Bárcenas, el memorioso
El comisario José Luis Olivera, a la izquierda.
Luis Bárcenas y su letrado en agosto de 2012, Alfonso Trallero.
Luis Bárcenas, como Funes el memorioso, el personaje del cuento de Jorge Luis Borges, recupera poco a poco con precisión los detalles. Comparte con Funes el retiro y la vida en la sombra. Pero mientras Funes necesita un año para recordar algunos días, Bárcenas no tiene problemas para el recuerdo; en cambio supedita la difusión de los mismos a su estrategia procesal.
En un cuaderno de papel cuadriculado, Luis Bárcenas va escribiendo en la cárcel de Soto del Real escenas que desarrollan algunos aspectos de la contabilidad B cuya llevanza estaba a cargo de él mismo y de Álvaro Lapuerta.
Antes de las pasadas Navidades, algunas de esas escenas estaban listas.
En una de ellas, Bárcenas relata cuáles fueron las razones para que su abogado, Alfonso Trallero, se aviniera a escribir el 27 de agosto de 2012 una carta al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ex senador y ex diputado del PP por Palencia. A espaldas del juez instructor Pablo Ruz.
He aquí el contexto.
Bárcenas ha sido imputado nuevamente a mediados de marzo de 2012, después de que el juez Antonio Pedreira decretase su sobreseimiento provisional el 1 de septiembre de 2011. Pedreira no podía dictar ese auto porque la causa ya no estaba residenciada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Audiencia Nacional pone de relieve esa imposibilidad en un auto de la sección cuarta de lo Penal el 14 de marzo de 2012 de la que es ponente la magistrada Teresa Palacios.
La causa Gürtel ya la está instruyendo el juez Pablo Ruz.
Bárcenas hace contactos con el PP y se le aconseja que sus letrados envien una carta al director de la Policía. Miguel Bajo y Alfonso Trallero son sus letrados en aquella época.
A Bajo le parece un acto procesal de riesgo. Porque se hace a espaldas del juez. Pero él y Trallero son persuadidos por su cliente de que es conveniente.
En la carta, Trallero le solicita a Cosidó que se dirija a la Policía Judicial (UDEF) para que se realice un nuevo informe en el que se establezca que Luis Bárcenas no es el Luis el Cabrón, un apodo que aparece varias veces en la contabilidad de las empresas de Gürtel. Según los informes de la UDEF se le ha entregado a Luis Bárcenas alias Luis el Cabrón del orden de 72.000 euros. En sus declaraciones del 22 de julio de 2009, ante el magistrado Francisco Monterde, en el Tribunal Supremo, Bárcenas insiste una y otra vez en que Luis el Cabrón existe, que es otra persona, pero no él.
Cosidó envia la carta de Trallero a la Policía Judicial. Y ésta se la reenvía al juez Ruz.
Hasta entonces Bárcenas no es una persona relevante para la instrucción de Gürtel que está llevando adelante Ruz. Vamos, que no es uno de los personajes centrales de la trama.
Eso sí, el juez ha confirmado primero la imputación de la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, en abril de 2012. Al presentarse a declarar ante el juez, el 15 de mayo de 2012, Bárcenas consigue que desde altas instancias de la Policía se instruya al cuerpo de Seguridad de la Audiencia Nacional para permitir un trato preferente a su esposa que es autorizada a entrar en coche por el garaje.
Esta operación se hace, según confirman el juez Ruz, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, y el juez decano, a sus espaldas.
En relación a Bárcenas, la primera actuación de Ruz tiene lugar el 13 de julio de 2012, al dictar un auto en el que rechaza el archivo de la causa solicitado por la defensa de Bárcenas, entre otras cosas, porque, sostiene el juez, está pendiente de llegar la comisión rogatoria enviada a Suiza. Premonitorio a seis meses vista (la primera comisión rogatoria llega en diciembre de 2012).
El juez conoce el asunto de la carta al director general de la Policía el 13 de septiembre de 2012, unos días antes de tomarle declaración a Bárcenas acerca del delito fiscal presuntamente que se imputado a su esposa.
Pide informe a la Fiscalía Anticorrupción sobre la carta antes de dictar un auto.
El 18 de septiembre, pues, Bárcenas declara ante el juez.
Y el 24 de septiembre, Ruz dicta el auto sobre la carta.
Puntualiza que la carta "se cursa directamente ante el director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, sin que el juez pueda valorar la pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada".
Esa conducta añade "se sitúa voluntariamente extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que legalmente tiene conferida".
El juez enfatiza que "la iniciativa no tiene encaje, cabida o justificación alguna en nuestro vigente sistema procesal apartándose de las reglas de buena fe". El instructor califica la maniobra como una "patente irregularidad procesal cuando a la autoridad policial se le solicitan determinadas diligencias que, de forma palmaria y evidente, tienen indudable afectación en relación al objeto del proceso pudiendo llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder".
El juez ordena a la UDEF, por tanto, "abstenerse de practicar cualquier diligencia relativa a la solicitud presentada".
Bárcenas comienza con mal pie su "relación" con el juez Ruz.
Bárcenas explica ahora en su relato el por qué de esa carta. Bárcenas pide que se investiguen esos hechos.
La historia arranca, según el relato del ex tesorero, inmediatamente después de su imputación por la Audiencia Nacional. Tanto en La Moncloa como personas próximas a Javier Arenas en el PP, sugieren al ex tesorero que se dirija a Cosidó.
En Moncloa, quien lleva la gestión es María González Pico, directora de gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
González Pico hace gestiones para que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, facilite los contactos. El ministro interviene y le sugiere dar algunos pasos al entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Otras personalidades de fuera del Gobierno, que han intervenido más tarde en gestiones relacionadas con el finiquito del ex tesorero en el PP, acojen la petición de Bárcenas y se la trasladan a Fernandez Díaz.
Todo este proceso lleva a una reunión entre el comisario José Luis Olivera, a cargo de la UDEF hasta hacía pocos meses, primeros días de julio de 2012, y Alfonso Trallero, abogado de Luis Bárcenas. El encuentro tiene lugar en el bar restaurante Milford, en la madrileña calle de Juan Bravo.
Olivera es, tras cesar al frente de la UDEF, el actual jefe del Centro de Investigación contra el Crimen Organizado (CICO), un hombre de confianza del ministro del Interior.
Según Bárcenas, su letrado y el comisario Olivera ponen en marcha una serie de contactos y gestiones. El nuevo informe estaba en camino... hasta que, de acuerdo con la versión manuscrita de Bárcenas, llega en enero de 2013 la comisión rogatoria con la primera cuenta bancaria del ex tesorero en Suiza, la de 22 millones de euros. Todo queda en agua de borrajas.
El juez Ruz, al escribir el auto del mes de septiembre, ignora los contactos directos entre el comisario Olivera y el letrado Alfonso Trallero.
Fuentes de La Moncloa consultadas por este periódico no han comentado la versión ofrecida. Han oído sin escuchar. Fuentes próximas al ministro del Interior expresaron que Jorge Fernández Díaz no quiere confirmar ni desmentir. Simplemente prefiere no entrar en la cuestión.
Por cierto, en el último informe entregado por la UDEF al juez Ruz, a finales de diciembre pasado, elaborado en base a la contabilidad incautada en una sede del grupo de Francisco Correa, en Serrano 40, aparece citado varias veces Bárcenas.
Y adivinen qué...
La referencia a Luis el Cabrón ya no vuelve a aparecer.
