Las dos semanas que blindaron la reforma judicial de López Obrador

Las posibilidades de modificar la iniciativa de reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador comenzaron a desvanecerse la noche del domingo 2 de junio, cuando las urnas dieron a Claudia Sheinbaum y a Morena, el partido en el Gobierno, la aplastante mayoría calificada en el Congreso. Con ello, quedó anulado cualquier impedimento atribuible a la oposición para aprobar la enmienda constitucional con todas sus letras. Pese a todo, en el entorno de la presidenta electa todavía existía la esperanza de atenuar en las semanas postreras el asunto más espinoso de la reforma de López Obrador: que todos los jueces federales, y no solo los ministros de la Suprema Corte, fuesen electos por los ciudadanos en comicios a partir de 2025. Esa posibilidad, sin embargo, la dinamitaron los coordinadores parlamentarios de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, que cuatro días después de la elección aseguraron que la enmienda en materia judicial y otra referente a la desaparición de órganos autónomos se aprobarían en el Congreso en septiembre. La declaración provocó una sacudida en los mercados financieros. Colaboradores de Sheinbaum afirman a EL PAÍS que los legisladores no la consultaron antes de salir a hacer una promesa de tal envergadura que, en los hechos, la ataba de manos. La ventana de oportunidad para cambiar la iniciativa se cerraría al día siguiente, cuando López Obrador, en su Mañanera, tomó el lance de Mier y Monreal y dobló la apuesta: su enmienda se aprobará en septiembre y él la promulgará antes de entregar la banda presidencial a Sheinbaum. “La justicia está por encima de los mercados”, dijo él.

Es posible reconocer un antes y un después en la postura de Sheinbaum respecto de la reforma al Poder Judicial. Durante la campaña, colaboradores de su cuarto de guerra habían afirmado que la entonces candidata estaba abierta a la posibilidad de que se atenuara lo referente a la elección por voto popular, según lo publicó este diario. López Obrador había mantenido desde entonces que todos los jueces y magistrados federales fuesen elegidos en las urnas (se trata de más de 1.600 cargos los que tendrían que votarse). Los asesores de Sheinbaum sugerían que solo los ministros de la Suprema Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y los jueces del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial fuesen electos en comicios, mientras que el resto de los cientos de jueces de distrito y magistrados de circuito quedasen sujetos a la carrera judicial, como hasta ahora. López Obrador envió en febrero su iniciativa de reforma al Congreso sin incluir los matices aportados por el equipo de Sheinbaum. Aunque la candidata abrazó en campaña la propuesta del presidente sin modificar una coma, los asesores de Sheinbaum no esperaban que la votación del 2 de junio le diese al oficialismo la mayoría calificada en el Congreso para aprobar reformas constitucionales como la judicial, según las fuentes a las que ha accedido EL PAÍS. En ese escenario, una oposición robusta habría podido contribuir a atajar los alcances de la enmienda. El resultado fue inesperado. Los morenistas más puristas han sostenido que la votación se traduce en un mandato popular para que el nuevo Congreso apruebe la reforma obradorista al pie de la letra.

Tras la apabullante elección que la aupó a la presidencia, Sheinbaum ha intentado contener el nerviosismo de los mercados con señales de mesura. Los inversores tienen dudas sobre la manera en el oficialismo ejercerá en el Congreso su mayoría calificada, un poder que le permite aprobar enmiendas a la Carta Magna sin tener que negociar con los partidos opositores, reducidos a mínimos históricos tras los comicios. Específicamente, la reforma judicial es la que produce todos los resquemores, ya que la Suprema Corte y varios tribunales federales se habían convertido en el último reducto en el que la oposición pudo hacer valer cierto contrapeso al Gobierno de López Obrador. Cada día ha habido subidas y bajadas en el valor del peso frente al dólar. Lo que Sheinbaum ha tejido cuidadosamente por las tardes, López Obrador y otros actores políticos de Morena lo destejen por la mañana. La caída más pronunciada del valor de la moneda, que alcanzó las 18 unidades por dólar, sucedió el 6 de junio, momentos después de la conferencia de Mier y Monreal.

El anuncio de ambos legisladores implicó un cambio cualitativo muy sutil pero poderoso. No era lo mismo la incertidumbre frente a lo que el nuevo Gobierno podría hacer con su aplanadora en el Congreso que la certeza ante una declaración anticipada de lo que hará. Fuentes cercanas a Sheinbaum afirman que el mensaje de Mier y Monreal tomó por sorpresa a la presidenta electa. Un colaborador asegura que Sheinbaum llamó a ambos jefes parlamentarios para expresarles su inconformidad. Entonces vino el intento de control de daños. Monreal, desde el Senado, quiso recular. “No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla”, declaró. “[Sheinbaum] afirmó a lo largo de su campaña que habría una actitud de respeto, tolerancia, diálogo con todos los sectores de la población. No fallará a su palabra”, añadió. Esa noche, la futura presidenta defendió las consultas públicas a las que convocó en las próximas semanas para discutir la iniciativa de López Obrador. “Todavía no está definido. Mi posición es que tiene que abrirse un diálogo, tiene que evaluarse la propuesta y, en su momento, pues ya aprobarse”, declaró. La depreciación del peso tuvo un suspenso, para continuar su caída al día siguiente.

El 7 de junio, como en los días sucesivos, López Obrador dejaría clara su postura de que las consultas públicas no tendrían por qué modificar lo central de su iniciativa. El mandatario saliente, de hecho, respaldó que Mier y Monreal anunciaran claramente lo que vendría en el Congreso en septiembre, el último mes de su Administración. “¿Por qué ocultar las cosas?”, dijo. Comentó que no tendría por qué haber existido una reacción de sorpresa ante el anuncio de los coordinadores parlamentarios, pues la propuesta de enmienda judicial fue presentada desde febrero, junto a una veintena de iniciativas. Además, recordó, Sheinbaum tomó la reforma judicial como bandera para hacer campaña a la presidencia. “¿Por qué [le afectaría]? Ella, según tengo entendido, lo planteó en su campaña. ¿O no lo planteó?”, sostuvo. El presidente apremió a que comiencen las consultas públicas para que la nueva Legislatura, que inicia funciones el 1 de septiembre, apruebe la enmienda sin tocar la elección por voto popular de los jueces. “El pueblo quiere cambios, eso fue lo que se manifestó el domingo [en la elección]”, resumió.

Esa Mañanera del 7 de junio marcó la pauta a Sheinbaum y su grupo de transición. Cualquier posibilidad de modificar sustancialmente la propuesta de reforma judicial antes de septiembre quedó cerrada. Los foros públicos anunciados pasaron a convertirse en una mera plataforma para difundir aún más el contenido de la iniciativa, sin oportunidades reales de incorporar cambios fundamentales sobre la elección de jueces y la reconfiguración del Consejo de la Judicatura Federal. La propia Sheinbaum lo ha confirmado esta semana. “Ustedes conocen nuestra posición respecto a la elección de jueces, magistrados, ministros; la hablamos en la campaña, la pusimos a votación en las plazas”, dijo el jueves. “Mi opinión es que deben elegirse los jueces”, asentó. La maquinaria morenista se ha puesto en marcha con esa nueva finalidad. El partido en el Gobierno aplica este fin de semana una encuesta exprés para recoger la opinión de los ciudadanos sobre el Poder Judicial; el Congreso, dominado por Morena, organizará 10 foros regionales en las próximas semanas. A la par, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzará a elaborar el dictamen de la reforma de López Obrador y lo tendrá listo antes de septiembre, con la posibilidad de que sea votado en el pleno de la nueva Legislatura la primera semana del mes.

Las fuentes consultadas añaden otro factor que contribuyó a sepultar las posibilidades de modificar la iniciativa: el enfrentamiento entre el exministro Arturo Zaldívar, principal asesor de Sheinbaum en lo referente a la reforma judicial, y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. La filtración de una denuncia anónima presentada ante el Supremo y que acusaba a Zaldívar de haber presionado a jueces y magistrados para emitir sentencias favorables al Gobierno de López Obrador provocó que el exministro rompiese los puentes de comunicación entre el equipo de Sheinbaum y el Supremo. La relación entre ambas instancias se deterioró más cuando, después, salió a la luz que Piña había estado en una reunión con magistrados del Tribunal Electoral y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en plena campaña presidencial. Algunos ministros del Supremo, a título personal, se han acercado al entorno de Sheinbaum para dos fines, de acuerdo con las fuentes: expresar sus preocupaciones sobre la reforma y marcar distancia de Piña. Los jueces y magistrados que también se verán afectados han enviado de igual modo sus manifestaciones contra la enmienda. Es un curioso juego en el que los participantes de los dos bandos mueven las piezas sabiendo el marcador final.

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