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Columna
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La mala educación de Díaz Ayuso

Los datos evidencian que el fracaso y el abandono escolar afectan mucho más a los alumnos cuyas rentas familiares son bajas

Educación pública en Madrid
Manifestación por la educación pública en la Comunidad de Madrid, el 10 de septiembre en la capital.Carlos Luján (Europa Press)
Jordi Amat

Este algodón tampoco engaña. Lo pasas por las paredes del modelo escolar de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y se mancha de sociedad neoliberal. No se acumula en las aulas desde el curso pasado, el que ahora ha empezado tampoco será el último. Hace lustros que esta suciedad se ha adherido al corazón del sistema educativo y lo que es democráticamente injusto parece socialmente normalizado porque no consolida una alternativa política con posibilidad de modificar lo que hoy es estructural: el éxito del Partido Popular en la comunidad empieza con la educación de los niños, alcanza hasta la universidad con más y más plazas privadas, y no tiene como prioridad la corrección de la desigualdad educativa, sino que curso tras curso la radicaliza.

El modelo privilegia a las familias con ingresos superiores a la media, penaliza a las pobres porque la dinámica intensifica la segregación y los datos evidencian que el fracaso y el abandono escolar afectan desproporcionadamente más a los alumnos cuyas rentas familiares son bajas. Lo ha certificado de nuevo el informe de los profesores José Montalbán y Jenifer Ruiz-Valenzuela que EsadeEcPol ha dado a conocer esta semana. En diversas ocasiones los han podido leer aquí. Son políticas públicas cuyo propósito es la inmersión en la desigualdad educativa y no son para nada improvisadas. La decisión más determinante de los gobiernos populares en este sentido ha sido el desmantelamiento continuado de la educación pública con el cierre de aulas. Es el reverso programático de una política fiscal que privilegia a las clases altas y que es la principal bandera electoral de la “identidad autosatisfecha” (sir Ignacio Peyró dixit) que caracteriza la hegemonía aguirrista. Si la escuela sigue como hasta ahora, no hay cambio posible. No se dan ni se crean las condiciones para hacer posible una meritocracia equitativa.

Pocos silogismos tan clarificadores como el que sigue: la de Madrid es la comunidad autónoma española que menos gasta por alumno y, al mismo tiempo, los padres de la comunidad, los que pueden, son los que más gastan en la educación de sus hijos. La resolución del silogismo es pura lógica, sí, neoliberal: si las familias con rentas altas pueden transferir a sus hijos capital intelectual en sus casas, más el plus de lo gastado en educación, la escuela no corrige la desigualdad de partida, sino que el modelo lo refuerza y, con excepciones, así condiciona el futuro laboral de unos y otros y, por tanto, los ingresos de las generaciones que ahora están estudiando. Esquematizo: para unos la economía del conocimiento, para otros el sector servicios al servicio del día a día de los adinerados. En lo que nos ocupa: para los segundos la pública, la privada para los primeros. En la capital, hoy, son minoría los alumnos de la pública y la media de los que van a la privada en la comunidad es una de las más altas de España.

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Este modelo neoliberal se ha impuesto y se perpetúa porque blinda el capital educativo de los privilegiados y, rizando el rizo, realmente les sale a cuenta. Porque, pongamos por caso, el conocimiento de idiomas extranjeros es un factor diferencial para conseguir un buen trabajo. ¿Contratar más profesores? Claro que no. Paga una academia y pide la factura. La comunidad es de las pocas del país donde las clases de idiomas extraescolares pueden desgravarse: el 10%. Y lo que ya es de caña y libertad es el ahorro de los padres que llevan los hijos a centros educativos donde vestir el uniforme es obligatorio: un 5% de aguinaldo, de primaria a secundaria, calzado incluido y con el tique de justificante. Entre todas estas medidas, una excepción para funcionarios. Hay un colectivo que, según la orden 2014/2020 de la Consejería de Educación y Juventud, tiene el privilegio de bonificación en el precio del menú escolar. Nada que ver en este caso con la renta. Lo determina la profesión. Pueden beneficiarse de esa orden policías nacionales y guardias civiles. No es una medida para captar talento. Aquí, en esta sociedad, privilegios para los ricos, más seguridad y mala educación.

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Sobre la firma

Jordi Amat
Filólogo y escritor. Ha estudiado la reconstrucción de la cultura democrática catalana y española. Sus últimos libros son la novela 'El hijo del chófer' y la biografía 'Vencer el miedo. Vida de Gabriel Ferrater' (Tusquets). Ejerce la crítica literaria en 'Babelia' y coordina 'Quadern', el suplemento cultural de la edición catalana de EL PAÍS.

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