Dejar de esconder las drogas bajo la alfombra

Hace años que un presidente latinoamericano no abordaba el tema de manera tan comprehensiva, directa y realista. Dejando de repetir el cansado —e inútil— discurso de “guerra contra las drogas”, al asumir funciones Gustavo Petro puso el dedo en la llaga diciendo lo que había que decir: “Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo”. Insistió en que la política vigente debía cambiarse “para que permita la vida y no genere la muerte”.

Dado que en su mensaje inaugural abordó varios otros temas muy importantes, lo de las drogas no atrajo el primer plano de atención. Lo hicieron otros, muy relevantes y acuciantes. Entre ellos, lo de la apertura de un camino de diálogo con el ELN así como otro de “acogimiento” con organizaciones criminales, como el Clan del Golfo para que cese la violencia en el país. En el mensaje, asimismo, destacó lo referido a la crucial materia económica y tributaria planteando propuestas para redistribuir mejor el ingreso nacional presentando al Congreso, al día siguiente (primer día de Gobierno) su proyecto legal de revisión de normas tributarias.

Al abordar el tema de las drogas, Petro lo hizo de manera directa, pero eso ha quedado un poco soslayado. Avanzando a partir de lo que ya había planteado en su momento el presidente colombiano Juan Manuel Santos: la revisión de políticas basadas en la llamada “guerra contra las drogas”. Que, como enfatizó Petro, “fortaleció las mafias y debilitó los Estados”. Verdad indiscutible. En el camino de cinco décadas de la tal “guerra” quedan muchos muertos, más adictos a las drogas, el medio ambiente afectado y muchos otros desastres naturales y sociales. Y, en el caso de países de la región concernidos en la producción y exportación de coca/cocaína varios indicadores dramáticos de este fracaso.

Es muy bueno que se ponga el dedo en la llaga. Hay que decir, no obstante, que no deja de ser muy lamentable que esta firme y clara invocación presidencial no haya encontrado eco oficial, ni siquiera en los Gobiernos de otros países productores de coca/cocaína, en los de tránsito y, en especial, en los consumidores en Norteamérica y Europa. En un contexto en el que el problema global no ha hecho sino agravarse en las últimas décadas.

Empezando —en la línea lógica— por las afectaciones a las sociedades de los llamados “países productores”. El dato de la realidad es que hoy, entre Bolivia, Colombia y Perú, hay más producción de hoja de coca que en el pasado. Sea porque han aumentado las áreas o por mejoramiento de productividad. Todo a costa de serias afectaciones al medio ambiente, violencia en el despojo de tierras a indígenas y corrupción en las estructuras policiales, penitenciarias y judiciales.

La diversificación de los canales de tránsito y de comercialización, por otro lado, es un factor que se ha impuesto galopantemente. Con ello se han extendido las ramas y repercusiones de la actividad del crimen organizado como demuestra la crítica situación que hoy afecta Ecuador como espacio clave en el tránsito a los mercados estadounidenses. Y que con la extensión de esta serte de mancha de aceite a muy poderosos, omnipresentes y violentos carteles mexicanos, ha dejado atrás una realidad en que algunos pocos carteles, como el de Medellín dirigido por el entonces omnipresente Pablo Escobar, servía de canal concentrado de exportación.

Y el consumo final de clorhidrato de cocaína. Que no sólo no ha disminuido —en beneficio, dicen algunos, de drogas sintéticas— sino que se ha incrementado y extendido. Por ejemplo, a países como Brasil, que ocupaban un espacio completamente marginal dentro del consumo global. La irrupción de las drogas sintéticas no ha desbancado, pues, al sitial de la coca/cocaína.

La llamada “crisis de los opioides” ya se ha sumado —y superado con creces— a las drogas ilegales en un país como Estados Unidos. La sanción por 650 millones de dólares, para financiar programas de educación y prevención, impuesta esta semana por un juez de Ohio contra las cadenas farmacéuticas Walmart, CVS y Walgreens por su papel en el consumo abusivo de opioides da cuenta de la dimensión de este problema y de una respuesta inteligente ¡al fin! De acuerdo al CDC estadounidense las muertes por sobredosis de 100.000 personas el 2021 han sido las más altas de la historia.

Además de los efectos en la salud pública, en el camino, ¿qué más ha quedado? Una realidad en la que los problemas ambientales, de violencia y corrupción se han agravado. Y de la que se han derivado espacios dantescos como sistemas penitenciarios colapsados llenos de vendedores minoristas de poca monta, muchísimos de ellos mujeres. En las cárceles peruanas de mujeres la mayoría son mujeres humildes del campo que residen allí por asuntos de drogas en los que la parte del león se la llevan otros.

Y, en lo que atañe a nuestros países, se produce más cocaína que en 2021. El año pasado la Casa Blanca, en su informe anual sobre el tema, detectó un aumento récord en Colombia, cercano al 15%, los más altos en la última década. Asimismo, un incremento en el año no menor 88.200 hectáreas en Perú. En Bolivia se habría producido un leve descenso, de acuerdo a este informe estadounidense. Pero el informe de la ONU sobre la materia indica algo muy distinto, que en Bolivia se habría producido, más bien, un importante aumento en los sembríos y la producción durante la pandemia.

Constatación interesante es que si bien entre el informe de la Casa Blanca y el de la ONU hay diferencias, ambos documentos coinciden en que ascendió la producción de cocaína. En el informe de la ONU se anota que la pandemia ha disparado el mercado mundial y que se estima que alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas en 2020 a nivel global, lo que representa un incremento del 22% en relación con 2010.

La política global vigente de represión en las últimas décadas, pues, ha fracasado estrepitosamente y sólo ha contribuido a generar más violencia y corrupción. Pero, la verdad sea dicha, generar una política alternativa a la fracasada requeriría que la “comunidad internacional” se involucre activa y reflexivamente en ello. Empezando, por cierto, por los países productores en lo que el impulso del gobierno de Petro podría generar una dinámica regional para salir de la inercia.

En esta perspectiva hay, felizmente, muy valiosos y sólidos esfuerzos que vienen produciéndose desde hace años en el mundo más allá de los pasos -o paralizaciones- de los gobiernos. Estos podrían —¿deberían?— adquirir en este momento una mayor vitalidad y posibilidades de repercusión. El principal de ellos es la Comisión Global en Políticas de Drogas y que podría, debería, ser una pieza impulsora fundamental en este proceso de revisión que es urgente e inaplazable.

Creada en 2011 por ex jefes de Estado y de Gobierno de las Américas y Europa con el objetivo de abrir un debate honesto y realista sobre las drogas, existe la Comisión Global de Políticas de Drogas. Presidida actualmente por Helen Clark, laborista ex primera ministra de Nueva Zelanda, estuvo antes presidida por Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza, y previamente por Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil. Reúne a veintiséis líderes mundiales que trabajan para inspirar una mejor política de drogas a nivel mundial basada en la evidencia científica y los derechos humanos. Su principal objetivo es lograr una profunda reforma del sistema de control de drogas en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en Naciones Unidas.

En esa perspectiva, destacan al menos cuatro herramientas conceptuales fundamentales que deberían pasar a primer plano a nivel latinoamericano y global.

Primero, políticas de drogas que pongan en primer lugar la salud y la seguridad de las personas, reduciendo los daños causados por el consumo de drogas. El gobierno de Biden, correctamente ha planteado tratar la adicción y las sobredosis como prioridades de salud pública en su país, y no como un tema de persecución penal y policial.

Segundo, estrategia de poner los mercados de drogas bajo el control legal y estricto del Estado junto con políticas serias de información pública en materia de salud. Tercero, desarrollo económico local, mayor presencia gubernamental y seguridad ciudadana. Cuarto, reformar las políticas y criterios dentro del sistema multilateral de Naciones Unidas tomando en cuenta la Posición Común allí definida en 2018.

Sucesión de temas y retos, pues, que podrían y deberían convocar a una coordinación regional latinoamericana hoy inexistente.