Una revisión inmediata de la estrategia de seguridad

La expectativa de un gobierno distinto para México se fincó en la posibilidad de reducir las profundas desigualdades sociales, así como en la necesidad de emprender una estrategia diferente que permitiera contener el fenómeno de la inseguridad y la violencia. Por esta razón, la actual administración emprendió diversas medidas: en primer lugar, reorientar el gasto público al financiamiento de los programas destinados al bienestar social, y en segundo lugar, reformar las fuerzas de seguridad para dotar a nuestro país de una corporación capaz de garantizar la paz social.

Esta recalibración permitió desplegar la estrategia de seguridad en dos frentes: 1) el combate a las causas de raíz que alimentan la economía criminal, y 2) la actuación del Estado mexicano en circunstancias específicas que hagan posible contener las capacidades físicas del crimen organizado. En consecuencia, cuando el Estado actuó, el crimen organizado reaccionó.

El pasado 9 de agosto, en operativo frontal contra grupos del crimen organizado, se vivió una jornada de violencia en diversas localidades de Jalisco y Guanajuato. A pesar de que no se registraron pérdidas humanas y que los daños se limitaron al plano material, estos hechos ponen de manifiesto la necesidad de abordar el fenómeno de inseguridad y violencia desde una perspectiva integral que dé como resultado una política de Estado que pacifique a nuestra sociedad.

En la discusión pública se ha hablado de la naturaleza de este despliegue de violencia por parte de los grupos del crimen organizado; incluso hay quienes sostienen que se trata de actos de terrorismo. Estos análisis se deben hacer con suma seriedad, ya que podrían conducir a un mal diagnóstico de la realidad.

En principio, hay que entender que el terrorismo se distingue de otras expresiones de violencia porque se trata de actos cuyas motivaciones son políticas. En el caso del crimen organizado en México, sus principales estímulos son de carácter económico. Es decir, aun cuando gobiernos pasados declararon una guerra contra el narcotráfico, este nunca se propuso derrocar a las autoridades legalmente constituidas para establecer un régimen afín a sus intereses. Por tanto, estamos ante un fenómeno protagonizado por grupos generadores de violencia, que emplean métodos de intimidación, que no necesariamente corresponden a actos de terrorismo.

Con esto en mente, es necesario también reconocer que el Estado cuenta con plenas capacidades de actuación, pues el operativo que se condujo fue resultado de tareas de inteligencia que permitieron ubicar una reunión de cabecillas del crimen organizado. Asimismo, ante la respuesta desmedida de los grupos del narcotráfico, las fuerzas federales tuvieron la capacidad de evitar que se produjeran pérdidas de vidas humanas, y, en los días subsecuentes, detener a diversas personas involucradas en estos acontecimientos.

Sin embargo, también se debe admitir que es necesario continuar con el robustecimiento de las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad. La filtración de información conllevó a la no detención del objetivo del operativo y a abrir una ventana de tiempo lo suficientemente amplia para que el crimen organizado pudiera poner en marcha un contraoperativo de las dimensiones conocidas.

Por esta razón, y en pleno refrendo de mi apoyo al presidente López Obrador, es preciso que los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno abramos paso a una revisión inmediata y de fondo de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno federal.

La premisa de donde debe partir la discusión pública es que toda política es perfectible. Es decir, que se puede mejorar a partir de la revisión de sus objetivos y resultados. Por tanto, el Senado de la República, como órgano del Estado Mexicano y facultado por ley para revisar la estrategia de seguridad, es sensible a lo que está suscitándose en distintas entidades federativas y regiones del país.

Los hechos ocurridos en Jalisco y Guanajuato nos demuestran que atender de manera satisfactoria el problema de la inseguridad depende de robustecer la coordinación entre los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de Gobierno. La seguridad pública es responsabilidad y trabajo de todos los ámbitos del Estado.

No hay tarea más urgente ni más importante que atender el reclamo del pueblo por recuperar la tranquilidad en su vida familiar y personal, y gozar de un entorno de paz, con seguridad y confianza. En el Senado de la República tenemos la disposición para contribuir a ello.