La quinta ola desbarata las previsiones para el segundo verano de la pandemia
El aumento de la incidencia y las hospitalizaciones abocan a unas vacaciones con restricciones que ponen en riesgo las previsiones del sector turístico
España se lo jugó todo a una convivencia plácida con el coronavirus durante el verano y la quinta ola le ha ganado la mano. La llegada del buen tiempo sin apenas restricciones, la ampliación de horarios en la hostelería, la vuelta a la actividad del ocio nocturno y el fin de curso han propiciado una explosión de casos que arrancó en junio y aún va en aumento. Esta vez ha sido entre la población más joven y aún no vacunada donde se ha gestado una riada de positivos que ya se ha extendido al resto de la población “en forma de sábana”, según la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El país ya había pasado por esto, lamentan los expertos. La urgencia por reactivar la actividad económica y las ganas de la población han pesado más que las lecciones aprendidas en el último año, en un episodio favorecido por la confianza depositada en la buena marcha de la campaña de vacunación. Se calculó mal la magnitud de rebrote, se ignoraron las primeras señales de alerta —como los viajes de fin de curso en Mallorca— y cuando las administraciones al fin han empezado a reaccionar se han topado con un viejo problema: el rechazo de algunos tribunales a avalar restricciones.
Miguel Hernán, catedrático de Epidemiología en la Universidad de Harvard, lo resume así: “La situación actual recuerda a las anteriores porque, en el fondo, las pandemias son simples: si tienes amplios grupos de población sin inmunidad y dejas que el virus se transmita sin restricciones, lo lógico es que acabe por infectar a mucha gente”.
Rafael Cantón, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), lamenta: “Hemos repetido los errores del pasado. La presión de algunos sectores, la fatiga pandémica, la nueva variante delta, el pensar que con la vacunación esto ya se había acabado… Todo ha tenido un enorme efecto multiplicador”.
Cataluña en primer lugar y luego Castilla y León son las comunidades que más preocupan en estos momentos, según lo hablado en el Consejo Interterritorial de Sanidad celebrado el pasado miércoles. Así lo explica un alto cargo presente en el encuentro: “Las olas despegan en unas zonas y la incidencia aún es muy desigual. Pero ya hemos aprendido que sin restricciones las incidencias tienden a igualarse. Y no se puede esperar más, porque estamos cerca de otro verano perdido”.
La incidencia a 14 días en Cataluña se ha disparado de 238 casos por 100.000 habitantes hace dos semanas a 1.160, mientras en Castilla y León el salto ha sido de 111 a 863. La media nacional ha pasado en este tiempo de 130 a casi 540 casos. En algunos grupos de edad el nivel de contagios ha alcanzado cifras no vistas en toda la pandemia: uno de cada 30 veinteañeros catalanes está infectado o lo ha estado en las últimas dos semanas.
Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, lamenta ahora las voces que “decían que no pasaba nada, que el virus es inofensivo para los jóvenes”. Y da dos razones: “Primero, porque no tienen ninguna inmunidad frente al virus y ahí entran en juego las probabilidades. No es lo mismo tener 100 casos y que ninguno desarrolle un cuadro grave a que tengas un millón y algunos corran un riesgo de verdad. Y, en segundo lugar, porque el virus se extiende y alcanza a población vulnerable que aún no está completamente inmunizada”.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en España hay cerca de un millón de personas de entre 60 y 69 años pendientes de recibir la segunda dosis de AstraZeneca y otro millón de 50 a 59 años aún no ha completado la pauta, en su gran mayoría con la vacuna de Pfizer. Estos dos grupos son los que más preocupan a los responsables sanitarios: en estas dos semanas, la incidencia en ellos se ha multiplicado por casi cuatro, alcanzando valores cercanos a los 400 casos por 100.000 habitantes en algunas comunidades.
Hospitalizaciones disparadas
Las hospitalizaciones también se han disparado durante este mes, en el que se han duplicado hasta superar los 5.000 ingresados, 872 de ellos en la UCI (casi un 50% más que a principios de mes). Y con la positividad (pruebas diagnósticas que detectan el virus) por encima del 14% en España y cercanas al 20% en Cataluña, Aragón, Castilla y León y Navarra, los expertos auguran un leve repunte de la mortalidad en las próximas semanas, mucho menor que los anteriores gracias a las vacunas. Darias informó esta semana que el número de personas vacunadas con la pauta completa que contraen la infección es mínimo, de apenas el 0,15%.
Las consecuencias de la nueva ola en la economía ya se han empezado a notar. “Aún no han pasado 12 horas del anuncio y las cancelaciones nos han dejado julio y agosto como un queso gruyer. Esperamos que las verbenas [y los festivales musicales] de Cruïlla, Canet y demás hayan valido la pena porque ahora viene cuando sufriremos (otra vez)”. Este fue el mensaje colgado en Twitter el pasado martes, poco después de que la Generalitat anunciara nuevas restricciones, por la Masia Can Bachs. Se trata de un pequeño establecimiento rural de solo cinco habitaciones situado en Sant Pere de Vilamajor, en las faldas del Montseny (interior de la provincia de Barcelona). El tuit resumía el malestar de muchos ante las consecuencias de la precipitada vuelta al ocio nocturno y la celebración de grandes eventos. El consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, admitió este jueves que autorizarlos fue “una equivocación”.
“Tuvimos las primeras cancelaciones cuando Francia y Alemania recomendaron no viajar a Cataluña. Y con el anuncio, llegaron más. Para nosotros cada cancelación es un golpe, porque supone el 20% de nuestros ingresos semanales”, lamenta Jordi Queralt, dueño del establecimiento.
El sector turístico teme otro verano negro, el segundo consecutivo, lo que complica el futuro de muchas empresas del sector. “La tendencia que apuntaba a una progresiva y acelerada recuperación turística en España a partir de junio se ha visto truncada por la negativa repercusión internacional de los recientes rebrotes y elevadas tasas de contagio”, alertó el miércoles la organización del sector Exceltur en un comunicado.
Las previsiones recogidas en el texto son que “el trimestre de verano cierre con una caída del PIB turístico del 34,9% respecto al verano de 2019″, una mejora respecto a la caída de 2020 (de casi el 60%) pero peores a las realizadas solo un trimestre antes.
Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, destaca que “la quinta ola, al menos por ahora y con datos hasta el 11 de julio, no ha tenido un efecto negativo en el conjunto del gasto relacionado con el turismo”, según sus estimaciones basadas en el gasto de los clientes del banco y los registrados en sus dispositivos de cobro con tarjeta instalados en comercios y establecimientos.
“Lo que ocurra a partir de ahora dependerá mucho de la percepción doméstica e internacional de la seguridad que puede ofrecer España”, añade Cardoso. Los estudios de BBVA Research han detectado que las sucesivas olas han tenido cada vez un menor impacto en el gasto turístico. “La sociedad ha ido aprendiendo a defenderse mejor del virus y a llevar a cabo actividades seguras, algo que se ha acelerado con el avance de la vacunación”, precisa su responsable.
La irrupción de la variante delta ha sido un factor que ha contribuido a aumentar la dimensión de la quinta ola en España, pero los expertos recuerdan que el hecho de que sea más contagiosa no es el origen de la explosión de casos. Las medidas para evitar contagios (mascarillas, distancia de seguridad…), recuerdan, son igual de efectivas frente a ella.
Exceso de confianza
José Luis Alfonso, jefe de medicina preventiva en el Hospital General de Valencia, apunta: “Ha habido un exceso de confianza. Es cierto que estamos viendo que tiene una mayor contagiosidad, con una R que se sitúa entre 3,5 y 4 nuevos casos por cada persona infectada, prácticamente un punto más que las anteriores. Pero es la relajación de las medidas la que permite que el virus empiece a circular”.
Lo que ya es seguro es que España no alcanzará la prometida inmunidad de grupo este agosto. El 70% de población inmunizada considerado hace un año necesario para alcanzarla ha quedado desfasado ante las mutaciones de un virus cada vez más transmisible. Aunque no existen estimaciones precisas, la mayoría de expertos retrasan al menos hasta avanzado otoño el momento de lograrlo y elevan el porcentaje de inmunizados necesarios a más del 80%.
Hace un año, toda Europa salía aturdida del primer y brutal golpe de la pandemia y los países del continente empezaban a dar los primeros pasos hacia la entonces llamada nueva normalidad. Era el momento de hacer balance sobre lo ocurrido y en España se hacía recuento de las carencias que habían agravado la crisis: falta de inversiones, servicios de salud pública y atención primaria bajo mínimos, problemas de gobernanza del sistema sanitario, ausencia de un liderazgo claro para hacer frente a una crisis de esta magnitud…
Miguel Hernán considera que en algunos aspectos se ha avanzado mucho en los últimos 12 meses. “La vigilancia epidemiológica es mucho mejor. Los sistemas de información han mejorado y hoy se reportan los casos sin apenas retraso lo que te permite tener una foto diaria mucho más precisa de la pandemia. La capacidad diagnóstica es mucho mayor y la asistencia médica también es más adecuada porque el sistema ha sabido reorganizarse cada vez que viene una ola”, expone.
Pero quedan huecos muy preocupantes, según Hernán: “La asistencia sigue apoyándose en el sacrificio constante de los profesionales, que llevan más de un año al límite. El rastreo de contactos sigue siendo inexistente en muchos lugares, lo que impide detener los brotes a tiempo. La atención primaria y los servicios de salud pública siguen infradotados. Y queda pendiente la mejora de la gobernanza y conseguir un liderazgo científico nacional respetado por todos los actores, algo a lo que ayudaría la creación de la prometida agencia de salud pública”.
La quinta ola ha vuelto a poner el foco en la atención primaria, que lleva años sufriendo una carencia estructural de recursos y unas plantillas ajustadas, con una elevada edad media para las que no existe un relevo generacional claro. “Hace un año se hablaba mucho de que había que reforzar los centros de salud, pero solo se han puesto algunos parches y no en todas las comunidades”, se queja el presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo. “Hay mucho cansancio y desánimo entre los profesionales. Está la gran carga de trabajo, pero también lo poco que se ha tenido en cuenta el papel clave de la atención primaria para hacer frente a una pandemia. Ni se nos ha escuchado ni se nos ha tenido en cuenta a la hora de articular una respuesta adecuada”, añade.
Controversia en los tribunales
Hace un año España se enfrentaba también a otro problema que está lejos de tener resuelto: la falta de un marco jurídico que permitiera a las comunidades adoptar medidas frente a la pandemia sin temor a que fueran tumbadas en los tribunales. “La frustración de muchos gobiernos regionales se hace evidente en las reuniones del Consejo Interterritorial, que a veces son un mar de lamentos”, confirman dos fuentes participantes en esos encuentros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avaló el viernes el toque de queda solicitado por la Generalitat en los 161 municipios con mayor incidencia, algo que también han hecho los de la Comunidad Valenciana y Cantabria. Pero también esta semana, los de Canarias y Extremadura han rechazado aplicar medidas similares.
Es un enrevesado debate jurídico que se mueve entre la limitación de derechos fundamentales y la aplicación del derecho conforme a la realidad social del momento. Para los profesionales y expertos sanitarios consultados, en todo caso, la situación es “frustrante”, “incomprensible” y “no ayuda en nada a la lucha de la pandemia”.
Otros países como Alemania, con una estructura política más descentralizada que España, se han dotado en este tiempo de leyes federales que permiten al Gobierno tomar las medidas que considere oportunas ante un rebrote de la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez, que prometió cambiar hasta cuatro leyes con el mismo objetivo, finalmente no lo hizo porque consideró que “no era necesario”, explica el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista que publica este domingo EL PAÍS.
Tras el fin del estado de alarma, el pasado mayo, el Ejecutivo aprobó un real decreto ley —que modificaba la ley que regula el contencioso-administrativo— que permitía a las comunidades acudir en casación al Tribunal Supremo en caso de ver rechazadas las restricciones. Para el Gobierno esto debía ser suficiente “para evitar resoluciones dispares”, adoptar “resoluciones con rapidez” y permitir al Supremo “unificar doctrina”.
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