La cúpula de Interior con el PP premió a un confidente clave en la guerra sucia contra Podemos
El 'número dos' de Fernández Díaz firmó un permiso de residencia a un venezolano que suministró informaciones no acreditadas contra Iglesias
La cúpula del Ministerio de Interior concedió el 11 de abril de 2016, en la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP), un permiso extraordinario de residencia en España a un confidente venezolano clave en la guerra sucia abierta por la policía patriótica contra Podemos. Así consta en un documento presentado ante notario, dado como válido por dos tribunales de Madrid, cuya veracidad confirman fuentes policiales y que el partido de izquierdas ha pedido incorporar al caso Villarejo en la Audiencia Nacional. El confidente suministró informaciones no acreditadas contra la tercera fuerza política del país.
El documento de Interior recoge cómo el ministerio decidió conceder a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, una autorización de residencia en España durante un año por "circunstancias excepcionales" debido a "razones de colaboración con las autoridades policiales". Aunque el permiso de residencia, firmado por el entonces número dos de Fernández Díaz, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, no detalla cuál fue el tipo de cooperación, el propio Arias declaró ante notario que desde febrero de 2016 trabajaba como "informador" para la Policía española, "aportándole todo tipo de documentos" sobre el dinero que supuestamente el Gobierno de Venezuela había entregado supuestamente a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias, en este caso, a través de una cuenta de Euro Pacific Bank en las Islas Granadinas, un paraíso fiscal. La información nunca fue verificada.
"Toda esta colaboración ha sido autorizada y requerida por el Ministerio de Interior del Gobierno de España", añadió Arias, que se presentó como la fuente que aportó a la Policía varios informes sin verificar sobre pagos irregulares a Podemos, presuntamente elaborados por los servicios secretos cubanos y el Gobierno de Venezuela, cuyo contenido acabó publicado posteriormente en el periódico digital Ok Diario. Según el confidente, fue la policía quien filtró esos documentos al diario dirigido por Eduardo Inda. Además, el redactor que firmó la noticia, publicada el 6 de mayo de 2016, reconoció ante un juez que Arias era una de sus fuentes. En ese momento, Podemos estaba en pleno auge y, tras las elecciones celebradas en diciembre de 2015, era una fuerza decisiva para la formación de Gobierno.
La versión del confidente fue aportada como prueba por el diario digital en el proceso judicial abierto a raíz de una denuncia de Iglesias, que siempre ha negado la veracidad de los hechos, contra el periódico de Inda. El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid y la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que no entraron a valorar si el contenido publicado era cierto o no, dieron por bueno el documento de Interior en el que se le concedía a Arias la residencia el 11 de abril de 2016, apenas un mes antes de que se publicara la información en el digital. Fuentes policiales también han confirmado este jueves a EL PAÍS la concesión de la residencia al venezolano.
En enero de ese mismo año, Ok Diario también dio la primera noticia sobre el bautizado como Informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias SA), un falso documento policial vinculado a la brigada patriótica, donde se afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al líder de Podemos para lanzar su carrera política. Ese informe está siendo investigado actualmente en la Audiencia Nacional en el marco del caso Villarejo.
Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad y diputado del PP en esta legislatura, explicó este jueves a EL PAÍS que la concesión de permisos extraordinarios de residencia entraba dentro de sus competencias, pero no recuerda el nombre de Arias. "Me imagino que, como en tantas otras ocasiones, me pasan un expediente por el motivo que sea y, si viene propuesto por la policía, pues yo lo firmo. Lógicamente", dijo Martínez.
La brigada patriótica fue un grupo creado en el seno de la Policía Nacional en la etapa del ministro Fernández Díaz supuestamente para perseguir a rivales políticos. Manuel García-Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, investiga ahora si este grupo —al que pertenecía el comisario José Manuel Villarejo— se encuentra detrás de la guerra sucia contra Podemos. "Se trata de una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios", denunció el miércoles Iglesias, tras declarar como perjudicado en la Audiencia.
Un 'pendrive' con datos
Según detalló el abogado del propio Villarejo, la policía intervino al comisario jubilado un pendrive con los datos derivados del volcado del móvil de una colaboradora del líder de Podemos, que denunció en 2016 el robo del teléfono. En este había información política y personal. Y parte de esta última (mensajes privados intercambiados en un chat interno del partido en los que hacía referencia a una presentadora de televisión) también fueron reproducidos poco después en OK Diario.
En un escrito presentado el pasado 11 octubre en la Audiencia Nacional, Podemos solicitó al juez que investigase si entre la documentación intervenida en el caso Villarejo consta también la autorización de residencia otorgada al confidente Arias, firmada por Francisco Martínez y dos responsables de la Comisaría General de Extranjería. Además, pedía que se averiguase si los investigadores habían hallado la supuesta documentación de los servicios secretos cubanos y el Gobierno venezolano aportados por el confidente. Según fuentes jurídicas, el entonces juez instructor, Diego de Egea, autorizó la práctica de estas diligencias días después.
