La Iglesia, entre el poder terrenal y las catacumbas
División entre los obispos que sienten que el estado de alarma cercena la libertad religiosa y los que lo ven necesario
¿Ha pretendido el Gobierno encerrar en las catacumbas a la Iglesia mediante el estado de alarma? Lo dicen algunos obispos, dolidos por no poder celebrar misas ante sus fieles e indignados por intervenciones policiales en algunos templos. También hablan de persecuciones. Sin embargo, los calificativos más gruesos se han desatado en el propio seno del catolicismo español, radicalmente dividido entre conservadores y reformistas. “Cardenales cobardes”, “cierre patronal de iglesias”, “sumisión ovina de la Conferencia Episcopal ante el poder terrenal”, “procesiones ilegales”, “curas tridentinos”, “herejías doctrinales”, han sido algunos de ellos. La fractura se percibe sobre todo en los medios católicos, donde los obispos liberan sus discrepancias en cartas pastorales semanales.
Uno de los más explícitos ha sido el arzobispo de Oviedo, el franciscano Jesús Sanz Montes. Es miembro de la Comisión Ejecutiva episcopal y disputó la presidencia al cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. “Acatamos las directrices que nos dan, pero no permitiremos que nadie conculque torticeramente, con la disculpa de una pandemia, nuestros derechos humanos y constitucionales, entre los que la libertad religiosa no es el menor. Nuestras iglesias no son catacumbas para la censura”, dice.
El arzobispo execra sobre todo las intervenciones policiales en parroquias e, incluso, en una catedral en plena celebración eucarística. “Son espacios sagrados, por lo tanto, exentos, donde se siguen las medidas que las autoridades sanitarias han dictado. No procedía una disolución como si se estuviera delinquiendo en una catacumba clandestina”. El grupo parlamentario de Vox en el Congreso presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y acusa al Gobierno de violar la libertad religiosa, entre otros derechos fundamentales, por esas actuaciones.
“Impedir el culto es dictadura”, claman los obispos italianos. Comparan la prohibición de las misas públicas con la persecución del culto en el Imperio Romano en los tres primeros siglos del cristianismo. Se escuchan las mismas críticas en España. Pero ha sido el Papa quien ha pedido a sus jerarcas que obedezcan a las autoridades en el combate contra el coronavirus. También lo ha hecho la Conferencia Episcopal Española, que ha publicado un dictamen sobre cómo cumplir con el estado de alarma. Su presidente, el cardenal Omella, conversa con frecuencia con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, católico practicante, y negocia esta semana para recuperar la actividad eclesiástica. También ha dialogado con el presidente, Pedro Sánchez, para expresarle “toda la disponibilidad de la Iglesia para ser factor de cohesión, y no de división”.
Descalificaciones
La versión, que procede de fuentes socialistas, le ha costado al cardenal severas descalificaciones, por actuar “más como burócrata civil que como pastor”. Ha sido el portavoz de la CEE, el obispo Luis Argüello, quien ha dado explicaciones. “Hemos llamado a quedarse en casa y los templos en muchos lugares han estado cerrados, pero la Iglesia se ha mantenido abierta con una creatividad pastoral extraordinaria. El decreto del estado de alarma permite el culto, pero no la asistencia al templo. Pero ni siquiera en el estado de excepción puede suprimirse la libertad de culto”, subraya. También ha opinado sobre el desalojo policial de la catedral de Granada el pasado Viernes Santo, por el que la asociación Abogados Cristianos acusa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de delitos contra la libertad religiosa. “Es una actuación policial legítima en la calle, desmedida en los templos”, sostiene Argüello.
Las acusaciones de persecución religiosa a manos de gobernantes de izquierdas, temerosos muchos obispos de que se aproveche el estado de alarma para cercenar libertades fundamentales de los católicos, han sido rebatidas por José Francisco Serrano Oceja, exdecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Pablo-CEU y exmiembro de la comisión de Libertad Religiosa en el Ministerio de Justicia. “No estamos perseguidos, estamos ausentes, que no es lo mismo. La cuestión es cómo hacerse presente. Sabemos la procedencia ideológica de algunos que sí puede que estén en eso. Pero son minoritarios. Lo que ocurre es que estamos ante una prueba más de la dinámica de irrelevancia social de la Iglesia. Esta pandemia ha pillado a todo el mundo desprevenido. Se percibe con más claridad cuál es la medida de cada cual. Si no es por el papa Francisco, que lo llena todo, en algunos países la Iglesia hubiera pasado prácticamente inadvertida”.
¿Disputas entre “teologuchos”?
El simple debate escandaliza en algunos sectores, no al obispo de Córdoba, Demetrio Fernández: “Si un familiar sale a comprar o va a la parroquia, el párroco podrá darle la sagrada forma para que, llevada con el máximo respeto, comulguen los de su casa, como se ha hecho en tiempo de guerra”. El cardenal Robert Sarah, prefecto de la Pontificia Congregación para el Culto Divino, rechaza la idea. “No, no, no es posible. Dios merece respeto. Nadie acogería a la persona que ama en una bolsa. La respuesta a la privación de la Eucaristía no puede ser su profanación”.
“No entiendo cómo los sacerdotes que presiden eucaristías virtuales no aconsejan a los fieles que tomen pan y vino”, dice la teóloga Isabel Gómez Acebo. El jesuita Juan Masiá, ex profesor de Bioética en la Universidad de Comillas explica que administró “la extremaunción a moribundos por el móvil desde Japón”. Y José Ignacio González Faus, también jesuita, ha dado “dos absoluciones por el móvil”.
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