Juicio contra el gran “atentado” ambiental de Lanzarote
El fiscal pide 15 años de cárcel para el empresario que levantó una enorme bodega en un espacio protegido
Lanzarote bien podría servir para ilustrar dos instintos arraigados en el ser humano respecto a la naturaleza: conservarla y destruirla. La quiso conservar César Manrique, el artista fallecido en 1992, que sembró en los lanzaroteños el afán de respetar el territorio en pleno desarrollismo turístico. La quiso destruir Juan Francisco Rosa, el empresario más influyente de la isla, que construyó una enorme bodega de vinos, Stratvs, en el espacio protegido de La Geria, en el municipio de Yaiza. Esta semana ha comenzado el juicio contra él y nueve personas más en “el peor atentado medioambiental” de la isla, según palabras de la Fiscalía.
Las defensas de los acusados defienden que los delitos han prescrito, al considerar que el inicio de las actuaciones judiciales, en 2013, fue más de cinco años después de que comenzaran las obras. Para Rosa, uno de los mayores empresarios inmobiliarios y turísticos de Lanzarote, propietario del grupo de comunicación Lancelot, la Fiscalía pide 15 años de prisión y una multa de 267.000 euros por varios delitos relacionados con la agresión al territorio y con la falsedad de documento oficial. Para el arquitecto, Miguel Ángel Armas Matallana, pide 10 años de prisión y 72.000 euros.
La bodega se abrió en 2008, pero cinco años después fue precintada. Y así continúa. El proyecto empezó a gestarse en 1998 en La Geria, un espacio protegido. Lo que iba a ser la rehabilitación de una vivienda de 171 metros cuadrados y la construcción de una bodega subterránea de 900 se convirtió en un complejo de 12.000 metros cuadrados con una bodega industrial, un restaurante, una tienda, terrazas pavimentadas, cocina y aparcamientos.
La Fiscalía pide “la demolición de todo lo indebidamente construido” y “la reposición del terreno a la forma que más se asemeje a su estado originario, al ser el daño causado irreversible, a costa de los acusados”. Para que todo esto se pudiera hacer, se necesitaron responsables que dieran las licencias oportunas. En 2018, la exalcaldesa Gladys Acuña fue condenada por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio a 14 años de inhabilitación, en una pieza separada del caso que fue juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. También fue condenado otro exalcalde, José Francisco Reyes, a siete años de inhabilitación. Y Vicente Jesús Bartolomé, exsecretario municipal, a 14.
Reyes vuelve al banquillo esta vez con una petición de siete años de cárcel. Pero la Fiscalía acusa también a siete personas más, entre cargos técnicos y políticos del ámbito municipal, insular y autonómico. Este miércoles declararon siete de los diez acusados, pero no lo hizo Juan Francisco Rosa, que lo hará este jueves. Los tres técnicos de la Administración autonómica argumentaron haber autorizado el proyecto por considerarlo viable jurídicamente, y que en ningún momento creyeron estar vulnerando la ley. El arquitecto de la obra, Miguel Ángel Armas, que afirmó haberse desvinculado de la bodega en 2005 porque Rosa “quería hacer una obra muy grande”, reconoció que se había construido “un poco más de lo autorizado”. El exalcalde Reyes afirmó que no sabía bien por qué estaba allí. “No sé ni de qué se me acusa”, dijo. “Imagino que será por la licencia de obras, pero como no soy ni técnico ni jurista, dejo en manos de su señoría la decisión que se tome”.
Entre los argumentos de algunas defensas, incluida la abogada que representa a los funcionarios, está el de que no se puede considerar a La Geria un espacio protegido desde 1990, porque, en ese momento, no se hizo un plan de ordenación obligatorio que luego tampoco subsanó el plan insular del Cabildo. La abogada de la acusación popular, sin embargo, afirmó que La Geria es una zona protegida por la UE al estar incluida en la Red Natura 2000. El juicio durará hasta abril y se celebrará entre Lanzarote y Gran Canaria.
