La formación profesional, cuestión de Estado

De los problemas estructurales que afectan al mercado laboral español uno de los más llamativos es la falta de profesionales cualificados de grado intermedio para cubrir determinadas vacantes en las empresas. Algo especialmente grave en un país que mantiene, según datos de la EPA, una tasa de paro del 12,9% y que se dispara hasta el 29,3% entre los más jóvenes. Diversos estudios apuntan que la mitad de las ofertas de empleo en España en 2025 será para titulados de ciclos formativos y, pese a ello, la tasa de matriculación en FP (12%) es inferior al de los países de la OCDE (29%) y de la Unión Europea (25%), según el INE.

Estos datos subrayan la urgencia del pleno desarrollo de la nueva Ley de Formación Profesional, aprobada por el Parlamento en 2022 y cuyo reglamento ultima el Ejecutivo para que entre en vigor a partir de septiembre hasta su plena implantación para el curso 2024-2025. La norma busca acercar más la FP al mundo laboral, se implica a la empresa en la formación de los futuros trabajadores y se potencian nuevas titulaciones en áreas antes ignoradas, lo que permitirá conectarla a la realidad laboral y a los empleos ofertados. Pero el proyecto no va solo dirigido a los jóvenes, sino también a los trabajadores, para facilitar su reciclaje profesional. Un sistema productivo en continuo cambio, el de hoy con las nuevas tecnologías, necesita un modelo flexible y que se actualice constantemente.

Una revolución formativa como esta exige una notable coordinación y participación de los agentes implicados y una financiación suficiente. El proyecto contempla una inversión de unos 5.500 millones de euros a lo largo de cuatro años, parte de ellos con fondos europeos. Y con los millones y el nuevo atractivo de la FP puede convertirse en una tentación de negocio para inversores financieros, como ha sucedido con la universidad. Son las autoridades las que tienen que velar para que todos los centros que quieran participar en el nuevo modelo cumplan con los requisitos de calidad e idoneidad exigibles.

Ninguna Administración debería escatimar recursos para un cambio que puede ser uno de los éxitos colectivos de la sociedad española más importantes de los próximos años. Especialmente porque ha encontrado un elevado consenso entre la comunidad educativa, los agentes sociales, las distintas administraciones implicadas y los diversos grupos políticos, algo casi insólito hoy y mucho más en cuestiones educativas. Toca ahora que las políticas de los diferentes gobiernos contemplen este reto como una cuestión de Estado, porque realmente lo es.