Hablemos de salarios

La polémica generada en torno a las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los salarios y las movilizaciones sindicales para lograr su mejora y algunas reacciones a las mismas han servido para reabrir el debate sobre un asunto crucial para nuestra economía y bienestar: la negociación del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), actualmente bloqueado por la patronal.

Estamos ante una cuestión de máxima importancia, pues un nuevo AENC sería una herramienta propicia para una distribución equitativa de los costes de la inflación, entre el poder de compra de los salarios y los márgenes y beneficios empresariales. Así como para contener los precios disipando el riesgo de una espiral inflacionista. La clase trabajadora en particular y el país en general se juegan la prosperidad futura así como evitar un período de estanflación (alta inflación y estancamiento económico) si la patronal persiste en su actitud codiciosa y miope de mantener y aumentar sus beneficios en un contexto de elevados incrementos de precios, lo que terminará hundiendo la demanda de consumo. Hay que empezar aclarando que las propuestas de los sindicatos en la mesa de negociación parten de una convicción y de un ejercicio de realismo. La convicción es que las personas asalariadas no pueden sufrir en sus carnes una nueva devaluación de sus sueldos como en la anterior crisis.

Hay que recordar que el año 2021 terminó con una pérdida de poder de compra de los salarios negociados del 1,3% y que en lo que va de este, el poder adquisitivo de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva ha caído un 6,7%. Esto se suma a la fuerte devaluación salarial acumulada durante la última década. Según el Índice de Precios del Trabajo que elabora el INE, el año antes de la pandemia se ganaba un salario real un 6,4% inferior al que se pagaba en 2008 por realizar el mismo trabajo. Los salarios pactados en convenio colectivo crecen actualmente al 2,56% frente a una inflación superior al 10%. La vieja inercia de la economía española de enfrentar las crisis mediante una devaluación salarial amenaza de nuevo.

Por su parte, las empresas han recortado drásticamente su deuda a lo largo de la última década, devaluando salarios y ampliando márgenes que hoy superan a los de la eurozona. Una vez desendeudadas han seguido acumulando grandes reservas que han aparcado en buena parte en la economía financiera, mientras que los salarios no se han recuperado. Incluso conociendo esta boyante situación previa, las centrales sindicales hemos sido conscientes de que proponer subidas salariales iguales a la alta inflación actual no sería una opción realista, al menos para el conjunto de empresas y sectores. Por ello, hemos planteado un esquema que de forma resumida propone subidas iniciales perfectamente asumibles para los años 2022, 2023 y 2024, y que no generan ningún riesgo de inflación. Eso sí, estas subidas iniciales deben ir acompañadas de cláusulas de revisión salarial que recuperen una parte del poder de compra perdido al final de cada año y otra parte al final del ciclo 2022-2024. La CEOE se opuso a esa fórmula bloqueando las negociaciones.

Esta negativa patronal fue la que nos obligó a plantear una estrategia de endurecimiento de la negociación colectiva. Durante estos meses la batalla se ha desplegado en las negociaciones de numerosos convenios de nuestro país. Allí donde hay organización sindical, y/o convenios vigorosos y/o escenarios de movilización y huelga, los incrementos salariales son relevantes incluyendo cláusulas de revisión salarial. Allí donde no hay organización de la clase trabajadora los resultados son peores.

Se acusaba a la propuesta sindical de generar inflación de segunda ronda. En este tiempo hemos comprobado que esa segunda ronda existe, sí, pero es producto de que buena parte de las empresas están repercutiendo el incremento de los costes a los precios de consumo, para mantener sus márgenes. El resultado es que la inflación subyacente (la que no computa precios energéticos ni alimentos frescos) crece ni más ni menos que al 6,4%. El aumento extraordinario de los beneficios de las grandes empresas, o la distribución de dividendos que conocemos un día sí y otro también, es incompatible con las necesidades del país.

Hoy la posición sindical es la única razonable para que la crisis de precios se distribuya equitativamente en la sociedad española. El planteamiento que hacen las organizaciones empresariales llevaría a que toda la carga de la inflación repercuta en la clase trabajadora, sobre todo en la que percibe salarios más bajos y está más desorganizada sindicalmente, aumentando el riesgo de estancamiento, recesión y descohesión social.

Ante esto no caben ambigüedades. CC OO y UGT, bajo la premisa de “salario o conflicto”, hemos desplegado una estrategia de tensionamiento en la negociación de los convenios colectivos. Llegando a las convocatorias de huelga cuando sea preciso (se han incrementado un 20% en la primera parte del año). Y acompañaremos esa estrategia con movilizaciones generales. Los salarios no pueden volver a pagar el pato de una crisis que no han provocado, porque la inflación en España no tiene nada que ver con la evolución de los sueldos.

Emplazamos a la CEOE a retomar las negociaciones que sirvan para pactar las directrices que faciliten los acuerdos en los convenios colectivos y la contención de los precios. No es de recibo que tras el enorme esfuerzo hecho por el contribuyente y los hogares trabajadores, sosteniendo los costes de las empresas con más de 30.000 millones a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y la prestación extraordinaria para autónomos; después del hito de lograr el fondo europeo Next Generation EU para promover un cambio en el modelo productivo en España y que en buena parte serán recursos que vayan a parar a las empresas… después de todo esto, ahora se nieguen a un ejercicio de corresponsabilidad con subidas justas y suficientes de salarios.

Emplazamos asimismo al Gobierno a negociar un fuerte impulso del salario mínimo interprofesional (SMI). Son precisamente los salarios más bajos y los hogares más pobres quienes más sufren las subidas de los precios para poder llenar una cesta básica de la compra. El Gobierno cuenta también con la política fiscal para promover una distribución de esfuerzos. Hay márgenes para situar un tipo mínimo efectivo sobre los beneficios empresariales que sufraguen las medidas necesarias para proteger las rentas más bajas. Saludamos como medidas eficaces y justas en el aumento de los impuestos a las empresas energéticas y banca, que deben aportar al esfuerzo colectivo y no, por el contrario, enriquecerse impulsando una mayor inflación.

También medidas para disminuir los precios energéticos retribuyendo de forma más ajustada cada modo de producción energética. La limitación del precio del gas, que parecía un anatema hace apenas algunos meses y se concretó en una medida temporal solo para la península Ibérica, hoy se abre paso en Europa. Es tiempo de ser audaces en medidas de control de precios (en los carburantes y combustibles y una cesta básica de alimentos) porque los dogmas neoliberales van cayendo uno a uno, y el Gobierno de España debiera ejercer de vanguardia como de alguna manera ha hecho en estos dos años (fondos Next Generation sufragados con deuda común europea, limitación del precio del gas en el mercado eléctrico…). Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento propicio para dar cauce a medidas de este tenor.

En definitiva, se trata de concertar una política salarial que evite el deterioro drástico del poder de compra y la calidad de vida de las personas asalariadas y conjure el peligro de estancamiento económico y espiral de precios. Asimismo, se trata de evitar que una economía en transformación como la española —con la oportunidad de la transición energética, las oportunidades y riesgos que conlleva el proceso de desglobalización, y el cambio de paradigma en la respuesta europea a la crisis— vuelva al viejo formato del ajuste interno por la vía del empobrecimiento en exclusiva de sus clases populares.