Empleo público

Los últimos datos relativos al empleo público apuntan a uno de los grandes problemas de nuestra Administración, que no es otro que el desafío de estructurar adecuadamente las dotaciones de personal. Las deficiencias en el ámbito sanitario están siendo patentes, con jornadas interminables y escaso tiempo para atender a los pacientes, situación que ha terminado generando un importante conflicto social, y el domingo reunió en Madrid a más de 200.000 manifestantes. Pero no es el único ámbito en el que los recursos humanos del sector público están tensionados. La puesta en marcha de los mecanismos del Next Generation ha presionado las capacidades de nuestra Administración, que está encontrando la salida a esta situación a través de encomiendas de gestión a entidades parapúblicas, como sociedades y fundaciones, donde la flexibilidad para contratar personal es mucho mayor. El resultado de este proceso es que hoy la composición del personal de nuestro sector público se inclina hacia la contratación laboral, en detrimento de las plazas de funcionarios. La crisis económica de 2008 y los ajustes posteriores supusieron un fuerte deterioro tanto de las dotaciones como de las condiciones del personal funcionario. Las dificultades posteriores para nuevas plazas y las urgencias de atender a necesidades emergentes han multiplicado las provisiones de personal laboral, que representa ya el 47% de todos los trabajadores de las administraciones públicas.

La diferencia entre personal laboral y personal funcionario no es menor, pues la ley reserva al segundo una serie de responsabilidades y prerrogativas de las que carece el contratado laboral, como, por ejemplo, ejercer funciones directivas en un departamento ministerial, o tramitar y aprobar determinados expedientes. De la misma manera, los procesos de promoción, formación y retribución son distintos, de manera que el funcionario de carrera tiene muchas más posibilidades de movilidad y promoción. En definitiva, una Administración pública que crece por el pilar del personal laboral, y con un fuerte problema de temporalidad que ha sido ya reprobado por la Comisión Europea, es una Administración limitada en sus capacidades humanas a largo plazo.

Urge una reflexión sobre los trabajadores de la Administración. España es el país con el personal público más envejecido de la OCDE, junto con Italia: si en 2015 el porcentaje de empleados con más de 55 años era del 35%, en 2020 este porcentaje creció hasta el 46%. En los próximos 10 años, casi la mitad del personal al servicio de las administraciones públicas se jubilará y nos enfrentaremos a un voluminoso proceso de renovación de funcionarios que iniciaron su carrera con la extensión de los servicios públicos en los ochenta y noventa, y debe hacerlo con unas plantillas menguadas y unos equipos de personal laboral que no pueden acceder a esos mismos puestos. El Ministerio de Hacienda lanzó a finales de enero una ambiciosa convocatoria para cubrir más de 27.000 plazas en la Administración General del Estado. Sea como sea, España debe replantearse, con una actuación estratégica, su modelo de personal al servicio de la Administración para adecuarlo a las necesidades de un sector público capaz de atender a las exigencias del siglo XXI.