¡Venga el desacato!

El clamor del poder judicial contra la crítica a la sentencia del Supremo que ha condenado a Baltasar Garzón da que pensar si el estamento judicial añora los tiempos en que existía el delito de desacato. La coincidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Gobierno, permite adivinar una alianza entre la casta de los jueces y el Ejecutivo conservador, al que poco le costaría —si se lo pide la magistratura— incorporar a su paquete de ultrarreformas la recuperación de aquel tipo penal que tanto orden y concierto impuso en la opinión pública: cualquier ataque a la autoridad judicial “de hecho o de palabra, en su presencia o en escrito que les dirijan” podía incurrir en desacato.

 Desde la presidencia del TS y del CGPJ, Carlos Dívar, un personaje untuoso, calificó como “de todo punto inaceptables” lo que él denominó “ataques” al Supremo, que evaluó como “un grave atentado al Estado de derecho”. Dívar invocó “la cantidad de recursos que tiene el poder judicial para corregir sus propios defectos”, mientras que los políticos, que “se equivocan en bastantes ocasiones”, dijo, carecen de ellos. Desconoció que los políticos se someten periódicamente a procesos electorales en los que los depositarios de la soberanía nacional les votan o rechazan, mientras que los jueces basta con que superen la memorística oposición para que dispongan sobre la libertad y hacienda de sus conciudadanos.

La coyuntura es enteramente apropiada para resucitar el delito de desacato. Los parlamentarios, que desde 1985 elegían a los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ, van a ceder esa función —según los planes del Gobierno— a los propios jueces. Con ese modelo de autogobierno corporativo, solo queda que desde la opinión pública se critique el trabajo de los jueces. Y eso se puede solucionar recuperando el desacato.

Este periódico conoce bien las consecuencias. Antes de que la democracia lo aboliera, el primer director de EL PAÍS fue condenado a tres meses de cárcel por desacato a la autoridad judicial, a pesar de lo cual el diario siguió opinando: “Hay todavía jueces por los que no parece haber pasado la transición democrática”. Menudearon los procesamientos por cuestiones como criticar al tribunal que había inhabilitado durante 32 años a la directora de una revista que publicaba desnudos; publicar un informe sobre anticonceptivos; hacerse eco de un comunicado de la clandestina Justicia Democrática, o exponer la represión en las cárceles. ¡Adelante, pues, el desacato! Estamos preparados.