Doñana, amenazada

La fragilidad del Parque Nacional de Doñana reaparece de forma intermitente en el debate público, como si olvidásemos que es tan excepcional como su propia biodiversidad. Desde junio del año pasado ha sido identificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como uno de los puntos negros de extracción ilegal de agua. La decisión de la Junta de Andalucía de iniciar la tramitación de una ley que legalice las explotaciones irregulares contradice las recomendaciones de las ciencias del clima y hace caso omiso del TJUE, de la contundente carta de la Comisión Europea, de la Unesco, de la Directiva Marco del Agua, y desatiende también la petición expresa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La iniciativa del PP ha recibido el previsible aval político de Ciudadanos y Vox, pero solo ha merecido la abstención por parte del partido socialista ante la existencia, aseguran, de un “conflicto”. En efecto, en los alrededores de Doñana han convivido durante décadas agricultores que disponían de autorizaciones para regar con otros que carecían de ellas. La permisividad de las administraciones y de las propias comunidades de regantes mirando a otro lado ha llevado a la zona a una situación límite. En plena sequía y con el acuífero declarado “sobreexplotado”, la campaña de la fresa empieza con restricciones de agua, lo que ha hecho estallar el conflicto. Pero el cambio climático va a incrementar este tipo de choques porque en condiciones de escasez, y el agua va a ser un bien más escaso conforme la crisis climática avance, los problemas emergen por doquier. Ante ello, los gobiernos tienen tres grandes retos: proteger las fuentes de agua y los ecosistemas asociados, controlar y reducir los usos de agua no esenciales y articular estrategias consensuadas de prevención y mediación de conflictos. Lo que está fuera de toda lógica es que sean los partidos políticos y las instituciones quienes, en lugar de proteger el territorio, los recursos y la legalidad, decidan amnistiar a quienes han incumplido las normas. Legalizar el regadío que durante décadas ha sido ilegal incrementa el número de hectáreas reconocidas como tales y genera una expectativa de disponibilidad de agua que no se corresponde ni con la situación actual ni con las previsiones de futuro.

Más incomprensible es la actitud del PSOE andaluz al abstenerse en la votación, aunque su voto no fuese necesario para que saliera adelante. En efecto, el conflicto existe, y como tal, necesita diálogo, mediación y negociación. Pero esta iniciativa representa todo lo contrario a la búsqueda de un acuerdo porque es más bien un engaño a los agricultores. Por mucho que sus hectáreas ilegalmente regadas sean legalizadas, tendrán que pedir autorización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y esas licencias estarán sujetas a la disponibilidad de agua de acuerdo a los criterios que marca la Directiva Marco del Agua y la propia Ley de Aguas. La aprobación de esta amnistía para quienes han contribuido a esquilmar el acuífero y comprometen así la viabilidad de Doñana supone renunciar a afrontar los problemas y esconderse tras una falsedad.