, explican fuentes de Agroseguro, “pero la erupción volcánica no es uno de ellos, como tampoco los terremotos”. Se cultivan en la isla unas 3.000 hectáreas de plátanos, y hay también plantaciones de cítricos, aguacates, verduras, patatas y uvas destinadas a la elaboración de vino. Se estima que unas 15.000 personas trabajan en el sector agrícola. No obstante, fuentes de este colectivo que piden el anonimato comentan que es más que probable que las administraciones públicas se ocupen de los daños agrícolas porque existe voluntad de ayudar en una catástrofe como esta. Además, se espera que el número de hectáreas dañadas sea elevado, sobre todo si la erupción se mantiene durante muchos días, porque las cenizas afectarán a muchos cultivos.

Iniciativas de las entidades financieras

Sareb, la Asociación Española de Banca (AEB), los bancos procedentes de las cajas de ahorros agrupados en CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) han puesto a disposición de los afectados de La Palma, “de forma gratuita y mientras sea necesario”, las viviendas que tengan disponibles en condiciones de habitabilidad en la isla y en otras zonas próximas. En un comunicado, las entidades asociadas han explicado que con ello pretenden contribuir, junto con las Administraciones y el resto de las instituciones, “al realojo temporal de las personas desalojadas”. Ahora están identificando “el número de viviendas que cumplan estos requisitos para poder ponerlas a disposición en el menor plazo posible”. También, han explicado, se pondrán a disposición de los afectados “otra serie de medidas financieras, como anticipos de indemnizaciones y líneas de financiación preferenciales”. Estas son las medidas generales, si bien cada entidad podrá tomar otras adicionales para facilitar los pagos pendientes de sus clientes. “Esperamos que estas medidas puedan contribuir a paliar los daños producidos por esta catástrofe. Con este fin, se articularán los mecanismos de coordinación adecuados entre las entidades financieras y las instituciones implicadas para establecer el acceso a estas viviendas a las personas afectadas”, concluyen.

Reclamaciones de las asociaciones de consumidores

Desde las asociaciones de consumidores se han pedido medidas más ambiciosas para ayudar a los afectados. Asufin, la asociación de usuarios financieros, ha propuesto al Gobierno la declaración de Parque Nacional de toda la zona devastada por el volcán. “Esto permitirá dos cuestiones fundamentales para los afectados: la expropiación a todos los propietarios de los terrenos, también los agrarios, y el pago de justiprecio a todos ellos que les permita empezar de cero”, afirman en Asufin. La asociación considera importante que el Gobierno tome nota del ejemplo de Islandia, a propósito del estallido del volcán Eldfell en 1973. “Las autoridades del país articularon una legislación, dos años más tarde, que obligaba a la población a estar asegurada frente al fenómeno volcánico, que pasaba a estar gestionado por un consorcio estatal ad hoc. Una iniciativa así, implantada en zonas de especial riesgo como las Islas Canarias, hubiera evitado el descalabro económico que, de momento, sufren todos afectados a la espera de que intervengan aseguradoras y otro tipo de ayudas”. Asufin también ha pedido a las aseguradoras que eliminen las cláusulas que podrían desactivar coberturas clave para los afectados: el Consorcio cubre los gastos producidos por el volcán con el límite asegurado, que habitualmente es inferior al valor de reposición de los bienes. También recuerda que los bancos son acreedores privilegiados con derecho preferente sobre las indemnizaciones del Consorcio. “Y como tal, las entidades podrían cobrar en algunos casos estas indemnizaciones para liquidar los préstamos, habida cuenta de la inviabilidad de una reconstrucción. Tenemos como precedente el terremoto de Lorca”.