Estado actual y retos de la economía mexicana frente al nuevo gobierno

La principal fortaleza de la economía mexicana actual es que tiene sanos fundamentos macroeconómicos, es decir, cuenta con una buena arquitectura institucional y con sólidos indicadores económicos que garantizan la estabilidad financiera del país. Entre otras cosas, México cuenta con un marco institucional apropiado que asegura que las decisiones de política monetaria estén orientadas a garantizar que la inflación se mantenga bajo control. De igual forma, el régimen cambiario vigente, con un tipo de cambio flexible, permite que este fluctúe de acuerdo con las circunstancias imperantes, lo que evita intervenciones del banco central en el mercado cambiario y, por tanto, la posible pérdida de reservas internacionales. Esto también permite amortiguar el impacto de choques externos como el ocurrido durante la pandemia o cuando ha habido episodios de incertidumbre política o económica. Por otra parte, México ha mostrado un férreo compromiso con la apertura comercial: refrendó su acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en 2019 a través del TMEC y participa en tratados de libre comercio con muchos otros países y regiones del mundo. En cuanto a la dimensión fiscal, el gobierno saliente ha mostrado un comportamiento prudente y ha logrado mantener un nivel de endeudamiento público que se considera manejable (alrededor de 50% del Producto Interno Bruto), lo que evita poner en riesgo la solvencia financiera del país.

Como resultado de esta combinación de factores, el país ha sido capaz de mantener una sana relación con el exterior: la balanza comercial y la balanza en cuenta corriente tuvieron un déficit relativamente pequeño en 2023 (de alrededor de 0.3% del PIB) y se espera que este sea incluso ligeramente más bajo en 2024 (0.2% del PIB). Este nivel de déficit es perfectamente financiable con los recursos que provienen del exterior en forma de inversión extranjera directa lo que, por un lado, reduce la vulnerabilidad del país y, por el otro, le ha permitido aumentar sus reservas internacionales en poco más de 50 mil millones de dólares en los últimos seis años. Asimismo, el tipo de cambio, por primera vez en muchos sexenios, no se habrá depreciado entre el inicio y el final de una administración. La inflación, a pesar de haber sufrido importantes choques externos asociados a la pandemia y a la invasión de Rusia a Ucrania, se mantuvo en un solo dígito (a diferencia de lo observado en varios países avanzados y emergentes) y se espera que regrese al objetivo del banco central hacia finales del próximo año. En suma, la autonomía del Banco de México, el régimen de tipo de cambio, la apertura comercial y la prudencia fiscal son los pilares fundamentales de la estabilidad económica del país y, por tanto, son la principal fortaleza económica de México.

Una segunda dimensión favorable de la economía mexicana que recibirá la presidenta Claudia Sheinbaum es la relativa a la pobreza. En esta materia hubo avances importantes durante la administración del presidente López Obrador. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas pobres en México disminuyó en más de cinco millones entre 2018 y 2022. Además, estimaciones preliminares del Banco Mundial calculan que la pobreza por ingresos en el país pudo haber disminuido en cerca de 9.6 millones de personas entre 2018 y 2024. La reducción de la pobreza multidimensional fue generalizada en casi todo el país (30 de 32 entidades) y fue muy pronunciada en algunos estados del sur. Estos avances implican que las políticas sociales, salariales y de desarrollo regional que aplicó el presidente López Obrador fueron muy efectivas. En ese sentido, la continuación de estas políticas, aunadas a los nuevos programas sociales que ha anunciado la presidenta Sheinbaum, podrían contribuir a seguir reduciendo en forma significativa los niveles de pobreza en el país.

En cuanto a los retos económicos a los que deberá enfrentarse la nueva administración, el más inmediato es el del crecimiento económico. La administración del presidente López Obrador no tuvo un buen desempeño en esta materia, en parte como resultado de la crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19. A lo largo de los seis años de su administración, el crecimiento económico fue de apenas 0.8% en promedio por año. Esto equivale a la tasa de crecimiento de la población, por lo que crecimiento del ingreso per cápita en este sexenio habrá sido nulo. Este resultado en materia de crecimiento es el más bajo desde la administración del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) y casi tan malo como el de la gestión de Felipe Calderón (2006-2012). El reto entonces para la administración entrante es tratar de regresar al menos a las tasas de crecimiento de los gobiernos anteriores (2% en promedio anual), aunque evidentemente sería deseable crecer a tasas incluso un poco mayores.

Desafortunadamente, la administración de Claudia Sheinbaum comenzará con un escenario relativamente adverso en esta materia, ya que la economía en 2024 se está desacelerando más rápido de lo que se preveía. Al inicio del año, la expectativa de crecimiento para la economía mexicana era de 3%, pero ahora las estimaciones del sector privado están más bien cerca del 1.5%, es decir, apenas la mitad de lo esperado hace nueve meses. En este contexto de bajo dinamismo económico arrancará el inicio de la nueva administración, la cual además podría verse afectada por tres factores adicionales: la consolidación fiscal, de la que hablaremos más adelante; la transición administrativa, que siempre tiene un efecto de retraso en la operación de los grandes proyectos de inversión del sector público; y el posible efecto negativo de algunas de las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador.

Otros de los retos que habrá de enfrentar la próxima administración en México tiene que ver con la dimensión fiscal. Estos retos se dividen en uno de corto plazo y en otro de largo plazo. En el corto plazo, la administración entrante debe cumplir con un compromiso establecido en realidad en el gobierno de López Obrador: la consolidación fiscal. Lo que este término quiere decir es que en 2025 el gobierno debe buscar una forma de reducir el déficit público relativamente alto que fue aprobado para 2024, el cual se estima que podría ser de hasta 5.9% del PIB. El compromiso establecido consiste en reducirlo a los niveles previos a la pandemia, lo que significaría llevarlo a 3 o 3.5% del PIB. El ajuste se tiene que dar ya sea por la vía de mayores ingresos, menores egresos o una combinación de ambas.

Cabe recordar que la razón por la que aumentó el déficit en primer lugar fue por la necesidad de destinar mayores recursos públicos a la terminación de los grandes proyectos de infraestructura de la administración del presidente López Obrador. Además, en el presupuesto de 2024 también se incluyeron compromisos de gasto adicionales para apoyar a Pemex, la empresa petrolera estatal. Así, el gobierno entrante deberá aumentar la recaudación o reducir los gastos públicos en más de dos puntos porcentuales del PIB, lo que no se ve nada sencillo. Según lo previsto en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2025, se anticipa que la mayor parte del ajuste recaiga en el lado del gasto. Una parte de esto podría provenir de un menor pago de intereses asociado a la reducción en la tasa de interés que ya ha comenzado a ocurrir, y que se espera se acelere durante la primera mitad de 2025. Sin embargo, el resto deberá generarse mediante ajustes al gasto, ya sea corriente o de capital. La ruta más sencilla sería reducir los gastos de capital, es decir, la inversión pública, lo que provocaría retrasos en los proyectos prioritarios de la próxima administración. La ruta más complicada es ajustar el gasto corriente. Esta vía, por lo demás, se enfrenta al problema de que buena parte de este ajuste ya ocurrió durante la administración del presidente López Obrador. Realizar un segundo ajuste no se ve nada sencillo, sobre todo considerando que estamos hablando de un monto de entre 750 mil millones y un billón de pesos.

Más allá de cuál pudiera ser la fuente de los recursos hay otro problema adicional: hacer un ajuste de esta magnitud en el gasto público inevitablemente tendrá un impacto sobre la economía en su conjunto. Es difícil pensar en reducir la demanda agregada en más de dos puntos porcentuales sin creer que esto no afectará el crecimiento de la economía. Aún si el efecto del gasto público sobre la economía fuese relativamente limitado, es posible prever que esto contribuirá a una desaceleración adicional en la economía mexicana. Si tomamos en cuenta que en 2024 el PIB de por sí está creciendo a un ritmo relativamente lento (cercano a 1.5% anual), no podemos descartar un año inicial para la próxima administración con un crecimiento cercano a cero ni tampoco podemos descartar una recesión.

Más allá del tema de corto plazo, hay un reto fiscal de largo plazo: los ingresos presupuestarios como porcentaje del PIB se han mantenido relativamente estancados en los últimos quince años, mientras que los gastos totales (también expresados como porcentaje del PIB) han mostrado una ligera tendencia creciente. Esto implica que, hacia adelante, el déficit fiscal tenderá a crecer, a menos de que haya un ajuste estructural en alguno de los dos componentes. Esto no tiene que ocurrir el próximo año y tampoco es un riesgo inminente, aunque es algo que muy probablemente no se podrá posponer más allá de la administración de Claudia Sheinbaum.

Otro tipo de retos económicos a los que se enfrentará Claudia Sheinbaum son los relativos al sector energético, en general, y a Pemex en particular. Con respecto a Pemex el reto es dual: por un lado, se tiene que atender en forma urgente la situación financiera de la empresa. Ya es un lugar común afirmar que se trata de la empresa petrolera más endeudada del mundo. Sin embargo, más allá de eso, lo cierto es que Pemex tiene compromisos financieros muy importantes en los próximos años. Urge que el Estado mexicano defina cuanto antes que es lo que quiere hacer a este respecto. Una posibilidad, planteada desde hace varios años, es que el Gobierno Federal asuma una parte de la deuda de Pemex. Esto puede aliviar la situación financiera de la empresa y podría mejorar las condiciones en las que se pueda financiar en el futuro. Recordemos que la calificación actual de la empresa petrolera mexicana está hoy muy por debajo del grado de inversión para las calificadoras Fitch y Moody’s. Una acción de esta naturaleza, sin embargo, podría tener a su vez un impacto negativo en la calificación soberana (es decir, del país) por lo que, en todo caso, se debería proceder con cautela y solo asumir una porción de la deuda que no ponga en riesgo la propia calificación del país en su conjunto.

El otro reto que tiene Pemex es de naturaleza operativa. Este reto, sin embargo, requiere antes responder a una pregunta clave: ¿a qué se va a dedicar Pemex? ¿A la parte extractiva, que es la más rentable, o a la parte de transformación, que requiere una enorme cantidad de recursos y que es la menos eficiente? ¿O a ambas? En esta administración, como se sabe, se le dedicaron muchísimos recursos a la construcción de la refinería de Dos Bocas con el objetivo de lograr la autosuficiencia en gasolina. Este objetivo, sin embargo, se enfrenta al problema de que la nueva refinería aun no funciona como tal, mientras que las otras refinerías siguen operando con bajos niveles de capacidad utilizada. Mientras tanto, los recursos destinados a la exploración no han aumentado en forma significativa en los últimos años, lo que implica que la capacidad extractiva de Pemex se encuentra relativamente limitada. Si bien es cierto que finalmente se detuvo la caída en la extracción de petróleo que venía ocurriendo desde hace varios años, lo cierto es que este nivel de producción se encuentra en niveles relativamente bajos, por lo que invertir más en exploración y extracción de petróleo no es algo que le vendría mal a la empresa estatal. Aquí, como suele suceder, el problema entonces se vuelve de escasez de recursos. Por lo mismo, el saneamiento financiero de Pemex es algo que aparece una vez más como algo impostergable.

Por último, un aspecto de la economía mexicana que presenta ciertos claroscuros es el relativo al entorno de inversión y al ambiente de negocios. Sobre esto, hay dos fuerzas claramente en tensión. Por un lado, en el aspecto positivo, el proceso de relocalización de actividades que está ocurriendo a nivel mundial ha producido un ambiente de optimismo sobre el futuro de la economía mexicana. Muchas empresas domésticas y extranjeras ven al país como un lugar propicio para establecerse o expandirse y para tratar de participar en el comercio y la actividad económica global desde México. Saben que la privilegiada posición geográfica del país, los múltiples acuerdos comerciales que se tienen con diversos países y regiones del mundo, así como su relativa estabilidad económica, política y social, son todos ellos factores positivos que resultan atractivos para inversiones nuevas. Por otra parte, existen elementos que están actuando en sentido contrario, que enturbian el ambiente de negocios y que disuaden a los inversionistas. Entre estos factores hay aspectos como el relativo a la inseguridad en ciertas regiones del país y el incremento de la extorsión a micro, pequeñas y medianas empresas. Otros aspectos de carácter institucional también operan en contra del entorno de inversión. Por ejemplo, la reciente reforma judicial, que pone en riesgo la independencia del poder judicial, el cual podría comenzar a responder a intereses políticos locales o federales y que podría dejar en cierto desamparo a los agentes económicos privados frente a diversos tipos de litigios contra instituciones del Estado. De igual forma, la propuesta de desaparición de los órganos autónomos también actúa en esta dirección negativa. Finalmente, instituciones como el instituto de transparencia (INAI), la comisión de competencia (COFECE) o el instituto de telecomunicaciones (IFT) son instrumentos que de alguna manera otorgan algún grado de confianza o certidumbre al sector privado.

En suma, estos son los elementos principales del escenario y de los desafíos económicos a los que se enfrentará Claudia Sheinbaum al inicio de su gestión. Más allá de eso, un reto importante que tendrá enfrente es el de la inevitable comparación que habrá entre su gestión y la de Andrés Manuel López Obrador en algunos indicadores relevantes: la muy significativa reducción de la pobreza, el importante aumento del salario mínimo, el impulso al desarrollo del Sur-sureste del país y la construcción de grandes obras públicas. Todos ellos le impondrán a Claudia Sheinbaum un referente que, de entrada, será difícil de alcanzar, ya no digamos de superar. La razón detrás de esto es que la gestión de López Obrador de alguna manera se benefició de la existencia de frutos fáciles de alcanzar (o low-hanging fruits, como se dice en inglés). El aumento al salario mínimo, por ejemplo, pudo ser muy significativo durante la gestión de López Obrador porque el rezago en este indicador era enorme. Hacia adelante, sin embargo, cada vez será más difícil lograr mejoras en este indicador sin poner en riesgo otros aspectos como el empleo formal o la inflación. Se trata, pues, de un conjunto de desafíos importantes a los que se enfrentará la próxima presidencia de México. Esperamos que la próxima administración tenga un contexto menos adverso que el enfrentado por el gobierno de López Obrador, pero, sobre todo, que tenga la altura de miras y la capacidad administrativa y de gestión suficiente para tomar las decisiones adecuadas que permitan mejorar las perspectivas económicas y sociales del país, así como los indicadores de bienestar de la población mexicana.