Ayuso y el aborto del que sí se habla

Desde el gabinete de la Comunidad de Madrid se emitió el miércoles un comunicado en el que se informaba que la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, había sufrido un aborto espontáneo en su octava semana de gestación. “Este es el motivo por el que no pudo asistir al acto de homenaje y recuerdo anual a Miguel Ángel Blanco celebrado el martes en Madrid”, aclaraba la escueta nota. Teniendo en cuenta que la presidenta no había hecho público ese embarazo de antemano, la noticia cortocircuitó la conversación tuitera.

No merece ningún eco el previsible, pero no menos rastrero, alud de mensajes de odio y desprecio que se congratulaba de la pérdida de un embarazo deseado apuntando a la ideología política de la mandataria. Pero el comunicado de la institución sentó un curioso precedente al desestigmatizar uno de los tabús más enraizados: ese que nos ha disciplinado en la regla no escrita de que del aborto no se habla.

Sabemos que el aborto espontáneo, que en el 85% de los casos se da antes de la semana 12 de gestación, ocurre entre en un 10 y 20% de los embarazos, según datos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Las cifras se disparan cuando las gestantes superan los 35 años (el 24,6% entre esa edad y los 39), hasta un 51% si el embarazo se produce entre los 40 y los 44 y un 93,4% si superan los 45. Basta con mirar a nuestro alrededor y echar cuentas: en un país en el que cada vez se pare más tarde (la media ahora mismo está en los 31,6 años), son muchas, y seguramente de su círculo más cercano, quienes lo han experimentado sometidas al silencio.

El secreto es clave en el debate sobre el aborto. Si algo hemos aprendido quienes tenemos la capacidad de gestar es que, natural o voluntario, el aborto se calla. También sabemos que para romper el silencio, habrá jerarquías para hacerlo. Que Ayuso haya hecho público la interrupción espontánea de su embarazo refuerza su posición conservadora: se cuenta porque pasó de forma involuntaria y porque permea en su relato político, ese que sacraliza la maternidad y el embrión desde su primera división celular. No olvidemos que desde la Comunidad de Madrid se ha prometido un teléfono “a favor de la vida” para embarazadas y su Gobierno ha destinado más de 800.000 euros a asociaciones contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo. Ese, precisamente, es el paradigma cuando sí se habla del aborto: se hace, pero tendrá que competir en las olimpiadas del trauma.

No sorprende que las historias ordinarias que caracterizan a la mayoría de las casi 90.000 interrupciones de embarazo voluntarias que se practican al año en España suelan ser eclipsadas en el debate público por relatos de violencia o pesadillas que ponen en riesgo la vida de la gestante. Abortó, sí, pero porque la violaron. Abortó, sí, pero por una malformación mortal. Muchas hemos asumido que cuando se habla del aborto, incluso desde la cuerda supuestamente progresista, se hará en términos de excepción y no como lo que realmente es: una experiencia normalizada en la vida de las mujeres.

“El derecho [al aborto] debe ejercitarse con discreción, si no en secreto”, denunció la abogada Sandra Vizzavona cuando relató sus dos abortos voluntarios y las historias silenciadas de otra docena de francesas que han pasado por ello en Interrupción (con traducción de Laura Salas Rodríguez en la editorial Tránsito). Mujeres que, en un país que avala legalmente su decisión desde hace casi medio siglo, se sintieron juzgadas como “criminales” o “guarras”. La ley (todavía) nos ampara, pero todas lo entendimos: de ese aborto no, de eso no se habla.