28 universitarios de la fiesta ibicenca en una residencia de Valencia se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros

La fiesta ibicenca ilegal que tuvo lugar el 26 de septiembre en la azotea del colegio mayor Galileo Galilei de Valencia acabó sobre las 21.00 cuando un conserje la clausuró. Pero la fiesta continuó en la residencia privada en la que, posteriormente, se detectaron 131 contagios de coronavirus, lo que obligó a cancelar durante dos semanas las clases presenciales del campus principal de la Universidad Politécnica de Valencia donde se ubica. Hasta el punto de que la Policía Nacional tuvo que intervenir en dos ocasiones en aquella larga noche.

En la primera, identificó a 22 residentes metidos en una habitación doble sobre la una de la madrugada. Dos horas más tarde, los agentes volvieron al colegio e identificaron a otros seis estudiantes más en una juerga que se celebraba en otra estancia. Como en la anterior ocasión, también avisó un residente. Ahora estos 28 estudiantes, que no guardaban las distancias ni iban provistos de mascarillas, se enfrentan a multas de entre 601 y 30.000 euros, en virtud del decreto sancionador de la Generalitat por incumplimiento de las medidas para frenar la propagación del virus y según la propuesta de sanción de la policía que ha trasladado esta mañana la consejera de Justicia, Gabriela Bravo.

Y el número de posibles multas será mayor. La policía aún está identificando a los más de 50 estudiantes que asistieron a la fiesta ibicenca y, además, apunta a los responsables del colegio mayor privado y a los integrantes del órgano colegial del consejo escolar de la residencia. Bravo ha indicado que, según el informe elaborado por la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Generalitat, el director y el coordinador del Galileo Galilei tienen responsabilidad “por el total descontrol”, “inacción” y “falta de medidas”, así como el propio centro como empresa. Igualmente, ve responsables a los miembros del consejo colegial, convocantes de la fiesta, si bien luego la cancelaron por las redes sociales, según han declarado. No obstante, algunos de ellos han reconocido que asistieron a la fiesta ibicenca.

La consejera de Justicia ha advertido de que este tipo de sanción puede acarrear el cierre temporal del centro, aunque será el expediente sancionador el que determine las cuantías y las diferentes responsabilidades de cada uno en un plazo de seis meses como máximo. La consejera ha recordado que a consecuencia de este brote, la Universidad Politécnica de Valencia tuvo que suspender las clases presenciales y darlas virtualmente durante dos semanas, lo que afectó a unos 25.000 alumnos, y ha apelado a la “responsabilidad” para que no se repita que un “comportamiento incívico” ponga en riesgo la salud de todos.

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