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El Senado de Brasil aprueba una renta básica para los más pobres por la crisis del coronavirus

Bolsonaro niega la gravedad de la pandemia, centraliza la información e intenta reducir las comparecencias de su ministro de Sanidad

Personas sin hogar esperan ayuda durante la pandemia de Coronavírus este lunes, en Río de Janeiro (Brasi).
Personas sin hogar esperan ayuda durante la pandemia de Coronavírus este lunes, en Río de Janeiro (Brasi).Antonio Lacerda (EFE)

El Senado de Brasil aprobó este lunes por unanimidad un proyecto de ley que establece la aplicación urgente de una renta básica de 600 reales (115 dólares) para ayudar a las familias con bajos ingresos ante la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus. La medida durará tres meses, prorrogables y todavía necesita la aprobación del presidente Jair Bolsonaro. Aunque el mandatario ha negado la gravedad de la pandemia, que ya se ha cobrado 159 vidas y ha infectado a 4.579 personas en Brasil, a la vez lucha por tener un papel preponderante en el combate de la enfermedad. Los desafíos del Gobierno son mucho mayores que el simple control de la imagen: lo más inmediato es buscar soluciones logísticas para implementar el pago del subsidio.

Mientras los senadores votaban sobre la propuesta de la renta básica, representantes de seis Ministerios daban una rueda de prensa. Fue el debut de un formato que tiene el objetivo de descentralizar la atención sobre el ministro de Sanidad, Luiz Henrique Mandetta. Esta decisión fue tomada después de que Mandetta indicara que seguiría las orientaciones “científicas” en lugar de las decisiones políticas y negacionistas del presidente. El pulso entre el ministro y el presidente se debe a que Bolsonaro quiere que los Estados y Ayuntamientos suspendan el aislamiento social, mientras que Mandetta sugiere que se mantengan las medidas de contención. “Las acciones siguen siendo técnicas y científicas”, ha afirmado en varias ocasiones el ministro.

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America Latina, a la espera del impacto del coronavirus con actitudes muy dispares

El pasado domingo, Bolsonaro no siguió las orientaciones médicas - de nuevo - y se paseó por los mercados y centros de vendedores ambulantes de las afueras de Brasilia. El presidente saludó a los ciudadanos de la zona, no mantuvo la distancia social recomendada y reforzó su tesis de que lo importante es la economía. Bolsonaro consideró incluso deponer al ministro Mandetta durante el fin de semana, pero no lo hizo porque sus consejeros le advirtieron de que podría afectar la evaluación de su Gobierno en plena crisis económica y sanitaria. El general Walter Braga Neto, ministro de la Casa Civil (Presidencia), trató de reducir el problema: “No existe la idea de destituir al ministro Mandetta. Está fuera de discusión, de momento”. También dijo que la decisión de repartir la rueda de prensa no era política, sino para fortalecer la transparencia. Mandetta bromeó respondiendo: “En política, cuando se dice que no existe, se está diciendo que existe”.

Carrera contrarreloj

En cualquier caso, el Gobierno intenta conseguir rédito político con el hecho de que la renta básica de emergencia pueda llegar a los 1.200 reales (231 dólares) por familia. La propuesta inicial preparada por el equipo del ministro de Economía, Paulo Guedes, preveía el pago de 200 reales (39 dólares) mensuales durante tres meses o mientras durara la epidemia en Brasil. Sin embargo, los diputados cambiaron el proyecto aumentando la cuantía a 500 reales (96 dólares) y el Gobierno ofreció otros 100 reales (19 dólares). Al final, todos se atribuyeron el mérito de estos cambios: la oposición denunció que el Gobierno solo aumentó el valor debido a la presión, mientras que los aliados aseguraron que fue una propuesta de Bolsonaro.

“Parecía la cuenta de la panadería, solo para conseguir protagonismo. No me importa quién esté en la foto. Lo que importa es que la comida llegue a mesa de los brasileños”, afirmó el senador Alessandro Vieira, del partido Ciudadanía, el redactor de la propuesta en el Senado. Vieira estima que unos 117 millones de personas pueden beneficiarse con la medida.

El desafío del Gobierno, ahora, será efectuar este pago en un escenario en el que ya se están produciendo despidos y que las búsquedas en internet sobre el paro han batido récords en los últimos siete días, según la consultora Bites. Es una carrera contra el tiempo, para mitigar los efectos de la crisis, que ya se siente entre los trabajadores autónomos. El ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni, no quiso establecer un plazo para el inicio del pago del subsidio. “En el menor tiempo posible podremos atender a todos los afectados”, dijo. Se estima que se destinarán a este subsidio unos 14.400 millones de reales (2.772 millones de dólares).

“El Gobierno ha tenido tiempo para prepararse. Ahora, le exigiremos que haga lo que le toca", dijo la congresista Tabata Amaral, del Partido Democrático Laborista. Hace poco más de un mes, Brasil registró su primer caso, mientras que otras partes del planeta ya sentían el impacto de la enfermedad en la sanidad y las finanzas. Tan solo el 18 de marzo, el Gobierno anunció una medida provisional para ayudar a la población más pobre.

Según el proyecto cada adulto con un nivel de renta baja (medio salario mínimo per cápita) podrá cobrar 600 reales (115 dólares) durante tres meses o mientras dure la crisis de la Covid-19. Las familias con dos trabajadores o con madres solteras cobrarán 1.200 reales (231 dólares). El subsidio está destinado a trabajadores informales, autónomos, desempleados y microemprendedores.

En comparación con la propuesta aprobada en la Cámara de los Diputados, el Senado ha realizado algunos cambios importantes: ha incluido trabajadores intermitentes, garantiza la sustitución automática del subsidio del Bolsa Familia por la renta básica de emergencia y asegura que los desempleados (incluidos los que están perdiendo el empleo ahora) recibirán la nueva ayuda. Los que ya cobran el paro están excluidos. Además, el Senado aprobó un proyecto de ley que autoriza la distribución de comidas escolares a los padres o tutores de niños y adolescentes que se han quedado sin clases debido a la pandemia. La medida se considera un alivio para la población en extrema pobreza.

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