Verdad y justicia en Portugal
La acusación de la fiscalía que hizo dimitir a António Costa y cuya gravedad rebajó el juez debe aclararse cuanto antes
El 7 de noviembre una operación judicial contra la corrupción provocó la caída del Gobierno socialista portugués, sustentado por una mayoría absoluta elegida hace menos de dos años. La Fiscalía —que en Portugal tiene una autonomía y unas competencias mayores que en España— ordenó 42 registros, detuvo a cinco personas e informó de que el Tribunal Supremo investigaría al primer ministro, António Costa, para esclarecer su papel en la aprobación de dos explotaciones de litio y un gigantesco centro de datos en Sines, la mayor zona portuaria del país, promovido por una empresa que había contratado como consultor a uno de sus mejores amigos. El primer ministro dimitió de inmediato y, días después, pidió perdón por haber nombrado jefe de gabinete a Vítor Escária, uno de los detenidos, que guardaba 75.800 euros en sobres en su despacho. El presidente de la República decidió convocar elecciones anticipadas el 10 de marzo.
La estabilidad política asociada desde 2015 a la figura de António Costa se hizo añicos. Cierto es que su mayoría absoluta, con una quincena de dimisiones entre ministros y secretarios de Estado, ha sido convulsa, pero el país vivía últimamente un ciclo de sosiego institucional y respeto internacional que colocaban a su primer ministro en muchas quinielas para puestos de relevancia en la Unión Europea. El unánime aplauso ante su renuncia para preservar “la dignidad” del cargo no oculta que Costa, uno de los referentes de la socialdemocracia europea, ha sido apartado de cualquier carrera política mientras no se cierre la Operación Influencer. Y los tiempos no se prevén cortos, a la vista de la demora que experimentan otros procesos judiciales, como el del ex primer ministro José Sócrates, abierto desde 2014.
Después de interrogar a los detenidos y conocer las pruebas, el juez instructor asestó esta semana un duro varapalo a la Fiscalía al desinflar el caso. No vio indicios suficientes de corrupción y prevaricación en ninguno de los detenidos y limitó el asunto al tráfico de influencias. Además de dejarlos en libertad con medidas cautelares leves, consideró desproporcionada la prisión preventiva para dos de ellos reclamada por el Ministerio Público. Esto, sumado a algunos errores como confundir al primer ministro con su ministro de Economía, António Costa Silva, en la transcripción de una escucha, o las filtraciones a la prensa han puesto en duda el rigor de la investigación y la forma en que salió a la luz.
Pese a ser el principal damnificado, el Partido Socialista mantiene un perfil crítico bajo respecto a la Fiscalía. El más contundente ha sido el presidente de la Asamblea de la República, Augusto Santos Silva, que ha alertado del “peligro” de que las actuaciones de la Fiscalía determinen el tiempo y los asuntos de los mandatos políticos. Además de cometer errores, la operación ha pecado de imprudencia y precipitación sin que, por ahora, se justifique por la gravedad de los delitos investigados.
La lucha contra la corrupción es una obligación de la justicia en toda democracia, pero hacerlo sin evaluar si existe proporcionalidad entre los indicios y el impacto que causará convertirlo en un espectáculo público no aumentará su eficacia y, además, corre el riesgo de ser injusta si pone en duda la presunción de inocencia. Este caso necesita una investigación rápida y rigurosa para que, en la medida de lo posible, el próximo 10 de marzo los portugueses acudan a las urnas con toda la información en su mano.
