Brasil extraditará en 60 días a uno de los asesinos de la matanza de Atocha
Carlos García Juliá, prófugo desde hace un cuarto de siglo, ha agotado todos los recursos judiciales para evitar su entrega
Brasil ha notificado a España que la extradición de Carlos García Juliá, condenado a 193 años de cárcel por la matanza de Atocha poco después del fin de la dictadura franquista y prófugo desde 1994, ha sido concedida. Reclamado para que cumpla lo que le reste de pena, el plazo para la entrega es de 60 días desde el pasado jueves, cuando la Embajada de España en Brasilia fue informada. El antiguo militante ultraderechista ha agotado todos sus recursos judiciales en Brasil para evitar ser extraditado a España.
El Tribunal Supremo de Brasil autorizó inicialmente la extradición el pasado agosto, pero el preso presentó varias apelaciones que fueron rechazadas hasta que el 26 de diciembre dio por cerrado el recorrido judicial del caso en este país, según ha confirmado una portavoz del tribunal. Su abogado defensor, Daniel Mourad Majzoub, ha declarado a este diario que la repatriación está pendiente de la firma del presidente brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro. De todos modos, fuentes del Ministerio de Exteriores brasileño han explicado que el presidente Bolsonaro ya ha autorizado la extradición, que el preso está "apto para la extradición" y que ahora solo resta que Interpol de ambos países organice los detalles logísticos del traslado.
El español fue detenido hace 13 meses en São Paulo tras una fuga de décadas que le llevó también a Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Venezuela. El condenado, que perpetró la matanza de Atocha con otro ultra a los 24 años, tiene casi 70. Es reclamado para que cumpla los 3.855 días que le restan de los 30 años de pena máxima que le fue impuesta en los años ochenta por matar a cinco personas en un bufete de abogados laboralistas Madrid, intento de asesinar a cuatro más y por tenencia de armas. Era militante de la formación ultraderechista Fuerza Nueva. Cuando fue detenido, en diciembre de 2018, García Juliá vivía en São Paulo con residencia legal bajo una falsa identidad venezolana y trabajaba como conductor de Uber. Tiene pareja y una hija, según Mourad.
García Juliá está encarcelado desde su detención en un ala de la superintendencia de la policía de São Paulo destinada a los presos inmersos en procesos de extradición.
“La estrategia desde el principio fue ganar tiempo”, explica el abogado Mourad, que sostiene que por cada día que su cliente pasa encarcelado en Brasil -o cuando estuvo preso en Bolivia por un delito de drogas- se computa como tres días de pena en España. Asegura que esas cuentas se apoyan en el precedente del Dioni, un famoso atracador de bancos que también se refugió en Brasil.
El abogado defensor sostiene que la firma del presidente Bolsonaro no es un mero trámite y recuerda el caso del ultraizquierdista Cesare Battisti, que tras ser condenado por cuatro asesinatos en los sesenta se refugió en Brasil. El entonces presidente, Lula da Silva, se negó a entregarlo a Italia. Fue un caso muy sonado en Brasil que Bolsonaro ha utilizado de manera reiterada para acusar a Lula y al Partido de los Trabajadores de amparar a terroristas. Mourad desliza que Bolsonaro “es un militar de ultraderecha”.
El militante ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la matanza en la que en 1977, dos años después de la muerte de Franco, fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid. El bufete estaba en la céntrica calle Atocha.
El condenado, quien cumplió tan solo 14 años de prisión, se encontraba prófugo desde la década de los noventa, cuando obtuvo la libertad condicional y escapó a América Latina, donde se le perdió la pista hasta que fue arrestado en diciembre de 2018.
El asesino de los abogados de Atocha ha estado todo el año litigando ante el Tribunal Supremo de Brasil para intentar evitar su entrega a España, donde, según las cuentas que hace su letrado, ya habría cumplido los días que le restaban de pena cuando huyó de España y debería quedar en libertad.
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