“El Estado es responsable de la violencia contra las mujeres”
Sayuri Herrera asume el puesto de una fiscalía de recién creación con espíritu reformador en medio de una ola de violencia contra las mujeres que aumentó en Ciudad de México un 58%
Sayuri Herrera (Ciudad de México, 1981) es la nueva fiscal que investigará y perseguirá los delitos de feminicidio en Ciudad de México a partir del 30 de marzo. Su nombramiento llega después de que los asesinatos de mujeres en la capital subieran un 58% en 2019 y de que se activase la alerta de género, una herramienta para adoptar medidas de protección para las víctimas. En todo el país se registraron 1.006 feminicidios aunque algunas organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 3.000. “Hay una crisis de feminicidios que se enmarca en una crisis de derechos humanos generalizada”, dice Herrera, experta en Derechos Humanos y feminista. La nueva fiscal ha peleado algunos de los casos de violencia machista más importantes de los últimos años. Su defensa del feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, la joven asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México, acabó en condena para el asesino después de una dura batalla legal. La sentencia asestó un golpe certero a la impunidad en México y marcó un precedente en la impartición de justicia para las mujeres.
Pregunta. La impunidad en México supera el 90%, también en los delitos contra las mujeres, ¿por qué sucede esto?
Respuesta. México es el país de la impunidad, tanto que se ha permitido que perpetradores continúen en libertad y ocupen cargos políticos. El más evidente es el del expresidente Enrique Peña Nieto con Atenco. Hay impunidad política, histórica y social porque la sociedad también responsabiliza a las mujeres de lo que les pasa. La impunidad es la norma. Nosotras tenemos que poner el acento en que ninguna mujer es responsable de la violencia que vive, solo es responsabilidad del agresor y del Estado por no promover los derechos de las mujeres.
P. ¿Qué peso tiene el papel de policías, peritos, jueces y fiscales?
R. El machismo ha permeado en todo tipo de instituciones. Muchos servidores públicos justifican la violencia, la minimizan y esos delitos son clasificados como homicidios cuando en realidad son feminicidios. No se investiga con perspectiva de género y las investigaciones están cargadas de estereotipos y prejuicios. Como abogada he podido comprobar la violencia institucional. Se desatiende la sentencia de la Suprema Corte que dice que cualquier muerte violenta de una mujer, aún cuando parece un suicidio, debe ser investigada como feminicidio.
P. ¿Qué es lo que más urge cambiar en medio de esta ola de feminicidios?
R. La corrupción, la indolencia y la falta de compromiso. Los ministerios públicos han normalizado que esto le ocurra a las mujeres y les lleva a un grado de indolencia y falta de interés que les hace negligentes y poco cuidadosos.
P. ¿Por eso se crea esta fiscalía?
R. Se crea a raíz de una batalla importante del movimiento de mujeres, víctimas y madres donde logramos exponer que no se estaba actuando con la debida diligencia, que se partía de estereotipos para investigar y no se procesaban las escenas del crimen donde eran encontrados los cuerpos de las mujeres.
P. ¿Cómo llega al cargo?
R. Tengo un sentido de urgencia que no comparten diversos funcionarios, ministerios públicos y peritos, pero es el sentido de urgencia que he visto en las madres [de víctimas y desaparecidas]. Ellas no pueden esperar más. El clamor que escuchamos en la calle el 8 de marzo amerita respuestas contundentes y me parece que nombrar una titular y no darle condiciones para trabajar es lo mismo que no tener nada.
P. ¿Qué recursos necesita?
R. Para empezar no son suficientes las 19 personas que trabajan hasta ahora. Se requiere presupuesto y el equipo es fundamental. Necesito por lo menos el doble de personas. No todos los que trabajan actualmente cuentan con perspectiva de género, ni conocen el sistema de justicia acusatoria y varios tienen quejas en derechos humanos y denuncias en su contra. Proponemos ampliar a cuatro las agencias de atención a las mujeres y dar acompañamiento psicosocial a víctimas, madres y huérfanos de feminicidio.
P. ¿Cuáles son sus objetivos de aquí a un año?
R. Que esté el equipo y las unidades formadas. También vamos a crear una unidad de contexto que analice la incidencia criminal, los delitos de género (también la trata y la violación) para que sepamos quienes cometen los delitos y si la delincuencia organizada está involucrada. Eso tiene que empezar a traducirse en que los casos que ya tenemos, puedan ser judicializados.
P. ¿Y que aumenten las condenas?
R. Deben de aumentar las sentencias condenatorias. La idea es que tengamos casos claros, contundentes e irrefutables de que se trata de un feminicidio, después les toca a los jueces aplicar la ley y que se comprometan con la erradicación de la violencia hacia las mujeres.
P. El último año aumentaron las denuncias, pero no las condenas, ¿por qué sucede esto?
R. Hay una resistencia por parte de los jueces a aplicar el tipo penal de feminicidio. Malentienden la perspectiva de género como si fuera privilegiar a las mujeres cuando significa que mires las cosas con equidad e imparcialidad. Uno de los problemas que existen es que no hay consecuencias para los jueces que no aplican el tipo penal de feminicidio como en el caso de Abril Pérez. Se cubren la espalda unos a otros entre policías, ministerios públicos, peritos y jueces para tratar de diluir sus responsabilidades.
P. ¿Qué opina de que el presidente López Obrador haya dicho que no va a cambiar su estrategia contra los feminicidios?
R. Lo que ya se está haciendo es lo que nos llevó al punto en el que estamos. No es suficiente. Creo que el movimiento feminista exige políticas públicas de emergencia. Este Gobierno, de manera más cercana y asertiva, declaró que habían llegado tarde. Igual que el de Peña Nieto y Calderón, que fueron omisos.
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