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editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Semanas de cuatro días

El Gobierno ensaya un programa piloto de ayudas para valorar su impacto y viabilidad en pequeñas y medianas empresas

La falta de competencias digitales entre los empleados, otro factor que agrava la situación.
La falta de competencias digitales entre los empleados, otro factor que agrava la situación.Westend61 (Getty Images/Westend61)
El País

El debate en torno a la duración de la semana laboral ha trascendido más allá de los despachos y las empresas para calar en las inquietudes de la calle. Por primera vez empieza a plantearse seriamente la revisión del estándar actual. Las 40 horas se establecieron por ley en Estados Unidos en los años cuarenta, impulsadas por los cambios tecnológicos que propiciaron la producción en cadena. En España hubo que esperar hasta 1982 para que la limitación quedara recogida en la legislación laboral. Hoy el mapa ha cambiado de forma radical y es evidente que las nuevas tecnologías están transformando la realidad económica de los países al tiempo que la pandemia permitió a muchos ciudadanos tomar conciencia de una nueva realidad práctica relacionada con el teletrabajo y con la relevancia misma del trabajo en sus vidas: los abandonos de empleo por insatisfacción personal y falta de compensación han dejado de ser una anécdota estadística tanto en Estados Unidos como en Europa, mientras los salarios pierden poder adquisitivo en una etapa de inflación todavía alta.

La iniciativa del Gobierno pone en marcha un programa piloto para incentivar la reducción de la jornada de trabajo semanal de al menos un 10% en pequeñas y medianas empresas industriales durante un periodo de dos años y con mantenimiento de los sueldos. Es un proyecto estatal que quiere valorar los efectos que tendría la extensión de esa medida a un mayor porcentaje del mercado laboral y que se suma a la iniciativa en el mismo sentido de otras administraciones, como la Comunidad Valenciana. La legislación española permite, a través de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral, como ha sucedido, por ejemplo, con la propuesta lanzada por dos grandes compañías para reducir la semana laboral a cuatro días con el correspondiente recorte salarial, sin que la propuesta haya encontrado una gran respuesta en la plantilla. Por su parte, el Ejecutivo ha recogido en el acuerdo salarial alcanzado con los funcionarios para el trienio 2022-2024 la eliminación de los límites para reducir la jornada semanal de los empleados públicos a 35 horas a la semana: es otro avance más en la misma dirección.

Son varios los países que están llevando a cabo distintas iniciativas para analizar el impacto que tendría la reducción de jornada. Portugal ha empezado a ensayar la semana de cuatro días sin rebajas salariales, entre empresas que se adhieran voluntariamente al proyecto pero sin ayudas públicas, al menos en una primera fase. El Reino Unido puso en marcha el año pasado un ensayo entre 61 empresas participantes y 56 de ellas han decidido prorrogar la medida a la vista de los resultados obtenidos. Es importante destacar que el ensayo británico contenía una cláusula relevante: el acuerdo incluía que la productividad debía mantenerse o aumentar como consecuencia de la reorganización laboral. Y es eso precisamente lo que ha sucedido, y condición pertinente ante la intensa caída de la productividad en España durante los años de la pandemia. Tan importante como apoyar los ensayos para avanzar en materia de derechos laborales lo es extraer las conclusiones prácticas de esos mismos experimentos. A la vista de los profundos cambios en el ámbito del trabajo y en el mundo tecnológico, ha llegado el momento de replantear también el marco laboral para las próximas décadas del siglo XXI.

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