El avance del coronavirus obliga a Cataluña a más restricciones

El coronavirus sigue ganando terreno en Cataluña y el Govern, ajeno a las críticas por falta de previsión y medios, se apresura a endurecer las restricciones para contener los focos más descontrolados. Los casos registrados en una semana —2.489 entre el 6 y el 12 de julio— se han duplicado respecto a la anterior en toda la comunidad, aunque preocupan especialmente los rebrotes en Lleida y la evolución de la pandemia en Barcelona y su área metropolitana.

Tras el veto judicial a un primer intento de confinamiento domiciliario de los habitantes de Lleida y otros siete pueblos de la comarca del Segrià, el Govern ha aprobado este martes una nueva resolución, amparada en un cambio en la ley catalana de Salud Pública, que restringe el movimiento y, en teoría, tiene más argumentos jurídicos.

En L’Hospitalet de Llobregat, con 300 casos y varios focos dispersos, el Ejecutivo regional, temeroso de la diseminación del virus por la alta densidad de población, también ha recomendado a la población de los barrios de La Torrassa, La Florida y Collblanc (100.000 personas) reducir sus contactos sociales. Además, ha ordenado limitar aforos en bares y restaurantes y cerrar teatros, cines y el ocio nocturno, entre otros.

El Govern ha movido toda su maquinaria jurídica para sortear en 24 horas la negativa judicial a su paquete de medidas, que también se ha ganado las críticas de la Fiscalía, que ha advertido de la incapacidad del Ejecutivo catalán para legislar sobre derechos fundamentales. El lunes por la noche, mediante un decreto ley, se modificó la ley catalana de Salud Pública para incluir la capacidad de tomar ciertas medidas restrictivas.

El cambio se justificó porque, si bien el estado de alarma tiene como uno de sus supuestos la atención a las pandemias, hay otra ley orgánica aún más específica, la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, pero que también tiene un enunciado muy general. Esta norma, de 1986, habilita a la “autoridad sanitaria” —en este caso la Generalitat por tener las competencias en salud— para realizar las acciones preventivas generales sobre enfermedades transmisibles y poder “adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con ellos y su entorno inmediato”. Esa ley orgánica es la misma que esgrimió la Consejería de Salud de Murcia, el pasado 13 de marzo, para confinar a los vecinos de Cartagena. En este caso no hubo ningún tipo de objeción jurídica. Con todo, la nueva resolución sobre Lleida no incluye taxativamente la obligación de permanecer en casa (algo que sí hacía la que fue recurrida) y también se fija una temporalidad, prorrogable, de 15 días.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha leído este martes partes de la resolución pero su contenido íntegro no se conocerá hasta este miércoles, cuando sea publicado en los diarios oficiales. El Govern se ha negado este martes a facilitar esta norma a los medios de comunicación. Según Budó, habrá restricciones de entrada y salida de los municipios afectados, se cerrarán bares y restaurantes al consumo en el local (solo recogida y reparto a domicilio) y la población deberá permanecer en su casa excepto para trabajar, comprar, cuidar ancianos o niños, o pasear con los convivientes, entre otros supuestos.

El nuevo paquete de medidas fue presentado a un juzgado de lo contencioso administrativo para que lo valide, pues se limita el movimiento de las personas. Budó, que ha rechazado hablar de “confinamiento domiciliario” en la zona pese a las restricciones de movilidad individual dictadas, se ha mostrado confiada en que, esta vez, no habrá inconvenientes. Desde Madrid, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado de momento que el Gobierno recurra la modificación de la normativa catalana.

No es Lleida, sin embargo, la única zona que asume restricciones por su situación epidémica. Tres barrios de L’Hospitalet de Llobregat volverán, de facto, a una especie de fase 2, tras registrar un incremento de casos. Hay 300 positivos en los últimos 15 días en el municipio, el segundo más poblado de Cataluña. El grueso de contagios se concentra en La Torrassa (pasó de 18 a 62 casos en una semana), Collblanc (de ocho a 36) y La Florida (la zona norte, de 11 a 30; y la sur, de siete a 27). Allí se recomienda —pero no ordena— limitar los contactos sociales, se restringe al 50% el aforo dentro de bares y restaurantes y cierran discotecas, teatros, cines y eventos deportivos.

El Govern se ha aprestado a tomar medidas en el área metropolitana para intentar sortear el descontrol que se produjo en Lleida por falta de previsión. La consejera de Salud, Alba Vergés, ha dicho este martes que se han reforzado los equipos de Salud Pública de toda Cataluña, pero no ha concretado con cuántos profesionales, ni siquiera en la zona de L’Hospitalet.

Críticas

Las quejas a la gestión del Govern siguen arreciando. Sobre todo en Lleida ciudad y los siete municipios con restricciones (Alcarràs, Aitona, Seròs, Soses, La Granja d’Escarp, Massalcoreig, Torres de Segre y las entidades municipales de Sucs y Raimats), que este miércoles se volverán a despertar sin tener claro qué pueden hacer o no. “Nos envían continuamente informaciones contradictorias y al final todo es una gran incoherencia y una mentira. Nos piden autoconfinarnos, nos meten el miedo en el cuerpo, pero ni el Ayuntamiento, ni el resto de Administraciones ofrece ninguna ayuda ni a los comerciantes ni a la hostelería”, protesta Josep Maria Muñoz, de la plataforma Som Veïns de Lleida. Este vecino denuncia la ausencia de ayudas a los temporeros de la fruta, principales víctimas de los brotes y en situación de especial vulnerabilidad. “De nada servirá que el resto de la población se confine mientras los más vulnerables sigan en las calles porque seguirá la transmisión comunitaria”.

Coincide Carmen Guerrero, presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de la Bordeta de Lleida: “Estamos indignados porque no nos están diciendo la verdad. Estuvimos primero confinados, luego salíamos a la calle respetando franjas horarias, luego distancias de seguridad y mascarillas para volver ahora a la casilla de salida. Todo esto más la irresponsabilidad de las Administraciones provocará que los negocios vuelvan a cerrar y muchos no volverán a abrir. Será el caos”.

En medio de los vaivenes del Govern en la toma de decisiones, algunos alcaldes del Segrià han reclamado esta semana más información y concreción en las medidas que afectan a sus municipios. “Sobran entes y burocracia que ralentiza las cosas. Hay que ser más prácticos”, advierte Manel Ezquerra, alcalde Alcarràs. El regidor rechaza el confinamiento en el domicilio. “Creo que no hace falta, sino una fase 2. Eso alertaría a la ciudadanía. Si se explican bien las cosas, la gente lo entiende, pero hay que saber comunicar de forma eficaz desde el Govern”, lamenta. Montserrat Jové, alcaldesa de Massalcoreig, también está en contra del encierro porque los tres casos en su municipio ya han sido dados de alta. “No me gustaría un confinamiento en casa o que nos cierren los bares. Estamos bien y no hemos tenido más problemas”, apunta.

Con información de A. L. Congostrina.

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