Los gobiernos técnicos no solucionan la ingobernabilidad

Italia es uno de los pocos países en Europa que ha tenido gobiernos técnicos, que pueden ser definidos como los presididos y en buena parte compuestos por figuras no políticas. Estos Ejecutivos se presentan no como gobiernos de parte, sino como “gobiernos institucionales” que trabajan por el interés del Estado y del país entero. Según los investigadores Duncan McDonnell y Marco Valbruzzi, una definición de Gobierno técnico sigue tres criterios: “Todas las decisiones gubernamentales importantes no son tomadas por funcionarios electos del partido”, segundo: “La política no se decide dentro de los partidos que luego actúan de manera cohesionada para promulgarla” y, por último: “Los altos funcionarios [ministros, primeros ministros] no son reclutados a través del partido”. Según McDonnell y Valbruzzi, en Europa, además de Italia, solo Grecia, República Checa, Finlandia, Bulgaria, Rumanía, Hungría y Portugal han tenido gobiernos técnicos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Italia es el que ha tenido más gobiernos de este tipo, y todos se han concentrado en los últimos 30 años, durante la llamada Segunda República.

El primer Ejecutivo dirigido por tecnócratas lo formó Carlo Azeglio Ciampi en 1993, después del derrumbe del sistema político de la Primera República por el escándalo de corrupción de Tangentopoli y la caída del muro de Berlín, que llevó a la disolución del Partido Comunista Italiano (PCI) —el segundo partido más grande del país—. Ciampi, como Mario Draghi y Lamberto Dini, venía del Banco Central de Italia, donde fue gobernador durante la década de los ochenta. Su Gobierno se enfocó en una campaña de privatización de empresas públicas, entre ellas la petrolera Agip y la eléctrica Enel, y en una política orientada a limitar los salarios como medida para la entrada de Italia en el euro, que había sido puesta en duda después de la crisis política y económica de los primeros noventa.

Ciampi tenía el apoyo de casi todo el arco político, y también de los excomunistas que, después de dar vida al Partido Democrático de la Izquierda, trataban de presentarse como confiables y listos para gobernar. Pero en las elecciones de 1994 no fue la coalición progresista, formada por ellos y otras fuerzas de izquierdas, la que ganó, sino el partido Forza Italia de Silvio Berlusconi, que formó un Gobierno en alianza con el partido regionalista de a Liga, los posfascistas de Alianza Nacional y varios partidos centristas. Al caer Berlusconi en enero de 1995, el poder pasó nuevamente a un Gobierno técnico, esta vez liderado por Lamberto Dini, que había sido director general del Banco Central italiano. Dini, como Ciampi antes, desarrolló políticas de recortes del gasto público, y procedió con más privatizaciones de la industria pública, y una reforma de las pensiones que marcó la transición del sistema retributivo al contributivo.

El Gobierno de Dini terminó en 1996 y durante 15 años Italia vivió una alternancia entre gobiernos de centroizquierda y de centroderecha. Pero los tecnócratas volvieron pronto. Fue otra caída, esta vez más dramática aún, de un Gobierno liderado por Berlusconi la que abrió el camino a un nuevo Ejecutivo técnico. Frente a la crisis financiera de 2011 y la presión de las instituciones de Bruselas y los aliados europeos, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, nombró a Mario Monti, profesor de economía a la Universidad Bocconi de Milán y comisario europeo entre 1995 y 2004, responsable primero de Mercado Interior, Servicios, Aduanas e Impuestos, y luego de Competencia. La política de Monti estuvo marcada por una brutal política de austeridad, con un ajuste estructural que llevó a fuertes recortes en los servicios públicos y las pensiones. La impopularidad de su Gobierno se midió en las siguientes elecciones, en que el partido Scelta Civica, fundado por Monti, obtuvo un modesto 8%.

El Ejecutivo liderado por Mario Draghi desde febrero de 2021, después de la caída del Gobierno de centro-izquierda de Giuseppe Conte, ha seguido la misma dirección de los gobiernos técnicos anteriores impulsando políticas antipopulares. Apoyado por parte del Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas, Forza Italia de Silvio Berlusconi y la Liga, con solo los posfascistas de Hermanos de Italia en la oposición, Draghi se ha presentado como la figura capaz de llevar a cabo el plan europeo de recuperación, transformación y resiliencia. Pero Draghi ha eliminado de este plan la promesa de implementar el salario mínimo —Italia es uno de los pocos países europeos sin ese instrumento fundamental para luchar contra el trabajo pobre—. Aún prometiendo abandonar las políticas de austeridad, su Gobierno ha recortado los fondos al sector educativo, con la razón del declive demográfico de Italia, y ha empezado a atacar algunos elementos del Reddito di Cittadinanza, una medida parecida al ingreso mínimo vital en España. A esto se suma una política ambiental retrógrada con el ministro de la Transición Ecológica, que se ha opuesto al plan europeo que prevé que desde 2035 no se puedan vender en la UE coches y furgonetas nuevos de diésel y gasolina, y el tentativo de privatizar los servicios públicos a nivel local.

Estas medidas explican que si bien el Gobierno Draghi empezó con un apoyo muy amplio en el electorado, ahora solo lo apoya una estrecha parte de los italianos. En todo caso, la popularidad del premier corría el riesgo de caer todavía más en otoño e invierno, cuando se conozca el verdadero alcance de los efectos de la crisis energética. Ante esta situación, quien mayor provecho puede sacar es la extrema derecha de Giorgia Meloni, que ha llegado a ser el primer partido italiano con un apoyo estimado del 23%. De nuevo, parece que los gobiernos técnicos que se presentan como una solución al caos político e institucional de Italia acaban haciendo las cosas peor, moviendo al país aún más hacia la derecha.