A la caza de los pozos ilegales de Doñana

La imagen es asombrosa: 770 metros del cauce del arroyo Algaida Quemada, con un ancho de siete metros, cubiertos por completo de plástico negro. En el entorno de Doñana, un agricultor ha ocupado el arroyo público que nutre el corredor ecológico del arroyo La Cañada en Almonte (Huelva), y lo ha convertido en una alargada laguna temporal que rodea los invernaderos para regar sus fresas.

Es un ejemplo extremo de la ocupación del territorio y de la necesidad de agua que genera la agricultura intensiva a las puertas de la reserva natural. El agricultor decidió impermeabilizar el arroyo al paso por su finca y apropiarse de todo su caudal mediante un motor portátil y tuberías de plástico que lo transportan hasta una enorme balsa de unos 600 metros cuadrados en una colina elevada, desde la que riega por decantación sus frutos rojos.

Hace un año que los agentes medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) denunciaron al empresario fresero por daño al dominio público hidráulico, pero ahí sigue el arroyo plastificado, su curso natural congelado, las tuberías, la balsa y los invernaderos a pleno rendimiento. Es una de las consecuencias de una Ley de Aguas muy garantista, que dilata los plazos de recursos y ofrece mucha protección al regante, también al ilegal.

A cierta distancia de la finca dos agentes muestran los planos del corredor fluvial de La Cañada, donde se observan con claridad los invernaderos ilegales, fuera de la zona coloreada en amarillo. Hace sol, frío y viento este lunes por la mañana, y las temporeras extranjeras sonríen cuando pasan a su lado por los caminos de tierra junto a un invernadero de tantos que copan 13.600 hectáreas en esta provincia andaluza, líder en la producción europea de esta fruta.

La presión de algunos empresarios freseros para obtener agua y su deseo de regularizar fincas ilegales ha llegado esta semana al Parlamento andaluz, que ha aprobado este miércoles iniciar la tramitación de una ley para legalizar estas explotaciones con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Vox, y la sorpresiva abstención del PSOE. La extensión de estos invernaderos ocupa entre 1.605 hectáreas ―que calcula la derecha andaluza― y 1.903 hectáreas, según la organización ecologista WWF, que equivalen a 2.664 campos de fútbol. A pesar de que la Comisión Europea ha amenazado a España con una multa millonaria y de las peticiones de la Unesco, la iniciativa saldrá adelante al tramitarse por vía de urgencia a no ser que lo impida la convocatoria anticipada de elecciones.

Mientras, ajenos a la polémica política, los agentes medioambientales peinan las fincas de la comarca del Condado en busca de pozos ilegales ―estimados en un millar― que han esquilmado el acuífero, declarado sobreexplotado por el Ministerio para la Transición Ecológica hace un año y medio. Desde 2019 los agentes han cerrado 600 captaciones clandestinas, 450 de ellas en procedimientos de regularización y 150 por ejecución forzosa.

La casuística es muy diversa. “El ilegal no suele ser ilegal del todo, y aunque tiene derechos de agua, cultiva más hectáreas de las concedidas. Son zonas atomizadas de entre tres y ocho hectáreas”, precisa Antonio Santos, jefe de área de análisis de la información y control y vigilancia del dominio público hidráulico de la CHG. Es decir, predomina el gris. Son agricultores con invernaderos que quedaron fuera del plan de 2014 para proteger el acuífero, suelen tener también plantaciones regularizadas y con derechos de agua adquiridos.

Los agentes medioambientales son los ojos de la Administración estatal sobre el terreno, donde la mayoría de las veces son recibidos con recelo, por lo que necesitan una orden judicial para acceder a las fincas. Buscan sondeos ocultos, balsas y cuadros de luz para la electrificación de las fincas. Cuando acceden e identifican un pozo ilegal, levantan acta y lo precintan para inutilizarlo, pero el cierre requiere de un proceso administrativo tortuoso y suele culminar con una obra ejecutada con camiones de tierra sellada con una capa de hormigón.

La experiencia dicta que cuando se cierra un pozo se vuelve a abrir otro, pero lo cierto es que las hectáreas de cultivo bajo plástico no autorizadas han caído desde las 1.202 en 2019 a 762 hace un año, según las imágenes de satélite. Estas cifras hacen que los agentes vean con optimismo el problema del riego ilegal, que al final pagan caro la fauna y flora del espacio protegido. El agua bajo tierra no entiende de límites burocráticos, está toda conectada, y los pozos ilegales han provocado que tres masas de agua de Doñana estén bajo mínimos y en situación de alerta: La Rocina, Almonte y Marismas.

En un paseo en todoterreno, entre las fincas brotan los esqueletos de metal que sustentan los invernaderos. Son cultivos clausurados, sin plástico ni fresones, arándanos o frambuesas, pero donde permanecen en pie los arquillos que el agricultor no ha retirado después de tirar la toalla en su empeño por extraer agua ilegal. Las competencias en ordenación del territorio pertenecen a la Junta de Andalucía, que podría obligar al empresario fresero a retirar la instalación, pero a menudo no lo hace, por falta de voluntad o de medios.

La teledetección mediante los satélites multiplicó la eficacia de los agentes de la CHG y cambió su vigilancia diaria. Ahora el análisis de la información permite ver sobre plano mediante capas y filtros de colores y con cierta facilidad qué invernaderos están fuera de ordenación. Todos los datos están al alcance de un clic y son accesibles a los agricultores en el geoportal IDE de la Confederación. Antes dos agentes se ocupaban de todo el territorio de la corona forestal de Doñana, ahora son seis y el ministerio avanza que serán más, aunque sin dar fecha.

A pesar de que la presión sobre los esquilmadores aumenta, la demora de los procesos administrativos y judiciales sigue siendo muy alta, de hasta siete años. La justicia ha respaldado la inmensa mayoría de las actuaciones de los agentes y de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha denunciado a decenas de agricultores que decidieron extraer agua sin permisos. La comunidad de regantes del Condado dispone de 1.414 hectáreas con 544 captaciones legales que extraen del acuífero 6,4 hectómetros cúbicos al año. Todo lo que se salga de esas cifras oficiales es perseguido por los agentes. El agricultor que ocupó el arroyo Algaida Quemada, que tiene hectáreas legalizadas y otras fuera de ordenación, rechaza ofrecer sus argumentos para justificar el expolio: “No voy a contestarle”.

Detrás del trabajo de los agentes late la problemática de los derechos de agua, que los agricultores sortean mediante sondeos clandestinos tapados a veces con maleza y cuyas tuberías entierran para que se pierda el rastro y así despistar a los agentes. Estos han detectado conducciones enterradas de hasta 14 kilómetros en los bosques de Lucena del Puerto, entre los pozos y los invernaderos. Y de fondo están los supermercados que venden las fresas, cada vez más concienciados de que el consumidor quiere saber si al comprarlas contribuye a desecar un poco más Doñana.

Dado el territorio tan vasto que deben cubrir los agentes medioambientales, la confederación ha añadido la inteligencia artificial para afinar su tarea en la elaboración de datos en un convenio firmado con la Universidad de Sevilla. Además, gracias a la telemetría, los dispositivos que se irán instalando en los pozos legales mandarán una señal continua sobre el agua extraída, que se sumarán a otros datos como los derechos inscritos, la superficie regularizada y declarada para ayudas públicas, y los niveles de los piezómetros de cada zona. “Pretendemos generalizarlos y si la experiencia sale bien aquí, la exportaremos al resto de la cuenca para que el control del agua extraída sea cada vez más certero”, concluye Santos.

Más hectáreas de regadío

La organización ecologista WWF ha elevado este martes las hectáreas beneficiadas por la reforma legal prevista por la derecha andaluza de las 1.460 iniciales a 1.903, según un estudio con imágenes de teledetección. Los técnicos de esta ONG conservacionista precisan que el consumo de agua de estas nuevas hectáreas al borde de Doñana aumentará entre siete y nueve hectómetros al año. “Esto tendría un efecto dramático para el acuífero, en un escenario de sequía extraordinaria”, ha censurado Felipe Fuentelsaz, coordinador de proyectos de agua y agricultura de WWF.

La proposición de ley presentada por PP, Cs y Vox menciona una superficie de 1.600 hectáreas que se convertirían en suelo agrícola regable tras la reforma legal, aunque los propios dirigentes de los dos partidos que gobiernan en Andalucía y la ultraderecha han reducido las hectáreas beneficiadas a la mitad de lo que dice su propio texto, 800 hectáreas, para minimizar su impacto. Los parlamentarios que defienden la iniciativa alegan que defienden los “derechos históricos” de los freseros que cultivan sus invernaderos hace años. “Es como si el que trae tabaco desde Gibraltar a España alega un derecho histórico porque lleva desde siempre trayéndolo”, ha censurado Juan José Carmona, abogado de WWF.

Del nuevo cálculo ofrecido por esta organización de 1.903 hectáreas, 1.432 corresponden a terrenos fuera de la superficie regularizable y 471 cultivados en suelos de uso forestal que podrían acogerse a la reforma legal propuesta.

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